El informe sobre Venezuela del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), publicado el viernes 22 de junio en Ginebra, es la continuación de otro suyo con fecha de marzo de 2017. El más reciente ratifica las antiguas conclusiones del Alto Comisionado: “La impunidad continúa en medio de una situación sombría de derechos humanos”.
La información sobre el país no brota libremente, hay que extraerla con pinzas. A la ACNUDH le fueron negadas peticiones para investigar en el sitio, de manera que este informe ha sido alimentado con pesquisas realizadas desde el exterior del país. El informe fue compilado a partir de 150 entrevistas y reuniones mantenidas con venezolanos, incluyendo al menos 78 víctimas y testigos, así como a partir del examen de la información procedente de un amplio abanico de fuentes. Los resultados del informe indican que se sigue aplicando una política de represión contra quienes disienten del Gobierno.
Aunque el informe está densamente poblado de evidencias de violaciones directas a los derechos humanos (detenciones arbitrarias, malos tratos, torturas, homicidios, uso excesivo de la fuerza…), también ofrece una visión de la increible situación del acceso a la salud en Venezuela. El cuadro es dantesco.
Esto es lo que dice:
Todos los médicos, académicos, otros profesionales de la salud, y defensores de los derechos humanos que fueron entrevistados por el ACNUDH, coincidieron en señalar que el país sufre de una dramática crisis sanitaria y de un completo colapso del sistema de atención sanitaria, que ha resultado en violaciones masivas al derecho a la salud. Diversos indicadores, como el aumento de la mortalidad materna en un 60 por ciento y de la mortalidad infantil en un 30 por ciento entre 2014 y 2016, la falta de acceso a tratamientos adecuados y regulares para los más de 300.000 pacientes aquejados de enfermedades crónicas, o el brote de paludismo y difteria (enfermedades que habían sido erradicadas), revelaron un deterioro dramático del sistema venezolano de atención de salud.
Éste ha sido un largo proceso causado por múltiples factores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el porcentaje del gasto en salud con respecto al PIB de Venezuela disminuyó del 5 por ciento en 2007 al 3 por ciento en 2015. Teniendo en cuenta la hiperinflación, las asignaciones presupuestarias al Ministerio de Salud también experimentaron una disminución en los dos últimos años.
Simultáneamente, el establecimiento de un sistema paralelo de atención sanitaria, conocido como “Misión Barrio Adentro”, cuyo objetivo inicial era la extensión de los servicios preventivos de salud a los barrios más pobres, generó con el tiempo un importante déficit de financiamiento de la red pública de hospitales y clínicas administrada por el Ministerio de Salud, de la cual dependía más del 64 por ciento de la población. Además, el modelo de financiamiento de la Misión Barrio Adentro resultó ser insostenible, ya que dependía enteramente de los ingresos de la compañía petrolera nacional PDVSA. La falta de institucionalización y control lo transformó además en un programa ineficiente y con una cobertura limitada. Según la encuesta ENCOVI, la población cubierta por Barrio Adentro disminuyó drásticamente, pasando de 2,6 millones de personas en 2015 a 200.000 en 2017. El Comité de derechos económicos, sociales y culturales ha establecido que las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud no son permitidas. La carga de la prueba recae en el Estado, que tiene que justificar que ha dedicado el máximo de sus recursos disponibles para garantizar las obligaciones derivadas del derecho a la salud.
Otros factores que contribuyeron al deterioro del sistema de atención de la salud fueron la gran dependencia del Gobierno con respecto a las importaciones de medicamentos y equipos sanitarios, y la disminución sostenida de la ya limitada capacidad productiva a nivel nacional. En 2014, a raíz de la inflación y del gran endeudamiento acumulado con las empresas proveedoras de suministros sanitarios, la capacidad del Gobierno para importar medicamentos y equipos de salud se redujo en un 60 por ciento. Como las importaciones del sector estatal representaban el 95 ciento de los suministros de salud necesarios para el funcionamiento del sistema de salud público, la reducción de la capacidad de importación provocó una escasez sistemática de medicamentos y material médico. Además, en los últimos años, cerca del 50 por ciento de los médicos y el 37 por ciento de los enfermeros han emigrado a otros países de la región, debido principalmente a los bajos salarios y a la falta de condiciones para prestar servicios de salud adecuados en Venezuela.
