Hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades en Colombia

Hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades en Colombia
WILLIAM COLINA PÁEZ Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ – EL HERALDO –

Barranquilla – 4 de Junio de 2017 – Un censo de Personería Distrital arroja que más de 200 ciudadanos del vecino país viven en difíciles condiciones en Las Flores • Defensoría anuncia que a fin de mes tendrá lista matriz para mejorar atención.

Barranquilla 7:30 a.m. Los 29 grados centígrados que alcanza la temperatura en la ciudad se transforman en gotas de sudor que resbalan por la espalda de la venezolana Iliana Rodríguez Espinosa. En la calle el calor agujera la piel a través de los rayos del sol, pero en la pequeña habitación que Iliana comparte con siete familiares el vaho de los cuerpos sucumbe ante un fogaje feroz.

La inmigrante del vecino país acaba de levantarse. Lo primero que hace es recoger los cartones donde duerme junto a Dougliana, de 14 años y Jojarlis, de 12.  Se levanta con cautela para no revolver la arena del piso sin embaldosar. En un rincón de la pequeña estancia descansa en una cuna la bebé Jorjani, de dos años. En la única cama que tiene esta familia de venezolanos duermen hacinadas Luz Mila Caraballo, Yelainny Labarca y Mía Caraballo, otra bebé de cuatro meses.

Las siete personas comparten un pequeño abanico, que a duras penas alcanza para mitigar el intenso calor. Conviven a diario en este cuarto de dos metros de ancho por dos de largo, no apto para claustrofóbicos. Aún está en obra negra, sin ventanas y con ladrillos como paredes.

Esta familia abandonó su casa, sus amigos, sus calles, su barrio y, sin importar el costo del desarraigo, empacaron lo que pudieron, principalmente sus sueños. Desde hace tres meses partieron sin mirar atrás, pero conscientes de las crisis política, social y económica de la República Bolivariana. En busca de esa especie de ‘new american dream’, el único que se pueden costear los venezolanos de bajos recursos.

LAS CIFRAS

Hacinamiento, pobreza y falta de oportunidades en Colombia
Pedro Fernández enciende un fogón de leña para cocinar sus alimentos en un pequeño caldero que les regalaron. Foto/César Bolívar

El director nacional de Migración Colombia, Cristian Krüeger, afirmó durante la pasada XIII Cumbre de Ciudades Capitales, realizada del 24 al 26 de mayo en Valledupar, que en Colombia han ingresado por trochas unos 80.000 venezolanos, quienes permanecen de manera irregular en el territorio. Hacen parte de los cerca de 200.000 que el organismo de control estima están viviendo en el país.

Cerca de 8,3 millones de venezolanos ingresaron a Colombia entre el 1 de enero y el 26 de abril de este año, y más de 7,8 millones salieron en este mismo periodo de tiempo. Solo por el aeropuerto Ernesto Cortissoz, del primero de enero hasta el 2 de junio de este año, han entrado al país 1.010 ciudadanos venezolanos y salido 1.028.

En los municipios del sur del Atlántico, hasta mediados de marzo, habrían ingresado 38.214 personas desde Venezuela, según el censo realizado por la Administración Departamental.

De acuerdo con Migración Colombia, las tres principales razones por las que llegan al país son el abastecimiento de medicamentos, de alimentos y el de poder ejercer trabajos informales como los que busca la familia de Iliana.

Contigua a la pequeña habitación hay otra con las mismas características. Solo hay una cama para un cuerpo y una hamaca en la que descansan dos personas. En el piso duermen Douglas Correa, Jojarwin Fernández, Lisandro Arapé, Óscar y Wilmer Polo, y Yojarber Caraballo, de diez años, todos familiares. Cada mañana despiertan también con un único anhelo: mejorar sus condiciones de vida.

Estos venezolanos llegaron a Barranquilla hace varios meses forzados –argumentan- por “la caótica” situación que vive su país.  Los mayores llegaron con un objetivo claro y específico: conseguir un empleo para mejorar sus ingresos y de golpe su calidad de vida, un sueño que no ha sido para nada fácil de cumplir, debido a las escasas oportunidades que, según dicen, se les han presentado.

En Maracaibo, de donde son oriundos la mayoría, dejaron a sus demás familiares con la esperanza de enviarles dinero, sin embargo hasta ahora les ha sido muy difícil conseguir recursos suficientes para su propio sustento.

NECESIDADES

El día empieza a avanzar y con él la temperatura (33° en la sombra). Son las 9:00 a.m. y solo unos cuantos salen a trabajar, o mejor, rebuscarse en labores de albañilería y como ayudantes de restaurante. A veces se van con un simple café, en otras ocasiones salen sin nada en el estómago.

Los que se quedan permanecen la mayor parte del día afuera de los pequeños cuartos, debido al calor. En ese espacio arman el fogón de leña, donde ponen el caldero en el que cocinan lo poco que logran conseguir entre sus vecinos.

RUTAS DE ATENCIÓN

La Defensoría del Pueblo advirtió desde principios de mayo que se le garantice “unos mínimos de protección” a las personas que llegan de Venezuela, al advertir sobre limitaciones que enfrentan para el acceso a los servicios básicos e identificación y en cumplimiento de los compromisos internos e internacionales en materia de derechos humanos.

