SEBASTIÁN DE LA NUEZ –
En esta entrevista (parte I) realizada vía correo electrónico, el politólogo Juan Carlos Rey (nacido en San Sebastián, España, 1936) habla de la eventual Asamblea Constituyente que pretende instaurar Nicolás Maduro. La conformación del quiénes tienen derecho a voz y voto en esta nueva ANC le recuerda al profesor y ensayista el corporativismo fascista.
En opinión de Juan Carlos Rey ─hombre que ha estudiado a fondo la historia de los partidos políticos en Venezuela, así como el militarismo, el populismo y el resentimiento─, la única salida pacífica posible al actual conflicto que vive el país, aun siendo poco probable, sería confiar en los resultados de las elecciones nacionales. La única. Rey, ligado desde su creación al Instituto de Estudios Políticos de la UCV y, más tarde, al IDEA (Instituto de Estudios Avanzados), responde preguntas sobre la actualidad venezolana a partir del artículo aparecido en el diario El País (Madrid) hace varias semanas, firmado por dos especialistas en Derecho Constitucional, quienes, en su oportunidad, asesoraron la Constituyente de 1999: Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmau.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
P: ¿Conoce a los dos especialistas en Derecho Constitucional que firman la nota aparecida en El País? ¿Qué opinión le merecen?
R: Aunque no los conozco personalmente, estoy al tanto de sus actividades profesionales, tanto académicas como de asesoría. Desde el punto de vista académico, creo que son dos profesores que aunque dominan los aspectos e técnico-jurídicos del constitucionalismo, no creen en los valores propios de una democracia representativa, y comparten el rechazo de esta forma de gobierno, que es característico del chavismo, por lo que no tuvieron inconveniente en prestar su asesoría en el diseño de un modelo distinto de democracia, la llamada democracia participativa y protagónica, que se intentó desarrollar, con muchas ambigüedades y contradicciones (nadie sabía exactamente lo que significaba), en el texto de la Constitución venezolana de 1999. En este sentido, la asesoría que prestaron a la Constituyente cuando se discutió y elaboró la nueva Constitución fue más allá de lo puramente técnico, pues rechazaban, al igual que el chavismo, el modelo de democracia representativa.
P: ¿Piensa que esencialmente tienen razón?
R: En la nota publicada en El País el 26 de mayo de 2017, los dos profesores sustentan la opinión de que el decreto 2.830 del 1 de mayo de 2017 (Gaceta Oficial 6.295 extraordinaria de esa fecha), en donde Maduro convoca a una Asamblea Constituyente, viola la Constitución de 1999, ya que de acuerdo con los artículos 347 y 348 de la misma, el Presidente carece de competencia para hacerlo, pues el texto constitucional vigente sólo reconoce el derecho a ejercer la iniciativa en esa materia —es decir, para iniciar un proceso en el que el pueblo decide, mediante referéndum, si se va a convocar o no a una Asamblea Constituyente—, pero Maduro, como jefe de Estado, carece de poder para hacer tal convocatoria directamente. En efecto, según el artículo 347, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es un acto que compete exclusivamente al poder constituyente originario —es decir, al soberano— que reside intransferiblemente en el pueblo, y que por tanto sólo este, el pueblo, puede ejercer directamente, mediante un referéndum. Se trata de una tesis que yo comparto, al igual que la inmensa mayoría de los juristas que han analizado el problema.
En la Gaceta Oficial del 23 de mayo de 2017 se publica el decreto presidencial mediante el cual Maduro establece las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente y regula su conformación y funcionamiento. Se trata de un decreto doblemente inconstitucional, no solo por reiterar la falta de competencia en la materia que aquejaba al decreto anterior, sino, además, por violar los derechos constitucionales que tienen los ciudadanos venezolanos al sufragio universal e igual, condicionando su ejercicio y encuadrándolo en unas estructuras creadas por el gobierno al margen de la Constitución, que nos recuerdan al corporativismo fascista.
