Catorce países que forman parte de la OEA le han dicho al secretario general Luis Almagro, sobre su petición de aplicar la Carta Democrática Interamericana en el Caso Venezuela, que la suspensión de un país miembro «es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable».
En un comunicado publicado la noche del jueves 23 de marzo en Ciudad de México, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, reiteran que el diálogo y la negociación son la vía idónea para llegar a soluciones duraderas a los problemas que afronta el pueblo venezolano.
Estos 14 países pertenecen al llamado «grupo de los 15», del que también forma parte Belice pero que en esta ocasión se mantiene al margen al ostentar la presidencia de turno del Consejo Permanente de la OEA.
El grupo se ha visto en la obligación de actuar después de que el secretario general, Luis Almagro, pidiera en un informe el 14 de marzo la suspensión de Venezuela del ente hemisférico si no convoca elecciones generales en 30 días.
Sin embargo, los gobiernos firmantes del comunicado prometen evaluar «con detenimiento» el informe de Almagro y lo analizarán «con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización».
Texto del Comunicado
Ciudad de México; 23 de marzo de 2017
Declaración sobre Venezuela
Los Gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, profundamente preocupados por la situación por la que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela, reiteramos nuestro compromiso con la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana.
Recibimos el informe del Secretario General de la OEA sobre Venezuela, el cual evaluaremos con detenimiento con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la Organización. Sin perjuicio de ello, consideramos que la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable.
Reiteramos que el diálogo y la negociación son la vía idónea para llegar a soluciones duraderas a los problemas que afronta el hermano pueblo venezolano.
En este sentido, hacemos un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de acompañamiento impulsado por los ex presidentes y la Santa Sede y avancen en la pronta identificación de soluciones concretas, con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas.
Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas.
Finalmente, los gobiernos que suscribimos esta declaración reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar los próximos pasos necesarios.
