LUIS SALAMANCA –
¿Cuál es la situación de Nicolás Maduro?
Maduro es un gobernante autoritario que desconoce las reglas constitucionales de juego que lo llevaron al gobierno en una elección democrática. Avanza hacia el poder absoluto, muestra de lo cual, son las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales tuvo que echar para atrás. No obstante, con ellas o sin ellas, Maduro persigue el poder total como respuesta al triunfo opositor en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015. Reconoció la victoria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tras una alocución del Alto Mando Militar, pero desconoció los efectos institucionales de la misma, al no aceptar su presencia dentro del Estado.
El mandatario no quiere compartir el poder institucional, no quiere contrapesos, ni límites, ni control. Tampoco quiere control internacional. Por ello decidió irse de la OEA, aunque eso toma más tiempo (2 años) del que le queda en el gobierno (año y medio, casi). Quiere tener las manos libres para hacer y deshacer en Venezuela. Inventó la figura del desacato de la Asamblea Nacional (AN) para obstruir su función legislativa y de control; decretó el Estado de excepción pasando por encima de la AN, se auto-otorgó el presupuesto nacional mediante una “ley” avalada por el TSJ; en 2016, maniobró con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para abortar el referendo revocatorio de su mandato y posponer las elecciones de Gobernadores, cuyos mandatos vencieron en diciembre del mismo año.
Esto significa que Maduro tomó un atajo: salirse completamente del marco constitucional y jugar sin reglas. Cuando un mandatario hace esto produce dos efectos: obliga a sus adversarios a hacer lo propio, o, en todo caso, lleva a una confrontación política en donde sale a relucir la fuerza; y obliga a sus propios aliados a tomar posición por lo que implica ese paso dado por el mandatario, en el mundo de hoy, en el cual los delitos contra los derechos humanos son perseguibles internacionalmente. Las andanzas de Maduro están avaladas por el Alto Mando Militar cuyos jefes no ocultan su respaldo, directa e indirectamente, por activa y por pasiva, hacia el presidente. También cuenta con el apoyo del TSJ, sobre todo de la Sala Constitucional, convertida en un poder absoluto, que igual asume atribuciones de la Asamblea Nacional, igual designa a los rectores del CNE y le da «órdenes» a Maduro, como lo hizo en las sentencias 155 y 156.
Sin embargo, el autoritarismo también produce efectos dentro de la estructura de poder y puede provocar reacciones contrarias entre sus aliados. Maduro está jalando la cuerda en exceso y algunas se están rompiendo. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó de las actuaciones del TSJ y condenó, el 31 de marzo de 2017, lo que llamó la “ruptura del orden constitucional” y el cambio de la forma de Estado. Casi un mes después, una nueva declaración de la Fiscal, muestra que sigue desmarcándose del accionar del gobierno, cuestionando la represión a las protestas ciudadanas y la usurpación de su competencia exclusiva de imputar, por jueces que han enviado a la cárcel a manifestantes quienes, a juicio de la Fiscalía, no han cometido delito alguno. Además, Luisa Ortega Díaz envió un mensaje político al entrar a valorar las actuaciones del gobierno y de la oposición, lo que genera una interrogante acerca de lo que realmente está buscando la funcionaria. Otra reacción, que pasó por debajo de la mesa, fue la del embajador de Venezuela en Italia, figura destacada del chavismo en 2002, ex Fiscal de la República por entonces.
Por su parte, la oposición venezolana sigue jugando dentro de las reglas constitucionales, rechazando el juego sin reglas de Maduro. Apela a la Constitución y reclama la restauración de su plena vigencia y busca, por medio de la presión de masas, unas elecciones generales adelantadas, no previstas en la Constitución, pero que podrían ocurrir sí Maduro renuncia, o es modificada la Carta Magna, ambas negadas por los jerarcas del régimen. Maduro y la camarilla que gobierna está jugando a permanecer en el poder más allá de 2018, aspiración difícil por vía constitucional y sólo posible declarando la dictadura definitiva. Esta pasa por negarse a realizar las elecciones de gobernadores y, sobretodo, las presidenciales del 2018, año que luce como el momento clave para el desenlace del conflicto, el deadline de la revolución y de la democracia. La gran pregunta es si Maduro tiene el poder suficiente para tomar esa vía.
