VÍCTOR SUÁREZ –
De momento, las listas están vacías, sin nombres, sin jerarquías, sin ubicación geográfica y sin cualificación de los fondos incautados o inmovilizados. Pero es una jaula gigantesca que ha habilitado la totalidad de los países que conforman la Unión Europea para que en ella entren los bienes de responsables de la ruptura de la democracia, la represión y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
El lunes 13 de noviembre de 2017, el Consejo de Europa (Los 28) adoptó la Decisión 2017/2074, que prevé, entre otras cosas, la prohibición de la exportación de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportación de equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y de recursos económicos de personas, entidades y organismos responsables del caos que ha instituido el gobierno de Nicolás Maduro.
En aplicación de la Decisión Europea, fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2017/2063, relativo a las medidas restrictivas contra personeros o testaferros del régimen venezolano, en vigor inmediatamente.
El Reglamento se aplicará en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; a bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro; a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro; a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro; y a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión.
Quienes sean incluidos en esas listas, en ningún caso podrán ocultar sus identidades ni los por qué de su situación. «Han de hacerse públicos los nombres y otros datos pertinentes relativos a personas físicas y jurídicas, entidades y organismos cuyos capitales y recursos económicos deban ser inmovilizados», señala el Reglamento. Establece, además, que los Estados miembros de la UE deberán establecer las sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto en el Reglamento. «Dichas sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias».
Si preguntase, por ejemplo, el general Padrino López, ministro de la Defensa de Maduro, ¿qué se entiende por «recursos económicos»?, su abogado le dirá: Pues, «activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios».
Si el general Reverol, ministro de la represión, se interesare por la definición, por ejemplo, de «inmovilización de recursos económicos», su testaferro le contestará, un tanto nervioso: Pues, «toda actuación con la que se pretenda impedir el uso de recursos económicos para obtener fondos, bienes o servicios de cualquier manera, incluidos, aunque no con carácter exclusivo, la venta, el alquiler o la constitución de una hipoteca».
Tarek El Aissami, a quien ya le han congelado en Estados Unidos buena porción de sus haberes, no tiene necesidad de cerciorarse del concepto europeo sobre «inmovilización de fondos». Se trata, simplemente, del hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a estos, cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, titularidad, posesión, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de su cartera.
Al español Alfredo Serrano Mancilla, asesor económico del régimen, presidente virtual del Banco Central de Venezuela, que puso a Sanguino y luego a Lobo, no habrá que explicarle nada. Sabe muy bien qué son «fondos».
Fondos: La UE los califica como activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza.
Entran allí:
- Efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;
- Depósitos en entidades financieras u otros entes, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;
- Valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos y obligaciones, pagarés, warrants, obligaciones sin garantía y contratos sobre derivados;
- Intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;
- Créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;
- Cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;
- Documentos que atestigüen una participación en fondos o recursos financieros.
Las empresas de maletín deben tener muy presente que en la jaula europea hay un espacio, justo debajo del palo gallinero, disponible para albergarlos. Si disfrazan sus negocios bajo la modalidad de «asistencia técnica», el reglamento de las sanciones les tiene su apartado especial.
Son objeto de restricción «cualquier apoyo técnico relacionado con la reparación, el desarrollo, la fabricación, el montaje, ensayo, mantenimiento o cualquier otro servicio técnico, y que puede adoptar la forma de instrucción, asesoramiento, formación, transmisión de conocimientos o capacidades de tipo práctico, o servicios de consulta. La asistencia técnica incluye las formas orales de asistencia».
Esto último se refiere a una modalidad (utilizada, por ejemplo, en el caso de contratos otorgados a la empresa eléctrica española Duro Felguera) que lleva en la trastienda el cobro de comisiones gigantescas.
Los testaferros que triangulan en nombre de «servicios de intermediación» deberán saber que se prohíbe la negociación u organización de transacciones destinadas a la compra, venta o suministro de bienes y tecnología o de servicios técnicos y financieros procedentes de un tercer país a cualquier otro tercer país, o la venta o compra de bienes y tecnología o de servicios técnicos y financieros que se encuentren en un tercer país con vistas a su traslado a otro tercer país.
Europa es ancha, a veces permisiva con capitales venezolanos producto de la corrupción gubernamental. Sin embargo, sus trazas en las bancas de Andorra, Luxemburgo y Suiza se encuentran en poder de las autoridades europeas. Y lo saben.
La jaula de oro ha sido abierta, a la espera de que entren calandrias y gorrioncillos cantando su dolor.