El nivel de degradación de las instalaciones hospitalarias públicas y la grave escasez de medicamentos y suministros médicos son las manifestaciones más claras del colapso del sistema de atención de la salud. La Encuesta Nacional de Hospitales de 2018 ha mostrado que la capacidad de la red hospitalaria nacional se ha venido desmantelando gradualmente en los últimos cinco años. Según esta encuesta, en lo que va del presente año el suministro de medicamentos y de materiales quirúrgicos ha registrado déficits de 88 por ciento y 79 por ciento, respectivamente. Los médicos entrevistados dijeron al ACNUDH que los pacientes se veían obligados a comprar los medicamentos y suministros necesarios para su tratamiento fuera del hospital, incluyendo jeringas y guantes médicos. “Si los pacientes no logran encontrar o comprar los suministros que necesitan, simplemente no pueden ser tratados”, dijo una médica a el ACNUDH. Casi todos los hospitales se habían quedado sin analgésicos comunes, por lo que, en razón de las dificultades para obtener servicios de medicina paliativa, los pacientes en fase terminal acababan su vida sin poder mitigar su dolor. La encuesta también puso de relieve que solo el 7 por ciento de las unidades de emergencia y el 8,4 por ciento de los quirófanos estaban plenamente funcionales, y que se habían señalado fallos intermitentes en el 70 por ciento de las unidades de emergencia y el 76 por ciento de los quirófanos. En el estado de Zulia, los médicos indicaron que, debido a los cortes de energía eléctrica, la escasez de agua y la contaminación de los quirófanos, solo podían realizar contadas operaciones por semana, de manera que el plazo de espera para las intervenciones quirúrgicas era de alrededor de seis meses. Los médicos del estado de Lara informaron de que los hospitales se habían quedado sin reactivos para realizar exámenes de laboratorio, y que en todo el estado no había equipos de tomografía en funcionamiento. De acuerdo con el Comentario General número 14 del Comité de derechos económicos, sociales y culturales uno de los elementos esenciales del derecho a la salud es la disponibilidad de centros de salud, bienes y servicios en cantidad y calidad suficientes. Los estados deben garantizar el acceso a servicios de salud preventivos, curativos y de rehabilitación.
La falta de agua y artículos de higiene también estaban causando problemas de infección generalizados. Yoinier Peña, quien recibió un disparo el 11 de abril de 2017 cuando participaba en una protesta en el estado de Lara, contrajo una infección durante la operación de la columna vertebral a la que se le sometió para extraerle el proyectil. El hospital no tenía antibióticos y su madre solo pudo comprarlos gracias a las donaciones recibidas durante unas semanas. Yoinier murió como consecuencia de la infección contraída en el hospital, 54 días después de que fuera herido. Luis Guillermo, que recibió un disparo en la cabeza el 15 de junio de 2017 en el estado de Carabobo, murió después de permanecer dos meses en el hospital. Según su madre, falleció víctima de la desnutrición y de infecciones que no fueron tratadas.