Pero todavía no existen rutas claramente establecidas para atender las necesidades de cada uno de los diferentes tipos de poblaciones que llegan del vecino país, como por ejemplo los colombianos retornados. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) viene caracterizando a las personas que llegan desde Venezuela, y ha informado que en promedio el 40% son colombianos, el 29% colombo-venezolanos, mientras que el 30% son venezolanos.

Desde hace unos tres meses la Defensoría del Pueblo está trabajando en mesas interinstitucionales con Migración Colombia, la Registraduría, la Procuraduría y la Policía Nacional precisamente para tomar las decisiones más adecuadas que garanticen sus derechos.

Diariamente entre 10 y 20 personas provenientes de Venezuela son atendidas en la seccional Atlántico de la Defensoría.

 “ECHÁNDOLE GANAS”

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En una casa aledaña cuatro de 14 venezolanos que viven arrendados cuentan su experiencia como inmigrantes. Foto/César Bolívar

Yelainny Labarca cuenta que es una de las pocas que encontró una oportunidad de llevar dinero a sus familiares. Esta maracucha, de 31 años y madre de un niño de 8, se rebusca tirando pala a pleno sol del día en un plan de mejoramiento de vivienda que realiza la Alcaldía de Barranquilla en el mismo barrio donde reside.

“La difícil situación me hizo abandonar mi país, no es fácil llegar a otro donde nadie te conoce y no sabes cómo te van a recibir. Estoy acostumbrada a esta labor porque en Maracaibo trabajaba en una brigada de construcción, también trabajé como cocinera en un colegio, le echo ganas a lo que me toque hacer”, comenta la mujer, quien luce unas botas negras para trabajos de albañilería y una sonrisa permanente espontánea.

A pocos metros de ella Óscar Polo manifiesta que es otro de los venezolanos que labora como ayudante de albañilería, pese a haber perdido una pierna hace ocho años tras caerse del andamio de una construcción.

“No ha sido fácil porque debido a mi discapacidad me han rechazado para trabajar, pero en lo que me pongan a trabajar lo hago porque las ganas me sobran”, asegura el venezolano.

A raíz de todas las necesidades que se están presentando en las poblaciones inmigrantes, la Defensoría del Pueblo está realizando una matriz con los personeros del Departamento para que a través de la mesa interinstitucional cada uno detalle la realidad de su territorio y permita en un Consejo de Política Social con el gobernador y los diferentes alcaldes tomar medidas pertinentes.

Una fuente del organismo informó a este medio que a final de mes estaría listo el documento para remitirlo a las autoridades.

CENSO

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Wilson Llanos, funcionario de la Personería, cuando les explicaba sobre el censo que van a realizar. Foto/César Bolívar

En una casa ubicada a pocos metros de donde vive Iliana con su familia residen también en estado de hacinamiento otros 14 compatriotas: cinco hombres y nueve mujeres. Cuatro son menores de edad y solo tres trabajan, se rebuscan actualmente con la albañilería, “marañas que les salen”, dicen. Pagan $700 mil por el arriendo, fuera de los servicios públicos.

Al lugar se hizo presente Wilson Llanos, funcionario de la Personería Distrital de Barranquilla, que comprobó el estado de hacinamiento y de necesidad en el que viven los ciudadanos venezolanos.

La entidad realiza un censo para gestionar, con apoyo de la facultad de jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe, ayudas para los inmigrantes, entre ellas la legalización.

De acuerdo con el personero Jaime Sanjuán, hoy en el barrio Las Flores hay cerca de 215 venezolanos en igualdad de condiciones.

“Mi hijo de 11 años se cortó con una lata, lo llevé al centro de salud y me dijeron que no podían atenderlo porque no tenía Sisbén. Menos mal una señora que tiene una fundación me ayudó a curarlo”, relata la maracucha Yulieth Gómez en la sala de la vivienda.

Treinta minutos antes Alma Solano, secretaria de Salud del Distrito, argumentaba en medio de operativo de control de basuras, en el barrio Carrizal, que “los extranjeros en Colombia tienen derecho a la atención en salud y urgencias y el Distrito la está garantizando”.

Yulieth dice que lleva varios días con fiebre igual que su hermana María, pero que con agua y las pocas medicinas que pueden conseguir se mantienen estables. Sentada en las baldosas de la sala donde también duerme, recalca que quieren trabajar, pero que “muchas personas no quieren venezolanos por los malos actos de otros”.

“Hasta en los clasificados sale que no quieren venezolanos”, puntualiza la trigueña, mientras sostiene su hija de cinco años en brazos.

En la vivienda solo hay un televisor, cuatro focos y tres abanicos. A las 12 del mediodía el calor se transforma en más sudor. La impotencia  de una madre venezolana por tener un mejor presente, en lágrimas que resbalan por su mejilla.

SANCIONES

De acuerdo con Migración Colombia, el número de sanciones a venezolanos pasó de 1.113 en 2012 a 2.787 entre el primero de enero y el 11 de mayo de este año. Estas incluyen deportaciones, 11 en 2012 frente a 861 entre enero y mayo de este año. Las expulsiones pasaron de 4 a 111 y las sanciones económicas de 1.098 personas en 2012 a 1.815 en los primeros cinco meses. Cerca de 600 empresas son investigadas, ya sea porque no les pagan los salarios legales o por incumplir con parafiscales.

Publicado en EL HERALDO de Barranquilla

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