ALEJANDRO ARRATIA –
En Venezuela, el Estado ha entrado en fase acelerada de descomposición. El Poder Ejecutivo se sostiene solamente en la capacidad represiva: fuerzas armadas que le prestan apoyo indigno sin contrato de fidelidad y bandas para-militares mercenarias y felonas. El Tribunal Supremo de Justicia -presidido por un malandro- es dependiente y genuflexo. El Poder Judicial cobardemente ha desaparecido, mientras los Tribunales Militares aplican su “justicia” a ciudadanos indefensos. La Presidencia centraliza la administración pública en abierta lucha contra gobernadores y alcaldes. El Poder Legislativo/Asamblea Nacional (AN) lidera la protesta democrática contra el presidente. La Fiscalía General de la Republica (FGR) ha asumido la denuncia de las violaciones de la Constitución y la salvaje represión a los ciudadanos. El Estado supera la lista de atributos que teóricos y organismos especializados discuten y enumeran para caracterizar y, en consecuencia, aplicar los adjetivos: “fallido” y “forajido”.
Los Estados fallidos poseen gobiernos fracasados, con altos niveles de corrupción, incapaces de cumplir con la prestación de servicios fundamentales para sus ciudadanos; presentan deficiente control sobre el territorio, demuestran incapacidad económica para el mantenimiento del aparato administrativo y son ineficaces en la protección de la vida y la propiedad privada; manipulan la administración de justicia y contribuyen reiteradamente a degradar las instituciones públicas. Se considera, además, que un Estado es forajido por la manifiesta incapacidad de interactuar con los países y es sujeto de incumplimiento contumaz de leyes y convenios de organismos internacionales cuya finalidad es proteger los derechos humanos, así como, preservar el orden y la paz mundial. Los gobiernos fallidos y forajidos carecen, por tanto, de legitimidad democrática; si la tuvieron de origen, la perdieron en el ejercicio autoritario.
La elección de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015 sorprendió al régimen: millones de venezolanos votaron contra el gobierno, los rechazaron barrios de Caracas y también pueblos apartados de los Andes, los llanos y la costa. El desánimo en las huestes rojas impedía su movilización. La avalancha de votos bloqueó el fraude, quedaba el recurso de las bandas armadas sembrando violencia y caos suficiente para justificar el estado de excepción. Las divergencias internas en las Fuerzas Armadas obligaron al alto mando a reconocer resultados y prohibir la acción de “colectivos” oficialistas. Maduro y los suyos tomaron decisiones y las publicaron: en Venezuela más nunca habrá elecciones ni en nuestras juntas comunales; no funcionará la Asamblea Nacional; garantizaremos la absoluta sumisión del Tribunal Supremo y el conjunto del poder judicial; mantendremos las apariencias democráticas. La ficción es un pilar del sistema.
A lo largo del 2016, annus horríbilis de la democracia, cumplieron lo resuelto y una mala lectura de la situación nacional e internacional les convenció de que podían amurallar el autoritarismo, eliminar los partidos, anular definitivamente la Asamblea Nacional y crear el nuevo orden legal del socialismo mediante una constituyente fraudulenta que garantizara el funcionamiento eterno a la cubana. Golpes de Estado o el golpe continuado –no importa la denominación– los ha llevado al límite, ya ninguna institución seria o persona medianamente sensata duda del carácter dictatorial del régimen: allanamientos de edificios habitacionales, destrozos de bienes particulares, robos, armas de fuego, bombas y gases de diferente tipo contra las concentraciones; cientos de presos, heridos y 86 muertos (hasta el 12 de junio) es el saldo de la represión. Durante dos meses y medio el único lenguaje del gobierno ha sido el uso indiscriminado de la violencia.
En 18 años el chavismo ha sufrido varias derrotas, la más grave fue la renuncia de su jefe máximo a la Presidencia de la República en abril del 2002. Debilitadas las fuerzas armadas y la oposición democrática acorralada, salieron de esa crisis fortalecidos. De nuevo intentan el contraataque. El paso atrás que significó la elección de la AN no pueden aceptarlo como un fracaso definitivo; al contrario, repuestos del susto, consideraron en Caracas y en la Habana que el revés era transitorio y una vez más les permitiría avanzar en la aplicación de las ideas de la logia militar que, desde los años setenta del siglo pasado, conspiraba en los cuarteles; los mismos que fallaron con el golpe de Estado en 1992, los mismos facinerosos que trasmutados en gobernantes no han podido desarrollar a plenitud el proyecto barnizado de programa electoral de 1998. Lo que hoy pretenden alcanzar tiene idéntico propósito autoritario: erradicar la democracia representativa.