La escasez de medicamentos también se extendió a las farmacias. Un mecanismo de seguimiento de las existencias de las farmacias, que opera en cinco de las principales ciudades del país, calculó que entre septiembre de 2017 y abril de 2018 hubo un déficit de 84,23 por ciento en el aprovisionamiento de medicamentos esenciales para tratar cuatro de las causas más recurrentes de morbilidad en el país, a saber, la diarrea, las infecciones de las vías respiratorias, la diabetes y la hipertensión arterial. Desde que el Gobierno decidió suspender el acceso de las compañías farmacéuticas a los tipos de cambio preferenciales, en octubre de 2016, todas las importaciones de medicamentos han tenido que realizarse con divisas adquiridas en el mercado «paralelo» de cambio del dólar de los Estados Unidos. Pero debido a la hiperinflación, el precio de gran parte de los medicamentos se volvió inaccesible para la mayoría de la población, y las farmacias no lograron reunir los recursos financieros necesarios para reabastecerse. Por ejemplo, el precio de una caja de pastillas para la hipertensión llegó a superar el salario mínimo mensual. Otro elemento esencial del derecho a la salud es la accesibilidad económica, que implica que todas las personas, incluyendo a los grupos más desaventajados, deben poder pagar los costos relativos al acceso a los centros, los bienes y servicios de salud.
La situación de escasez, agravada por una corrupción desenfrenada, ha incentivado el desarrollo de un mercado negro de medicamentos que no están debidamente certificados o cuya fecha de caducidad ha expirado. En febrero de 2016, el Gobierno estableció una línea telefónica directa para las personas que necesitan obtener medicamentos a precios asequibles. Sin embargo, el ACNUDH recibió información según la cual sólo quienes tienen el “carnet de la patria” pueden acceder a este servicio. Además de ello, el tipo y la cantidad de medicamentos disponibles a través de este programa son limitados.
Al menos 300.000 personas que viven con enfermedades crónicas se han visto gravemente afectadas por el hecho de que los medicamentos que necesitan no están disponibles o tienen precios prohibitivos. Desde 2015, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ha limitado la adquisición de tratamientos de alto costo, principalmente debido a la deuda que ha acumulado con sus proveedores externos. En 2017, el Instituto alcanzó un 95 por ciento de déficit de medicamentos y de incapacidad material para brindar tratamiento a pacientes afectados por enfermedades crónicas. Por ejemplo, casi el 77 por ciento de las 77.000 personas que vivían con el VIH/SIDA no tuvieron acceso a un tratamiento adecuado a lo largo de 2017. Tampoco se dispuso de reactivos para evaluar el nivel de anticuerpos en su sangre. A fines de 2017, el Instituto solo tenía existencias de cuatro medicamentos antirretrovirales entre un total de 26. El ACNUDH también recibió informes según los cuales las mujeres embarazadas que viven con el VIH/SIDA habían dado a luz sin ser objeto de las medidas y el tratamiento adecuados para evitar la trasmisión del virus a sus bebés.
“Mi hija de 11 años tiene insuficiencia renal en etapa 5 y necesita ser dializada tres veces por semana. Hace dos años, el hospital comenzó a tropezar con graves dificultades de aprovisionamiento. Ahora no disponemos de kits de diálisis y nuestros niños usan catéteres para adultos. Tampoco reciben las vitaminas y los alimentos complementarios para su tratamiento. El hospital tiene muchos problemas con el agua. Mi niña ha sido infectada dos veces y en el hospital no hay antibióticos. Tenemos que comprarlos afuera y si lo hacemos, entonces no nos queda dinero para comprar comida. Estamos luchando por la vida de nuestros hijos. Mi niña ha visto cómo algunos de sus amigos han muerto a causa de las infecciones».
Alrededor de 55.000 pacientes con cáncer también han sido afectados por limitaciones a su tratamiento. La mayoría de los equipos de radioterapia en los hospitales públicos no funcionan debido a la falta de mantenimiento. La Fundación contra el Cáncer de Mama (FUNCAMAMA) señaló que el Ministerio de Salud había desmantelado su capacidad para ofrecer servicios de diagnóstico temprano de cáncer de mama, y que alrededor de 300.000 mujeres diagnosticadas con esa forma de cáncer habían tenido dificultades para obtener el tratamiento necesario, con inclusión de intervenciones quirúrgicas. Los médicos entrevistados por el ACNUDH reconocieron que, en el caso de la mayoría de los pacientes con cáncer, la única opción para recibir tratamiento médico adecuado era emigrar a otros países.
