La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó hoy 30/6/2017 en Ginebra preocupaciones sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.
El portavoz del ACNUDH, Rupert Colville, comentó la “continua violencia” ocurrida durante una serie protestas en el país, en las cuales se registran más de 75 muertes y miles de personas heridas.
Colville se refirió también a recientes decisiones de la justicia venezolana en relación a la Fiscal General de la República y las funciones del Ministerio Público en el país, entre otros temas.
El portavoz instó a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el estado de derecho, y pedimos al gobierno que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica, así como a la libertad de opinión y de expresión.
Declaración completa del portavoz del ACNUDH sobre Venezuela:
“Venezuela:
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, adoptada el 28 de junio, de comenzar un proceso de remoción contra la Fiscal General, congelar sus bienes y prohibirle la salida del país es profundamente preocupante, así como la continua violencia en el país.
También nos perturba la decisión adoptada el 27 de junio por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de declarar nula y sin efecto la designación de un Fiscal General adjunto por parte de la Fiscal General, y nombrar en su lugar a un adjunto temporal, en violación del procedimiento de designación según la ley venezolana. La Sala también otorgó a la Defensoría del Pueblo algunas de las funciones –hasta ahora- exclusivas de la Fiscal General.
Desde marzo, la Fiscal General ha dado pasos importantes en defensa de los derechos humanos, documentando las muertes ocurridas durante la ola de protestas, insistiendo en la necesidad de respetar el debido proceso y en la importancia de la separación de los poderes, así como llamando a liberar inmediatamente a las personas que han sido detenidas arbitrariamente.
Nos preocupa que las decisiones de la Corte Suprema parezcan orientadas a despojar al Ministerio Público de su mandato y responsabilidades consagrados en la Constitución venezolana, y socavar su independencia.
El despido de funcionarios judiciales debería estar sujeto a criterios estrictos que no menoscaben el desempeño independiente e imparcial de sus funciones. De acuerdo a las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales, los Estados deben asegurar que los fiscales puedan desempeñar sus funciones profesionales sin intimidación, impedimento, hostigamiento, interferencia indebida o exposición injustificada a responsabilidades civiles, parciales u otras.
Observamos que hasta el 22 de junio, según la Fiscalía General, 75 personas habían muerto y 1.419 resultaron heridas en las protestas. Más recientemente, según reportes, tres jóvenes manifestantes murieron a manos de fuerzas de seguridad -dos por armas de fuego y otro que murió cuando, según la información recibida, un policía le disparó directamente con un contenedor de gas lacrimógeno. Además, hay cada vez más relatos de que las fuerzas de seguridad han irrumpido en edificios residenciales, han llevado a cabo allanamientos sin contar con una orden y detenido a personas, presuntamente con la intención de disuadir a la gente de participar en las manifestaciones y buscando a partidarios de la oposición.
Instamos a todos los poderes del Estado venezolano a respetar la Constitución y el estado de derecho, y pedimos al gobierno que garantice el derecho a la libertad de reunión pacífica, así como a la libertad de opinión y de expresión.
También hacemos un llamado a todas las personas en Venezuela para que solo utilicen medios pacíficos para hacerse oír e instamos a todas las partes a renunciar a la violencia y el hostigamiento de las personas con visiones opuestas.”
Embajador Jorge Valero rechazó comunicado de Oficina del Alto Comisionado de la ONU para DDHH
El Embajador permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra, Jorge Valero, rechazó el comunicado de prensa emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de su portavoz, Rupert Colville.
«Es lamentable que el Portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Rupert Colville, nunca manifieste preocupaciones por la conducta terrorista de algunos sectores y actores de la oposición venezolana, pero con inusitada frecuencia objete el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas», señaló Valero.
El Embajador indicó que Colville hizo cuestionamientos sesgados sobre las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia, frente a la denuncia interpuesta ante las acciones emprendidas por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, en desconocimiento de las atribuciones inherentes a su cargo.
«Extraña que la Oficina del Alto Comisionado no haya solicitado información oficial al Estado venezolano y que, en cambio, contribuya, con cuestionables declaraciones de prensa, a alimentar la campaña internacional orquestada para desprestigiar la transparencia de las instituciones democráticas venezolanas, en especial, nuestro Poder Judicial», precisó el diplomático.
Asimismo, Valero calificó sin fundamento las aseveraciones de la Oficina del Alto Comisionado, que constituyen una clara violación al principio universal de no intervención en los asuntos internos de los Estados, y cuestiona la transparencia, la objetividad e imparcialidad del Poder Judicial venezolano.
