Según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), de las 10.250 solicitudes de asilo recibidas en 2016 por el Gobierno solo 355 fueron aprobadas. El informe de CEAR habla de apenas 3,4%, por debajo de Alemania (41%) o Francia (21%), que se toman en serio la persecución denunciada en países en conflicto. El caso venezolano resulta más dramático: las peticiones de asilo llegaron a 3.960 en 2016. La mayoría espera respuestas.
¿Cierra España sus fronteras a los perseguidos por causas políticas y/o de conflictos bélicos, provenientes de otros países? La respuesta oficial es un no rotundo. De hecho, la posición oficial del gobierno actual se identifica solidariamente con la tragedia que padecen no pocas familias que huyen de países en guerra como Siria o de persecución o amenazas por motivos políticos, como es el caso de Venezuela. Pero, si se vuelven a mirar las declaraciones de la secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, publicadas por el diario El País, el lector se sorprendería al enterarse de que España solo concedió el estatus de refugiado a 355 personas en 2016.
Venezuela se situó por primera vez como el país de origen con la mayor cantidad de demandantes de asilo, por encima de Siria (2.975), Ucrania (2.570), Argelia (740), Colombia (615), El Salvador (425), Honduras (385), Palestina (355), Marruecos (340) y Nigeria (285).
En 2016 resalta el acusado ascenso de solicitantes procedentes de Venezuela, que por primera vez fue el país de origen del mayor número, ya que fueron 3.960 solicitantes, mientras que en 2015 apenas 596; en 2014, 124; en 2013, 35; en 2012, 28; en 2011, 52; y, en 2010, apenas 19.
Según lo publicado en El País, pese a que Europa se enfrenta al «mayor éxodo de la historia reciente de la humanidad», como ha destacado Estrella Galán, la cifra apenas representa el 3,4% de las 10.250 solicitudes de asilo resueltas el pasado año por el Gobierno y evidencia, según ha subrayado la ONG, las políticas impulsadas por la UE para «cerrar las fronteras».
«El porcentaje del 3,4% dista mucho de los de Alemania (41%) o Francia (21%)», añade CEAR en su informe «Las personas refugiadas en España y Europa», presentado este viernes en Madrid y donde expone otras «sombras» del sistema diseñado en el país para ayudar a los asilados. Entre otras, España solo recibió al 1,2% de todos los solicitantes de protección internacional registrados en la UE en 2016; solo ha acogido actualmente al 7,5% de los refugiados que se comprometió a reubicar y reasentar hace dos años; y el Ministerio del Interior suma más de 24.000 expedientes pendientes de resolver. «Vamos encaminados al colapso», ha señalado Paloma Favieres, directora de Campañas de la ONG.
DERECHOS POSTERGADOS
En España, abundaron las solicitudes de venezolanos de clase media (docentes, periodistas, funcionarios, empresarios) que generalmente alegan una posición política contraria al Gobierno y las solicitudes que argumentan una persecución por motivo de la orientación sexual.
Según el informe, España recibió en 2016 un total de 15.755 solicitudes de asilo, la cifra más alta de su historia; pero apenas resolvió 10.250 expedientes. Y, de ellos, el Gobierno aceptó el 67% de las peticiones de protección —seis veces más que en 2015—, aunque solo reconoció como refugiados a 355 personas.
Al resto lo integró en el plan de protección subsidiaria, que implica un menor nivel de derechos y de garantías jurídicas. Por ejemplo, estos últimos deben llevar 10 años en España para obtener la nacionalidad. Mientras que los refugiados deben esperar cinco años.
A este reproche de CEAR al Gobierno se suma otro: el 93% de las personas que fueron reconocidas como beneficiarias de la protección subsidiaria procedían de Siria. «Es positivo el amparo que el Ejecutivo otorga a los ciudadanos de esta nacionalidad, pero resulta preocupante que niega ese mismo trato a quienes escapan de otros conflictos gravísimos, como los de Ucrania y Mali», insiste la ONG.
«Por ello, debemos hablar de responsables, porque las medidas adoptadas por los Estados miembros de la UE nos conducen a un aumento de la tragedia», ha apostillado Galán. Entre enero y principios de mayo, más de 1.300 personas han muerto en el Mediterráneo, según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones.
EL CASO VENEZOLANO
El informe presentado este viernes incide también en que los venezolanos se convirtieron en 2016, por primera vez, en los principales solicitantes de asilo. España recibió 3.960 peticiones de nacionales de este país latinoamericano, por encima de los 2.975 llegados desde Siria y los 2.570 desde Ucrania. «Pero el Gobierno mantiene un doble discurso a este respecto.
Denuncia la vulneración de Derechos Humanos en Venezuela, pero después no les concede el asilo», ha destacado Favieres, que ha añadido: «Además, Interior incumple sistemáticamente el plazo de seis meses para resolver las peticiones de asilo.