A principios de 2018, se vio comprometido el acceso a un tratamiento adecuado para 16.000 pacientes con enfermedades renales, ya que 50 de los 300 centros de diálisis en el país habían dejado de funcionar, mientras que los demás experimentaban fallas recurrentes. La ONG Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y a la Vida (CodeVida) indicó que, a fines de febrero de 2018, cinco pacientes habían fallecido por falta de diálisis.
El ACNUDH observó que el derecho a la salud de los niños con insuficiencia renal estaba particularmente amenazado, ya que el área de Nefrología del Hospital J.M. de los Ríos de Caracas, el único centro sanitario del país capacitado para tratar con diálisis a los niños menores de 12 años, presentaba graves deficiencias. Las madres de los niños que recibían tratamiento en ese hospital informaron al ACNUDH sobre la escasez sistemática de equipos para la diálisis y la falta de medicamentos, alimentos y médicos para supervisar los tratamientos. La mayoría de los niños habían sido infectados con diversas bacterias y no habían tenido acceso a los antibióticos adecuados. Entre mayo y diciembre de 2017, diez niños murieron como consecuencia de las condiciones insalubres en el establecimiento. En el momento de redactarse el presente informe, pese a la existencia de una medida cautelar otorgada por la CIDH en beneficio de los pequeños pacientes del área de Nefrología del citado hospital, los representantes del Ministerio de Salud todavía no se habían entrevistado con los solicitantes de la medida cautelar para ponerse de acuerdo sobre la forma de dar cumplimiento a esta medida.
Desde 2015, por decisión del Ministerio de Salud, el programa de trasplante de órganos está paralizado, lo que priva de esta posibilidad terapéutica a los pacientes con enfermedades renales y otras insuficiencias de órganos. Además, alrededor de 3.500 personas que habían recibido trasplantes desplegaban esfuerzos denodados por encontrar medicamentos inmunosupresores. Según datos recogidos por la ONG Codevida, durante el primer trimestre de 2018 hubo 64 pacientes con rechazo de órganos como consecuencia de no haber tenido acceso a un tratamiento adecuado.
Otro signo del grave deterioro del sistema de atención de salud fue el brote de enfermedades que ya habían sido erradicadas o controladas previamente, como el paludismo (malaria) y la difteria. El presupuesto asignado por el Gobierno para prevenir y controlar el paludismo fue recortado en 70 por ciento para el período 2015-2016. En 2017, la OMS clasificó a la República Bolivariana de Venezuela como el país de América con la mayor incidencia de paludismo, a saber, un número de casos estimados de 300.900, lo que representa 34 por ciento del total de casos estimados en la región. La OMS también estimó que se habían producido 280 muertes relacionadas con el paludismo. El Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios contra el Sida informó de que en 2017 se habían registrado casos de paludismo en 10 de los 23 estados venezolanos. Por otra parte, después de 24 años sin incidencia alguna de la difteria, en 2017 se notificaron casos en 22 estados, lo que puso de manifiesto la existencia de graves deficiencias en el programa de inmunización del Gobierno. La OMS confirmó que entre julio de 2016 y febrero de 2018 se habían declarado 726 casos de difteria, con un saldo de 113 muertes. El 6 de abril de 2018, la OMS también dio cuenta de la incidencia del sarampión, con 1006 casos registrados en ocho estados. Ese mismo mes, el Ministerio de Salud anunció la puesta en marcha de un plan nacional de vacunación contra la difteria, el sarampión y la fiebre amarilla.
