ALEJANDRO ARRATIA –
El fusilamiento de David José Vallenilla de 22 años, el jueves 22 de junio 2017, por guardias nacionales que lo ejecutaron a un metro de distancia desde el interior de la base aérea La Carlota, representa el contenido y la ferocidad del régimen comunista en toda su dimensión. No encuentro adjetivos para un procedimiento propio de ejércitos invasores. Los que apretaron el gatillo y quienes dieron la orden están plenamente identificados. Cada uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) carga sobre su conciencia la sangre derramada, no podrán alegar ignorancia de la barbarie ni obediencia debida a las órdenes superiores. Hoy la justicia brillará por su ausencia… pero llegará en su momento con el derrocamiento de la dictadura.
Hace tiempo que las interrogantes y especulaciones de los ciudadanos apuntan a las FAN. Varias son las afirmaciones que pronuncian: están obligados a pronunciarse por el cumplimiento de la Carta Magna, la corrupción no ha hecho metástasis en la oficialidad, las familias de soldados y oficiales de baja graduación también sufren la crisis económica, los criminales de la Guardia Nacional (GNB) son cubanos y otros mercenarios extranjeros, solo las FAN puede evitar el martirio de la juventud. Igualmente verbalizan las dudas: ¿Aún quedan oficiales institucionalistas? ¿Son todos chavistas sumisos a los cubanos? ¿En los cuarteles se rechaza la barbarie del régimen y buen número de militares están presos? ¿La intervención de las FAN tiene cabida en la salida pacífica y constitucional?
Las FAN dominaron la escena pública hasta 1958. A partir de la instauración en 1959 de gobiernos surgidos de procesos electorales universales -directos y secretos- ejercieron la función constitucional de brazo armado del Estado defensor de la integridad nacional. El ejército preservaba doctrina e intereses inherentes a la institución. La formación y modernización fue constante. Derechos y deberes de civiles y militares diferían sin oposición doctrinal. Tenían la exclusividad del uso de las armas de la nación, pero no podían participar en la política, emitir opiniones ni votar. Cesaron los cuartelazos, resistieron y derrotaron en el campo y en la ciudad las guerrillas urbanas y rurales, asesoradas y armadas por Fidel Castro Ruz.
Alrededor de los años setenta del siglo pasado, la logia militar, semilla del chavismo, inició sus andanzas conspirativas en los cuarteles. Desde su origen, el motivo de existencia estuvo determinado por la causa final: erradicar la democracia e imponer en Venezuela un régimen autoritario. La forma natural de culminar el proceso insurreccional no podía ser otra diferente al golpe de Estado. Fallaron en las cruentas chapuzas de 1992. Dos años más tarde se produjo el flechazo Fidel Castro Ruz-Hugo Chávez Frías. Posteriormente, la incorporación en 1994 de la organización golpista venezolana al Foro de Sao Paulo sirvió para redondear la orientación comunista y la estrategia “Caballo de Troya”, diseñada en ese encuentro cuando se produjo la implosión de la URSS.
Los felones fracasados perseveraban públicamente en su propósito con la simpatía y el concurso de parte considerable de las elites intelectual, comunicacional y productiva, lideradas -al menos representadas- por “los notables”; grupo de docta prosapia que, cohesionado por el rencor y la ruindad, hicieron de la anti-política razón de ser. Con piel de oveja el PSUV participó en las elecciones nacionales de 1998 y logró mayoría. El resultado podía esperarse, la clase política venía suicidándose por cuotas y demostraba con creces que defender la democracia no era su prioridad. Desconocían la naturaleza del enemigo; tal ignorancia la arrastraron demasiado tiempo. Quizás allí podrán encontrar los futuros analistas la causa básica de la prolongada entronización populista.
Ese año comenzó la demolición. Electo el Teniente Coronel Presidente de la República, en el acto de juramentación (2/2/1999) inicia las violaciones de la Constitución y promete convocar un referéndum para elegir una Asamblea Nacional Constituyente que redactará una nueva Carta Magna. El 22 de abril el Parlamento aprueba la Ley Habilitante proveyendo al flamante presidente de poderes especiales durante seis meses en materia económica y administrativa con carácter urgente, sin tener que someter los proyectos de ley al Congreso. Ignominia insuperable; aquella conducta y la nefasta consecuencia pesará siempre sobre la memoria de los más significativos líderes políticos finiseculares. Los electores aprobaron (15/12/1999) en referéndum la Constitución Bolivariana.
La Carta Magna -papel inoportuno en el desarrollo del autoritarismo- había que reformarla. La población fue consultada (2009) y negó la propuesta, pero insistieron hasta lograr lo fundamental: reelección indefinida. La Constitución los obliga a mantener la apariencia democrática emanada del Foro y monitoreada por los Castro. Sin embargo, los organismos y las leyes vigentes estorban el desarrollo de la cubanización integral del régimen. Los demócratas exigen respeto a la Constitución y la defienden. El régimen evaluó mal el respiro que tuvo en el 2016 y pasó a la ofensiva con la constituyente comunal. Los combates cubren el territorio, participan todos los sectores sociales y gozan del apoyo internacional. La resistencia tiene imagen de batalla final.
Al régimen lo sostiene las fuerzas armadas. En el presente la camarilla corrupta-narcotraficante no es capaz de movilizar a los militantes del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), la ausencia de masas creyentes la pretenden cubrir con bandas asesinas llamadas “colectivos”. Los chavistas opuestos a la constituyente comunal conforman grupos disidentes: individualidades y sectores organizados se han pronunciado; la voz más fuerte y decidida ha sido la Fiscal General de la República, ella sola es un importante frente de oposición con perfil propio. Los chavistas honestos no tienen necesidad de confundirse con la MUD, pero están obligados a caminar al lado de la oposición democrática en el diseño de una salida pacífica y constitucional.
Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, hizo un llamado a los militares como actores fundamentales en el conflicto que estamos viviendo. Les reclamó que asuman el mandato de guardianes de la Constitución y se coloquen a favor del conjunto de los venezolanos, no de una parcialidad. Les recordó que la constituyente comunal es la base del modelo cubano de control social; en el supuesto negado de que se impusiera, las primeras víctimas serían las FAN. En la oposición quedan grupos que dudan de la virtud de la convocatoria, temen que se abran las puertas al militarismo; es decir, al control parcial o total de las fuerzas armadas sobre el gobierno y el conjunto de las instituciones civiles. En una situación tan compleja cualquier movimiento conlleva riesgos.
Latinoamérica acumula experiencias negativas de soluciones “cívico-militares”. También es historia contemporánea que los gobiernos presididos por los militares salidos de la dictadura gomecista contribuyeron conscientemente y por presión del movimiento popular a modernizar y democratizar el país. Rendimos culto al 23 de enero de 1958, es hora de profundizar en el contenido de esa llamada “gesta histórica”. Los militares deben cumplir la Constitución. A los chavistas que rechazan la Constituyente comunal de Maduro se les acabó el tiempo de los análisis. Cuántas víctimas son necesarias para tomar decisiones. No hay mañana, en las calles se decide día a día si habrá comunismo cubano para los próximos 50 años o si reconquistamos la libertad.
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Alejandro Arratia, sociólogo venezolano residente en Madrid.
