LILIAN ROSALES –
El régimen de Maduro ha inaugurado una nueva etapa de represión y torturas con detenciones a menores.
Durante los días inmediatamente anteriores y posteriores a las concentraciones el 23 de enero en toda Venezuela, en la que buena parte de los venezolanos pedían la salida de Nicolás Maduro del poder y se proclamaba a Juan Guaidó como presidente interino, ocurrieron 896 detenciones a lo largo y ancho del país. Una avalancha de arrestos arbitrarios, que aprovecharon la nocturnidad y cualquier situación posible para llevarse a personas sin la debida orden y acusarlas de cargos entre los cuales figuran agavillamiento, terrorismo y daño a la propiedad.
De esas 896 personas detenidas, a 703 se les ordenó privativa de libertad, lo que aumentó considerablemente la cifra de presos políticos habidos en el país que a la fecha alcanzó la alarmante cuota de 973 ciudadanos confinados en las cárceles y zulos del país. Alfredo Romero, director de la organización sin fines de lucro que asiste a las víctimas de abusos de los DDHH Foro Penal, en una entrevista a la emisora Unión Radio, dijo: “Nunca había pasado que a tantos detenidos se les hubiera ordenado la privación de libertad”,
En estas detenciones, según manifestó el propio Romero, los agentes mostraron un cambio de patrón en este tipo de procedimientos. Esta vez las acciones estaban claramente dirigidas a los ciudadanos de las barriadas más pobres y populosas del país. Su finalidad ha sido claramente intimidatoria, persigue amedrentar a esas poblaciones. También señala que en este nuevo modus operandi, son los jóvenes su objetivo, y que estas acciones vienen acompañadas de una campaña de desinformación propia del G2 cubano que muestra tales secuestros de jóvenes y niños como un recurso del gobierno para su posterior alistamiento en tropas que servirían a la defensa del régimen ante un presunto conflicto armado con EEUU. Amedrentar a la gente y distraer la atención de los verdaderos objetivos, es lo que pretenden, según Alfredo Romero.
La finalidad ulterior de los arrestos es indiscutiblemente la oportunidad de aplicar la tortura como mecanismo de coacción sobre aquellas poblaciones que han venido sumándose al descontento de forma creciente. Si bien Romero ratifica la veracidad de estas detenciones de jóvenes de entre 14 y 25 años, intempestivas e inesperadas, en cualquier parte y en cualquier situación, también apunta que nada tienen que ver con un alistamiento dentro de los grupos militares o paramilitares. Aparte de los casos descritos en las distintas barriadas de la capital y del interior del país, Romero describió algunos procedimientos llevados a cabo en zonas más céntricas para “secuestrar” a la población joven, como el cierre del Metro en el Boulevard de Sabana Grande en Caracas una vez finalizadas las concentraciones del 23 de enero. En ese procedimiento los cuerpos de seguridad del estado ordenaron a todos los pasajeros y de manera indistinta, a bajar de los vagones, y seguidamente detuvieron sin orden alguna a los jóvenes, quienes más tarde fueron acusados bajo similares cargos a los descritos anteriormente.
No cabe dudas que ante la evidente pérdida de apoyo popular y de reconocimiento internacional, el régimen de Maduro con sus cuerpos de seguridad, procede como mejor sabe: inoculando el terror en la población y vulnerando sus derechos. Los episodios de violaciones y vejaciones a los detenidos recientemente han alcazado cuotas inauditas.
Merece en este sentido mención el caso de la familia del sargento Soriano de la Guardia Nacional Bolivariana, participante del acto de sublevación en el barrio de Cotiza el pasado 21 de enero. Violando cualquier derecho, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIN) detuvo a todos los miembros de la familia que se encontraban reunidos en su casa en el barrio Caricuao. Sus agentes se llevaron a la madre del sargento, a su suegra y una sobrina ahijada de 19 años. Todas fueron sometidas a terribles torturas para obtener una confesión acerca del paradero del sargento Soriano, información que además no conocían. Sus testimonios, entretanto, han sido debidamente recogidos por el Foro Penal y trasladados a la comisión de los DDHH de la ONU.
La joven víctima, sobrina del sargento, estuvo en cautiverio durante una semana. Un secuestro que duró de lunes a lunes, sometida a toda clase de vejaciones que han derivado en una estado traumático que le impide salir de casa, ante el fundado temor de ser nuevamente blanco de este tipo de detenciones arbitrarias y violación de derechos, y sobre todo por la presencia de informantes del gobierno deambulando por los alrededores del barrio. Su testimonio ha quedado recogido (resguardando su identidad) en diversas grabaciones cubiertas por la TV y la prensa internacional en el día de ayer, declaraciones que seguramente veremos en las próximas horas a través de los medios. Mientras tanto, la familia vive sumida en el más profundo pánico y la zona permanece monitoreada no solo por los informantes sino por los cuerpos de seguridad que esperan dar caza al sargento, de quien todavía no conocen paradero.
La violencia más descarada perpetrada contra detenidos así como el cambio de patrón de las detenciones orientadas hacia jóvenes residentes de las zonas más deprimidas de la población, unido a la amenaza permanente y también secuestro de periodistas, signan las recientes acciones represivas desplegadas por el régimen en su esfuerzo por mantenerse en el poder a toda costa en lo que esperamos sean sus últimas horas.
Lilian Rosales es periodista venezolana. Escribe desde Tarragona, Cataluña, España.