Según la nota publicada en El País, los dos profesores acusan a Maduro no solo de violar la Constitución sino de ilegitimidad desde el punto de vista ideológico. Pues, según ellos, existe una contraposición entre el régimen que implantó Hugo Chávez, cuyas virtudes alaban sin reserva (y que yo no comparto), y el gobierno de Nicolás Maduro, cuyas maldades subrayan y que nada tiene que ver con el proceso de cambio revolucionario que inició Chávez. En vez de ver en Maduro al heredero y continuador de la política del “comandante eterno”, que es lo que este se propuso al designarlo como su sucesor, y lo que el propio Maduro pretende ser, los dos profesores consideran que ese gobierno nada tiene que ver con el proceso de cambio revolucionario que inició Chávez, y consideran que el madurismo es una traición al chavismo.
Y ante la rotunda e imparable pérdida de popularidad y de legitimidad que sufre su gobierno, acusan a Maduro de pretender “arrasar con los avances democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir gobernando”.
P: Tal como está la situación en Venezuela, ¿es propicio pensar en una Constituyente, pero llamando a consulta previa al pueblo mediante voto universal?
R: Los problemas actuales de Venezuela no se solucionarían mediante una Asamblea Constituyente, aunque fuera convocada mediante el voto universal. Es más, considero que a tenor de la Constitución vigente nunca debería convocarse una Asamblea Constituyente: se convertiría en un poder literalmente totalitario, pues se supone que encarnaría el poder constituyente originario, de modo que según lo dispuesto en el artículo 349 de la Constitución, sus poderes no tendrían límites jurídicos materiales o temporales pues los poderes constituidos (es decir, todos los otros poderes constitucionales) “no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Constituyente”.
Es posible que ciertos sectores del gobierno de Maduro, conscientes de su grave pérdida de apoyo, lo cual permite prever su derrota en unas elecciones regulares, hayan pensado valerse de este recurso como una “huida hacia adelante“.
Por una parte, ante las acusaciones de que el gobierno no respeta la democracia, la respuesta es que mediante la convocatoria de la Asamblea está activando el poder constituyente originario que se encarna en esa Asamblea, con lo cual Maduro da la mejor prueba de su apego a la democracia, aunque no a la democracia representativa, sino a la democracia participativa y protagónica, ejercida por el propio pueblo (aunque actúa a través de esa Asamblea como si esta fuera el poder constituyente originario).
Y ante la acusación de que los nuevos criterios para participar en las elecciones han sido diseñados de manera que los partidarios de Maduro obtengan la mayoría de puestos en la Asamblea, los maduristas pueden o podrían replicar que frente a los criterios formales de participación comicial, propios de una democracia representativa, con los nuevos que ahora se introducen se están profundizando los valores a los que debe responder la democracia protagónica y participativa consagrada en la Constitución.
En resumen, con la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la regulación de sus elecciones y funcionamiento, el Presidente estaría profundizando los valores de la nueva forma de democracia consagrada en la Constitución y desarrollando ideas que Chávez quiso realizar, pero que la muerte le impidió llevar a cabo. Sin embargo, lo cierto es que la culminación exitosa de ese proyecto significaría la instauración de una democracia totalitaria.
P: ¿Qué salida, distinta a la Constituyente pero pacífica, ve usted hoy en Venezuela?
R: Entiendo que la palabra “salida” en su pregunta se refiere a algún posible cambio del actual gobierno o del tipo de políticas que lleva a cabo. No considero probable que el actual gobierno, libremente, sin presiones, haga ninguna de esas dos cosas, aunque podría hacerlas bajo la amenaza o el uso de la violencia o fuerza a una escala relativamente moderada, que no llegue a ser una guerra civil. A falta de este recurso, la única “salida pacífica” posible, aunque poco probable, sería confiar en los resultados de las próximas elecciones nacionales.
P: Suponiendo que el chavismo caiga, ¿puede resumir en pocos puntos qué le tocaría hacer al nuevo Estado para re−institucionalizar el país?
R: No puedo hacerlo en abstracto, pues para intentarlo con algunas posibilidades de éxito habría que tener en cuenta un conjunto de factores, tales como las circunstancias de la caída del chavismo, la ideología de los nuevos gobernantes, los apoyos y oposiciones con los que cuenten, los recursos disponibles e incluso las circunstancias internacionales. Se trata de un cúmulo de factores que condicionan lo que los gobernantes quieren y, sobre todo, lo que en realidad pueden hacer.