Ciertamente no parece probable. Maduro fue ungido por Chávez como su sucesor y la estructura de poder construida por el extinto mandatario le ayudó a llegar a la presidencia. Era una estructura cohesionada. Pero, desde la muerte de Chávez, quien concentraba el poder, éste sufre una centrifugación y ha tendido a repartirse entre los diversos grupos que se formaron bajo el ala del jefe máximo, algunos de los cuales no se llevan bien. Al reparto de poder entre los grupos, se le sumó de inmediato, la renuncia de funcionarios históricos de Hugo Chávez.
Luego vinieron la pérdida del apoyo popular, el aislamiento internacional, la falta de recursos para gobernar al estilo chavista, las fisuras internas, todo ello capitalizado por la única alternativa política al régimen, como lo es la MUD, a pesar de todas sus inconsistencias. La desastrosa política económica de Maduro agravó los problemas estructurales del modelo económico impulsado por Chávez que ya daba muestras de agotamiento. La escasez hizo su aparición de manera escandalosa y desde entonces no ha hecho más que crecer, junto a la inflación desbordada, generando una situación de penuria en la población, hoy urgida de ayuda humanitaria.
Al hilo de este problema, articulado con otros problemas crónicos (inseguridad, falla de los servicios públicos, entre otros), se generó una situación política caracterizada por el debilitamiento electoral y político del chavismo, en su versión madurista. El régimen ya no controla a las masas y hay muchos interrogantes sobre su capacidad de asegurar la cohesión interna de su estructura de poder. La reacción de la Fiscal General de la República agrietó tanto el modelo de justicia chavista como al régimen institucional que sostiene a Maduro. En el plano internacional ha perdido fuerza al pasar la mayoría de países pro-chavistas de la región a manos de una dirigencia antichavista. La OEA lo tiene en estudio para aplicarle la Carta Democrática; tampoco tiene apoyo en la Unión Europea y algunos países han pasado de la mera crítica a la acción.
A Maduro le queda el resto de la estructura de poder: el Poder Judicial, Ciudadano y Electoral junto al Alto Mando Militar. Por ello, Maduro y lo que le queda del régimen, viene maniobrando para ver cómo preservan el poder. Confiscó el referendo revocatorio, pospuso las elecciones de gobernadores y se niega a hacerlas este año, a fin de evitar el desalojo democrático-constitucional del cargo, sembrando dudas de su comportamiento frente a las elecciones presidenciales de 2018. Además, lanzó una operación de acaparamiento total del poder con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ. Frente a ese intento de usurpación de funciones y de cierre definitivo de la AN, se produjo la declaración de la Fiscal que sorprendió a Maduro y a su círculo, agregando más dudas acerca de su piso institucional que, hoy, luce movedizo y no tan sólido como años atrás. Si convoca una Asamblea Constituyente Comunal, indicaría que su objetivo es derogar la Constitución. En ese supuesto, estaremos ante un golpe de Estado propiamente dicho, mejor dicho, un autogolpe.
En ese contexto, la sociedad se lanzó a las calles a partir del 19 de abril de 2017, dirigida por la MUD, buscando varios objetivos. El principal de ellos: mostrar la fuerza social de quienes se oponen a la debacle venezolana y exigir elecciones; meterle presión al régimen. La gente quiere decirle a Maduro que el 80% la población está en la calle pidiendo cambio de gobierno y de régimen. Y en Caracas ha salido el oeste, la gran novedad de este ciclo de protesta. Hoy por hoy, todas las clases sociales están en la calle casi todos los días.
El paso dado por la Fiscal pone en el tapete la variable más importante de este proceso: la cohesión interna de la estructura de poder que rodea y sostiene a Nicolás Maduro, una vez que el mandatario y su régimen no quieren hacer elecciones. En la medida que el círculo del poder está cohesionado, en esa medida, el cambio de gobierno es más difícil; en la medida que pierde cohesión y se resquebraja, el cambio luce más factible. Y allí es donde la presión de masas puede ayudar a lograr que se profundice el debilitamiento pero por la vía constitucional y democrática, protestando para unas elecciones adelantadas pero pendiente de realizar el programa electoral en agenda: regionales, municipales y presidenciales. Hay que deshacer la estructura de poder chavista y madurista por vía electoral, democrática y constitucional. Sí se logran la elecciones generales ello será en virtud de la presión nacional e internacional; pero en caso de no lograrse, deben hacerse las que corresponden. El principal reto de los venezolanos hoy es salir de esta crisis sin que se quiebre definitivamente la democracia. Vivimos el último capítulo de la precaria democracia dejada por Chávez y Maduro y debemos aprovechar esta última oportunidad para recuperarla y relanzarla.
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