El ACNUDH ha comprobado que las mujeres fueron particularmente afectadas por la crisis de salud. Por ejemplo, el aumento del número de muertes maternas, que pasó de 368 en 2012 a 756 en 2016, ha revelado el rápido deterioro de la atención médica preventiva. No se había publicado información sobre la incidencia de la mortalidad materna desde 2017. También se vio amenazada la salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que la mayoría no ha tenido un acceso regular a los métodos anticonceptivos. En 2017, las farmacias informaron de que había un déficit de 90 por ciento en el suministro de métodos anticonceptivos. En 2015, el Ministerio de Salud brindó acceso a los métodos de planificación familiar a solo el 2 por ciento de la población destinataria. Una encuesta realizada en junio de 2017 mostró que el 72 por ciento de las mujeres consultadas no había podido encontrar anticonceptivos en las farmacias en los últimos 12 meses, y que de todas maneras el 27 por ciento de ellas no tenían dinero suficiente para costearlos. En 2017, Venezuela registró la segunda tasa más alta de embarazos de adolescentes en las Américas, lo que se debió principalmente a la falta de acceso a métodos anticonceptivos y a medios de educación sexual y reproductiva. De acuerdo al Comité de derechos económicos, sociales y culturales, la realización del derecho a la salud de las mujeres requiere intervenciones dirigidas a prevenir y tratar las enfermedades que les afectan a ellas particularmente, así como de políticas que garanticen el pleno acceso a una diversidad de servicios de salud de alta calidad y económicamente accesibles, incluyendo para satisfacer derechos sexuales y reproductivos.
Si bien el Gobierno ha admitido que hay un cierto nivel de escasez de medicamentos, no ha reconocido la existencia de la actual crisis de salud y no ha solicitado de la cooperación internacional en los niveles que la situación lo exige. El Ministerio de Salud aceptó recientemente el apoyo del UNICEF, de ONUSIDA y de la Organización Panamericana de la Salud en lo relativo a la puesta en práctica de su plan de vacunación y a la compra de medicamentos, como inmunosupresores y antirretrovirales.
No obstante, una de las principales obligaciones de los estados relativas al derecho a la salud es brindar información sobre los principales problemas de salud, el ACNUDH constató que el Ministerio de Salud no había divulgado información esencial para evaluar la situación de salud. La publicación de los boletines epidemiológicos semanales se suspendió desde julio de 2015 hasta mayo de 2017. En dicho mes, días después de la publicación de un nuevo boletín epidemiológico en el que se daba cuenta, entre otras cosas, de un marcado aumento de las tasas de mortalidad materna e infantil, la Ministra de Salud fue destituida. Desde entonces, no se han publicado otros boletines. El último anuario sobre mortalidad se publicó en 2013, lo que ha impedido la evaluación de las muertes evitables desde que se desató la crisis de salud.
El ACNUDH recibió información de primera mano sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para evitar que se conozca la realidad de las condiciones de los establecimientos de salud. Los profesionales de la salud denunciaron la presencia en los hospitales de oficiales de la GNB y de miembros de la milicia y los colectivos armados, que se encargan de impedir que periodistas u otras personas tomen fotografías de los locales e instalaciones, graben videos y entrevisten a médicos, enfermeras o pacientes. Los directores de hospitales han amenazado y sancionado a médicos y enfermeros por haber hecho declaraciones a la prensa sobre las condiciones inadecuadas de sus establecimientos. Las fuerzas de seguridad también han utilizado la fuerza para reprimir las protestas encabezadas por profesionales de la salud. El 15 de mayo, en el estado de Zulia, agentes de la policía local detuvieron y golpearon a dos médicos que dirigían una protesta realizada frente a su hospital.
Durante el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo 287 protestas en las que los pacientes y los profesionales de la salud denunciaron la falta de medicamentos y tratamiento y exigieron mejores condiciones de trabajo. Tan solo el 17 de abril, tuvieron lugar 54 protestas alrededor de los principales hospitales de 20 estados del país.
Informe completo de ACNUDH sobre Venezuela – Junio 2018
