REDACCION ACTUALY.ES –
«Si ninguna empresa de Estados Unidos podrá hacer negocios con nosotros, ¿cómo va a hacer CNN para cubrir la invasión?». Este comentario tan disparatado y cínico lo hizo Nicolás Maduro en su respuesta televisada a la orden ejecutiva de Donald Trump que establece sanciones económicas y comerciales a Venezuela, emitida el 31 de julio pasado.
CNN en Español y un sexteto de televisoras internacionales han sido bloqueadas en el país, dos de ellas (colombianas) en la última semana. Las televisoras locales están siendo amenazadas de cierre si no se ajustan aun más los cánones oficiales de censura y autocensura. Igualmente unas 47 emisoras de radio han sido cerradas en lo que va de año, a cantidad de portales web no es posible tener acceso desde el país, 4 medios impresos han anunciado esta semana suspensión de actividades por negativa gubernamental a suministrarles papel prensa. Además, la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente discute la mejor forma de controlar la circulación de la información a través de las redes sociales. La andanada contra la información (a secas) va pareja con la feroz arremetida militar-policial que sufrió el pueblo venezolano durante todos los días y todas las noches durante 4 meses consecutivos. La ONU lo ha documentado.
El informe de 47 páginas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dado a conocer hoy (30/8/2017), se refiere en un 80 por ciento a las violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas ocurridas en Venezuela entre el 1º de abril al 31 de julio de 2017; el otro 20% está centrado en las violaciones del derecho a la libertad de expresión, que incluye la documentación de las violaciones y abusos de los derechos de periodistas y trabajadores de otros medios durante las manifestaciones, violaciones que llevaban consigo infames campañas gubernamentales de desprestigio contra periodistas.
En ausencia de autorización del Gobierno para entrar en el país, para la realización del informe, un equipo especial de ACNUDH realizó actividades de monitoreo a distancia, entre las que se incluyó la realización de 135 entrevistas con víctimas y sus familiares, testigos, representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG), periodistas, abogados, médicos, paramédicos y el Ministerio Público.
El comportamiento «institucional» y represivo del gobierno, en cuanto a derechos ciudadanos y libertad de expresión, prefiguran un patrón de conducta que seguramente será oficializado y aplicado in extenso tan pronto sea aprobada la llamada «Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica», que en estos momentos discute la fraudulenta ANC, según ante-proyecto presentado por Nicolás Maduro, el cual ha sido reforzado con las ideas inquisitoriales del constituyentista mayor Diosdado Cabello. El Estado de Excepción, que ha sido renovado tres veces, de esta forma, adquiriría visos de perpetuidad, según aspiración del régimen.
EL INFORME
En el apartado sobre las violaciones a la libertad de expresión, la Oficina de DDHH de la ONU señala que los ataques contra los medios de comunicación, periodistas y otros trabajadores de medios se intensificaron a partir de las protestas que comenzaron en abril de 2017. Refiere que entre el 1 de abril y el 15 de julio, la ONG Espacio Público documentó 554 violaciones de la libertad de expresión que afectaron a más de 400 periodistas y otros trabajadores.
El 31 por ciento de las víctimas de esos ataques eran mujeres, y la mayoría de las violaciones ocurrieron en Caracas (45 por ciento). Las violaciones de este derecho afectaron principalmente a reporteros y periodistas gráficos, que son más identificables por el equipo que llevan, dice el informe.
ATAQUES Y ABUSOS
Las agresiones consistieron en ataques físicos (palizas y heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno y perdigones de plástico), detenciones arbitrarias e incautación o destrucción de sus equipos. Al igual que los manifestantes, los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación han sido víctimas del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, las circunstancias de muchos incidentes indican que esos ataques tenían por finalidad impedirles cubrir las protestas.
Los periodistas fueron objeto de disparos de perdigones de plástico o cartuchos de gas lacrimógeno, incluso cuando eran fácilmente identificables por sus chalecos y cascos y a pesar de que permanecían a los márgenes de las protestas mismas.
Algunos de ellos escucharon órdenes de los mandos de la GNB de apuntarles con cañones de agua o cartuchos de gas lacrimógeno. Un periodista entrevistado por ACNUDH relató que escuchó cuando un comandante de la GNB daba a un guardia la siguiente orden: “dispárale al de blanco, dispárale a la rodilla”. Acto seguido vio cómo un guardia nacional se acercó a él unos 10-15 metros, le apuntó y le disparó un cartucho de gas lacrimógeno que le rompió la tibia.
