Me dices que sí, para luego decirme que no, me dices que no, para deciiiirme que sí. Así cantaba el guarachero de Cuba Rolando Laserie.
Tal ha pasado con Brasil en relación a la disposición de otorgar visa temporal de residencia a los miles de venezolanos que por la frontera sur han huido de la crisis de su país.
El brasilero Consejo Nacional de Inmigración había aprobado la norma el 22 de febrero, la semana pasada, la anuló 48 horas después y ayer viernes la volvió a poner en vigencia. El CNI ni la Cancillería ni el ministerio del Trabajo ofrecieron explicaciones sobre tan errático proceder, que afecta a miles de personas asentadas irregularmente en ciudades del estado de Roraima, al norte de Brasil, especialmente en Boa Vista.
Una explicación razonable sería el cambio de titular de la cartera de Relaciones Exteriores en Brasil. El jueves el gobierno de Michel Temer designó a Aloysio Nunes como nuevo canciller, en sustitución del renunciante José Serra.
Nunes, con larga experiencia en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado brasilero, ha sido calificado como un «antibolivariano» que en su juventud militó en el Partido Comunista y tomó las armas contra la dictadura en la década de 1960. Pero que ahora no los quiere ni ver.
Normalizadas las jerarquías en el palacio de Itamarati, sede la cancillería brasileña, los papeles han vuelto a ponerse en orden.
La cancelación, el 24 de febrero, de ese beneficio migratorio -que concede una residencia de hasta dos años a ciudadanos de países fronterizos que entren por vía terrestre a Brasil y no estén dentro de los acuerdos de residencia del Mercosur-, levantó gran polémica, explica la agencia AFP.
Varias ONG denunciaron que era un beneficio muy importante para los miles de venezolanos que llegan a Brasil a través del estado de Roraima buscando una mejor vida, y la propia fiscalía general manifestó su “sorpresa” y solicitó “las aclaraciones públicas necesarias”.
Tras la retractación, los venezolanos que pretendían regularizar su estancia en el país volvían a tener casi como única opción la solicitud del estatus de refugiado, un trámite de resultado incierto que aumentó exponencialmente hasta saturar la capacidad de atención de las autoridades locales.
