Los jubilados y pensionados venezolanos que residen en el exterior del país viven un drama doble. Observan desde lejos la crisis humanitaria que azota a sus paisanos, inducida por el gobierno, y a la vez sufren su propia crisis de sobrevivencia ante la negativa del gobierno a cancelarles las pensiones a que tienen derecho. Desde hace 31 meses no perciben un céntimo. En España, donde reside el grupo más numeroso, la espera se ha convertido en tragedia. Cuatro han muerto, otros recurren a un plato de comida o a una cajita de alimentos que les proporcionan organizaciones de caridad, varios han sido desalojados de sus viviendas alquiladas, acuden a las representaciones venezolanas y a las entidades oficiales españolas pero no reciben respuestas que alivien sus desesperanzas.
La mudez gubernamental ante las continuadas solicitudes de encarar el problema «ha originado una situación de vulnerabilidad y exclusión social que nos está ocasionando una situación muy delicada», manifiesta la Asociación que les agrupa en Madrid. «Ya tenemos cuatro fallecimientos en menos de un año, de personas que incluso no tienen ni cómo hacer frente a los gastos funerarios … algunos están haciendo labores de limpieza, cuidado de niños y ancianos, y otros que no pueden, están en situación de alta vulnerabilidad».
A partir de la constatación de que hasta el mismo presidente Maduro se burla públicamente de la situación de los pensionados y jubilados, al anunciar pagos que luego incumple, las organizaciones en España han reiniciado las movilizaciones.
En Madrid, el martes 23 de enero, unas 50 personas se manifestaron ante el Consulado de Venezuela, exigiendo al cónsul general, Mauricio Rodríguez, respuesta a sus planteamientos. El funcionario no salió de su despacho, como tampoco hizo caso en septiembre pasado ante visita similar.
El gobierno sigue haciendo censos en los consulados, a los que cada pensionado y jubilado debe acudir para certificar que aún vive, a pesar del abandono a que han sido sometidos.
El profesor Pedro Ontiveros, presidente de la Asociación en Madrid, el martes 23 planteó a las puertas del consulado varias alternativas:
1.- Que mientras dure la crisis económica aducida, el gobierno de Venezuela pida al gobierno de España el pago de pensiones mínimas a los residentes afectados.
2.- Que el gobierno venezolano solicite al Banco Santander (administrador de las pensiones en España) una línea de crédito para que se cancelen pensiones mínimas hasta que el gobierno solvente su situación.
3.- Que el IVSS certifique ante el Instituto Nacional de Seguridad Social de España que desde dos años y medio no ha emitido ningún pago, de manera que el gobierno español permita la tramitación y pago de pensiones contributivas.
En el Senado español, en el Congreso de los Diputados, en varios parlamentos autonómicos, en varios ayuntamientos, en Galicia, en Asturias, en Canarias, en Barcelona, han sido aprobadas mociones y disposiciones en beneficio de los afectados, pero la política del gobierno central ha sido evasiva: «Hemos recurrido al INSS, ministerio de Empleo y Seguridad Social, ministerio de Exteriores, Defensoría del Pueblo, para hacer la reclamación y exigir que nos ayuden al cumplimiento del mismo (Convenio Bilateral España-Venezuela), pero tampoco hemos obtenido muchas respuestas», dice Ontiveros.
Manifestaciones como la de Madrid se están realizando en toda España. La Federación de Jubilados y Pensionados (Fapejuves), que agrupa a las asociaciones de Andalucía, Aragón, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia, se manifestará el próximo 4 de febrero en la Plaza de Callao, en Madrid.