En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad confiscaron, rompieron o sustrajeron el equipo de trabajadores de los medios de comunicación, según la información recibida por ACNUDH. Estas acciones se vieron motivadas por la grabación de los actos de represión de las manifestaciones, y en particular de la detención de manifestantes.
“En algunos lugares y momentos hasta sacar el teléfono te puede poner en riesgo”, señaló un testigo entrevistado por ACNUDH.
Según la información recibida por ACNUDH, un total de 60 periodistas y otros trabajadores fueron detenidos entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 (54 hombres y 6 mujeres). Casi todos fueron puestos en libertad varias horas después de ser detenidos, con frecuencia después de que se hubieran borrado sus filmaciones. Un periodista permaneció detenido 16 días.
Si bien la información recopilada indica que las fuerzas de seguridad cometieron la mayor parte de las violaciones contra los periodistas, éstos también fueron blanco de ataques por parte de los manifestantes y partidarios tanto de la oposición como del Gobierno.
CAMPAÑAS DE DESPRESTIGIO
ACNUDH pudo observar que las autoridades venezolanas han estigmatizado y desacreditado sistemáticamente a los periodistas.
A menudo, autoridades de alto nivel han calificado a los periodistas de “enemigos” o “terroristas”, lo que probablemente ha favorecido o contribuido a generar un clima propicio de violencia contra ellos.
El 16 de mayo de 2017, el Presidente Maduro declaró que dos periodistas deberían ser detenidos por las opiniones que emitían en Twitter. ACNUDH constató que varios periodistas fueron amenazados, incluso de muerte, cuando cubrían las manifestaciones.
Algunas amenazas fueron lo suficientemente serias como para que la persona amenazada tuviera que trasladarse a otra parte del país o al exterior. Las amenazas se propagaron a través de las redes sociales, como por ejemplo las cuentas de twitter en las que figuraban los nombres y las direcciones de periodistas a los que se había tildado de “terroristas”, “infiltrados” o “enemigos”.
AUTOPROTECCION Y RESILIENCIA
Varios periodistas explicaron a ACNUDH cómo se protegían utilizando chalecos antibalas, cascos y máscaras, y que cubrían las manifestaciones en grupos para estar menos expuestos.
“Lo que le digo a mis periodistas es que tienen que protegerse porque ninguna información vale una vida. Les digo que usen su memoria cuando capten imágenes que les ponen en peligro”, indicó el director de un medio de comunicación. “En algunos casos tuvimos que sacar a los periodistas de la calle o trasladarlos a otra parte del país cuando había amenazas de muerte”.
Los periodistas también se han protegido exponiéndose menos, haciéndose visibles y denunciando las violaciones y abusos contra ellos. La mayor parte de los periodistas confirmaron al ACNUDH que denunciaban los ataques que sufrían a sus organizaciones profesionales, para que éstas las difundieran en los medios de comunicación y las redes sociales. Por ejemplo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha enviado constantemente mensajes por Twitter relatando los incidentes contra los trabajadores de los medios de comunicación, lo que ofrece cierta protección, particularmente en los casos de detención.
CIERRE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Según pudo documentar ACNUDH, el Gobierno ha adoptado un número creciente de medidas administrativas que se han traducido en el cierre de medios de comunicación o en la imposición de sanciones a los mismos. Además de silenciar a estos medios, ello ha limitado el acceso a la información para un gran número de venezolanos, especialmente aquéllos sin acceso a Internet.
Durante el período que abarca el informe, ACNUDH observó que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) había cerrado 24 estaciones de radio.
Esto ocurrió en un clima de incertidumbre que afecta al 80% de las estaciones de radio, a las que CONATEL renueva o niega las concesiones o impone sanciones administrativas, al parecer sin transparencia y sin seguir las garantías debidas.
El 7 de abril, CONATEL ordenó a los proveedores de servicios de Internet que bloquearan los canales digitales VPI TV, Vivo Play y Capitolio TV, que transmitían las protestas en directo.
El 15 de junio, CONATEL cerró el en el estado Mérida el canal universitario ULA TV, muy activo en la cobertura de manifestaciones y de los problemas sociales. Este cierre, supuestamente motivado por el incumplimiento de requisitos administrativos, ocurrió un par de semanas después.
