FELINE FREIER
Los latinoamericanos no deberían olvidar que cuando las dictaduras arreciaban en el resto de la región, Venezuela dio cobijo a cientos de miles de migrantes. Según la OIM, en el 2012 casi 100.000 peruanos vivían en Venezuela. Es hora de devolverles la hospitalidad
El pasado 18 de diciembre se celebró el Día Internacional del Migrante. La fecha busca recordar la contribución de los migrantes al crecimiento económico de sus países de origen y destino y la importancia de que sus derechos básicos sean defendidos en los lugares de llegada. En el contexto regional, este día nos invita a reflexionar sobre la crisis migratoria que se está produciendo a raíz del éxodo venezolano.
Según Iván de la Vega, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, alrededor de 2.5 millones de venezolanos viven actualmente fuera del país. De estos, cerca de dos millones –6% de la población– emigraron desde la llegada al poder de Hugo Chávez. La gran mayoría abandonó Venezuela en los últimos años, tras la caída de los precios del petróleo en el 2014, por la escasez de alimentos y medicamentos, y por el dramático aumento de la inseguridad.
Según un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos oficialmente registrados en Colombia creció de 46.615 a 470.000 entre el 2015 y este año. De 12.856 a 41.492 en Argentina. De 8.901 a 39.519 en Ecuador. De 8.001 a 34.623 en Chile. De 3.425 a 20.000 en Brasil. De 2.351 a 17.526 en Perú. De 1.855 a 4.379 en Uruguay. De 773 a 1.622 en Bolivia. A esto se suman la migración irregular y en tránsito, y alrededor de 100.000 solicitudes de refugio registradas entre el 2014 y el 2017.
Es importante destacar que la distinción entre migrantes y refugiados depende de la definición que se aplique. En casi todas las legislaciones de América Latina –la peruana incluida– se ha incorporado, además de la definición de las Naciones Unidas de 1951, la definición regional de Cartagena de 1984. Esa definición extiende el derecho a la protección para las víctimas de violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras situaciones que hayan perturbado gravemente el orden público.
Si bien el estatus de refugiado se otorga en todos los casos de manera individual, el drama que vive el país llanero sugiere que los venezolanos deberían ser reconocidos según Cartagena. Con la tasa de homicidios de 91.8 por cada 100.000 habitantes (según el Observatorio Venezolano de Violencia), Venezuela es uno del los países más violentos del mundo –en el Perú la tasa es de 7,7– y las violaciones de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, la tortura de presos, los ataques contra periodistas y el uso excesivo de la fuerza son parte del paisaje cotidiano. Pese a esto, México es el único país de la región que ha aceptado casi la totalidad de las solicitudes de refugio.
En los demás países las reacciones frente el éxodo venezolano varían considerablemente. En un extremo se encuentran Chile y Bolivia que no han facilitado ningún mecanismo de inmigración especial. Por su parte, Argentina y Uruguay otorgan la visa Mercosur a los ciudadanos venezolanos de forma unilateral –dado que Venezuela sigue suspendida del acuerdo–, lo que les permite acceder con facilidad a una estancia regular. Un tercer grupo (que incluye a Colombia, Brasil, Ecuador y el Perú) ha desarrollado mecanismos especiales para afrontar la crisis.
En el caso peruano, el permiso temporal de permanencia (PTP) implementado por el Ejecutivo implica el derecho a trabajar, pero es válido solamente para los venezolanos que ingresaron al país hasta el 31 de julio del 2017. Los que llegaron después no pueden regularizarse bajo ese régimen, lo que genera un incremento en la población no documentada y en las solicitudes de refugio.
¿Qué debería hacer el Perú? En primer lugar, ofrecer un camino más amplio y sostenible para la inmigración regular. Al mismo tiempo, seguir el ejemplo mexicano y considerar a los venezolanos como refugiados según Cartagena. Esa sería la forma más clara de dar un mensaje político al régimen de Maduro.
Se debe prevenir la politización doméstica de la inmigración venezolana y ejercer presión al gobierno chavista para que restaure las libertades políticas. Los latinoamericanos no deberían olvidar que cuando las dictaduras arreciaban en el resto de la región, Venezuela dio cobijo a cientos de miles de migrantes. Según la OIM, en el 2012 casi 100.000 peruanos vivían en Venezuela. Es hora de devolverles la hospitalidad.
Publicado en www.elcomercio.com
Feline Freier es catedrática de la Universidad del Pacífico, en Perú
