La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, advirtió en mesa de trabajo convocada por la CIDH y el Secretariado de acceso a los derechos y equidad de la OEA, que la situación migratoria venezolana corre el riesgo de agravarse en los meses venideros
La investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, advirtió este viernes en Washington los riesgos que comportan la explosiva situación del éxodo masivo de venezolanos y promover la aplicación de un plan regional para atender el fenómeno. Al encuentro asistieron miembros de las misiones diplomáticas de la OEA.
La socióloga y profesora universitaria participó como ponente en una mesa de trabajo sobre este tema, especialmente convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Secretariado de acceso a los derechos y equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Cuando se les pregunta a los venezolanos por qué están emigrando, dicen que lo hacen por razones económicas, laborales, de inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, además de la situación política. Queremos mostrar lo que está ocurriendo en esas áreas y poner la información en contexto para explicar por qué el éxodo venezolano califica dentro de lo que se llama migración forzada”, explicó.
La activista indicó que la ONG que representa quiere llamar la atención de las misiones diplomáticas del continente ante lo que, advierte, se agravará en los meses venideros. “Nuestras estimaciones indican que entre marzo y mayo, el número de venezolanos que salen diariamente por las distintas fronteras pasó de 5.000 a 10.000. De acuerdo a ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) hasta marzo 1.6 millones de personas habían emigrado de Venezuela. Al cierre de 2018 este flujo migratorio podría duplicarse y superar los 3 millones. Esa es la tendencia y eso es lo que nos alarma”.
Bolívar expuso también ante los participantes la necesidad de atención y protección a los venezolanos que están en situación de vulnerabilidad migratoria por la negación de pasaportes. Señaló que gobierno venezolano está negándole a sus ciudadanos los documentos de identidad no solo dentro sino fuera del país. “Tenemos información de gente que lleva hasta 26 meses esperando por la renovación de un pasaporte y el consulado no se lo tramita. Hay personas que han perdido trabajos y están en un limbo porque no pueden estamparle el permiso de residencia, aun habiendo cumplido los trámites. Creemos que los gobiernos deben flexibilizar los trámites migratorios en estos casos porque se trata de la vulneración de un derecho humano, como lo es la identidad”.
En el foro también intervinieron el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, y Francisco Quintana, representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA Y LA “LISTA TASCÓN”
La abogada Bolívar también se pronunció sobre la sentencia emitida el pasado miércoles 30 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que los jueces de este tribunal, de manera unánime, encontraron al Estado venezolano “responsable por la violación a los derechos políticos y libertad de pensamiento y expresión” así como de “desviación de poder y discriminación política”, al despedir arbitrariamente a funcionarios del gobierno nacional que firmaron en el año 2003 a favor del referendo revocatorio contra el presidente Hugo Chávez. y fueron incluidos en la llamada “Lista Tascón”.
“Para nosotros es una sentencia muy importante porque es la primera sentencia de la Corte Interamericana en la que se trata el tema de la discriminación por razones políticas. Es una sentencia importante para el continente, pero sobre todo es tremendamente importante para Venezuela en momentos en que la ‘Lista Tascón’ sigue viva de diferentes maneras y ha mutado hacia lo que hoy se conoce como el Carnet de la patria, una nueva forma de discriminación, una nueva ‘Lista Tascón’ que está utilizando el gobierno con mayor perversidad porque es negarle a la población acceso a comida, a vivienda, a medicamentos por un control político inaceptable. Esa es la importancia de la sentencia. Esto que está pasando hoy en Venezuela en materia de discriminación no va a quedar impune porque esa sentencia ya nos da la plataforma para luchar a favor de los derechos de todas estas personas”, enfatizó.
En un comunicado difundido en su cuenta oficial de Twitter, la Corte Interamericana de Derechos Humanos “ordenó diversas medidas de reparación, entre las que destacan, aquellas destinadas a adoptar las medidas necesarias para que los hechos relevantes de desviación de poder no queden en impunidad”.