La crisis política de Venezuela dio otro giro fatídico el domingo 30 de julio con la elección fraudulenta de una Asamblea todopoderosa encargada de reescribir la constitución. El analista senior del International Crisis Group (ICG) para la región andina, Phil Gunson, dice que esa votación representa el final del poco espacio democrático que aún existe y lleva al país a la dictadura. Pero, sostiene, todavía hay una buena posibilidad de evitar que la violencia se generalice si los que intentan hacerlo actúan en concierto y de buena fe.
PHIL GUNSON, analista senior Andes de ICG –
¿Puede explicar cómo fue la votación del domingo?
El domingo, el gobierno chavista dirigido por el presidente Nicolás Maduro llevó a cabo una «elección» unilateral de una Asamblea Constituyente, una institución sumamente poderosa de 545 escaños con el poder de revisar o incluso desechar la constitución del país. Con Venezuela vacilando en medio de crisis sociales y económicas, así como de cuatro meses de protestas casi diarias dirigidas por la oposición, el gobierno está jugando la carta de la Asamblea Constituyente en un intento de consolidar su control del poder.
¿Se puede describir como una elección libre, justa y democrática?
En el sentido convencional de la palabra, la votación del domingo no fue una elección. Fue una propuesta del gobierno para eliminar la disidencia del sistema político venezolano con un golpe de una pluma, en lugar de enfrentarse a una elección libre y justa que seguramente habría perdido de manera decisiva. Esta es la culminación del largo descenso de Venezuela hacia la dictadura total, algo que el país no ha visto desde los años cincuenta.
Según la Constitución de 1999, inspirada y promovida por el predecesor y mentor de Maduro, Hugo Chávez, el electorado debería decidir si se convoca una asamblea constituyente. Pero el gobierno de Maduro eludió esta previa consulta popular y, en su lugar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceleró las elecciones, violando tanto la ley como sus propios reglamentos.
El gobierno también manipuló el sistema de votación para asegurar que, incluso si la oposición participaba, la victoria estaba casi garantizada. Esto contrastaba con las elecciones previas en las que -aunque el campo de juego estaba fuertemente inclinado a favor del gobierno- los resultados reflejaban ampliamente las intenciones de los votantes. El sistema estaba sesgado contra áreas urbanas densamente pobladas donde la oposición es más fuerte. Las reglas también estipulaban que 173 miembros de la asamblea serían elegidos por ocho «sectores» arbitrariamente elegidos de la población (como los trabajadores o pensionistas). Significaba que alrededor del 40 por ciento del electorado tenía sólo un voto, mientras que la mayoría podía votar a favor de un representante «territorial» y un representante «sectorial», socavando así el principio de «una persona-un-voto». No existen registros de votantes auditados para estos «sectores»,
El Consejo Nacional Electoral ha sido cómplice de los intentos del gobierno de subvertir la Constitución. Desde 2015, se supone que debió llevarse a cabo tanto un referendo revocatorio legalmente obligatorio -que habría dado al electorado la oportunidad de retirar al presidente Maduro- como también las elecciones locales y para designar nuevos gobernadores de estado. Sin embargo, ninguno de los tres fue llevado adelante. En contraste, el CNE pudo organizar el voto del domingo en tiempo récord.
La participación electoral es un asunto de considerable controversia. El CNE afirma que más de ocho millones de personas votaron el domingo, pero fuentes independientes sugieren que los votantes fueron menos de la mitad de ese número. La agencia de noticias Reuters obtuvo cifras internas del consejo indicando que media hora antes de que cerraron las mesas de votación, sólo 3,7 millones -menos del 20 por ciento de los votantes- habían sufragado. La empresa que suministró las máquinas de votación, Smartmatic, anunció que la participación real fue por lo menos un millón de votos inferior que los resultados oficiales. Además, debido a que el CNE permitió que muchos votantes eligieran su mesa electoral, y porque los votantes no utilizaron la tinta indeleble tradicional, hay razones para sospechar que algunos votaron más de una vez.
¿Qué poderes tiene la Asamblea Constituyente y cómo se utilizará?
Como un órgano supraconstitucional, la Asamblea tiene el poder de anular las instituciones existentes, reestructurar el Estado e incluso sacar a un presidente de su cargo. No hay control de sus acciones ni límites en cuanto a la duración de sus deliberaciones.
El presidente Maduro ha manifestado su intención de transformar a Venezuela en un estado comunal similar a Cuba. Esto significaría la disolución del parlamento del país, conocido como Asamblea Nacional, que la coalición de oposición Unidad Democrática (MUD) ha controlado desde principios de 2016. Bajo la Constitución de 1999, se supone que el poder legislativo es independiente y actúa de manera autónoma. Pero la Asamblea Constituyente podría cerrarla y despojar a los legisladores de su inmunidad y someterlos a persecución penal. En su discurso de celebración el domingo por la noche, Maduro dejó en claro cuáles eran sus intenciones.
En teoría, la Asamblea Constituyente podría eliminar al presidente. ¿Permanecerá leal al presidente Maduro?
La Asamblea Constituyente inevitablemente alterará las relaciones entre el gobierno y la oposición, pero también podría sacar a la luz divisiones dentro del propio campo del gobierno. La cuestión más importante a la que se enfrentará la Asamblea una vez instalada es quién se convertirá en su presidente. El resultado dependerá de qué facción del partido gobernante se considere que ha ganado la mayoría de los escaños. Si prevalece el principal rival de Maduro, Diosdado Cabello -vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)-, ello representaría al menos un cambio de estilo y podría presagiar una división en el gobierno. Maduro, un ex dirigente sindical que recibió entrenamiento ideológico en Cuba, representa a la línea dura, la izquierda civil del movimiento. Cabello, un capitán del ejército que participó en el golpe de 1992 de Hugo Chávez, pertenece a su ala militar, y tiende a ser más «halcón» en público que Maduro. Sus compañeros de la academia militar ahora son generales bien situados. La fricción entre los dos campos, cada uno de los cuales controla distintas instituciones estatales y fuentes de ingresos, ha surgido de vez en cuando a pesar de los esfuerzos exitosos hasta la fecha para mantener un frente unificado contra la oposición. Cabello es visto por algunos como hostil a la influencia cubana en Venezuela, pero decir que uno de los dos es más propenso a negociar sigue siendo un asunto de especulación.
¿Qué opciones quedan abiertas a la oposición?
La oposición ha organizado protestas casi diarias durante los últimos cuatro meses. Las escaramuzas con las fuerzas de seguridad del gobierno han dejado a más de 100 personas muertas, con por lo menos una docena de muertos solo el domingo, convirtiéndose en el día más violento desde que comenzaron las protestas en abril. Las demandas originales eran elecciones libres y justas, la admisión de alimentos y asistencia médica para aliviar la crisis humanitaria, la liberación de presos políticos (de los que ya hay más de 400) y el respeto a la separación de poderes, incluida la autoridad del parlamento. Cuatro meses después, ninguna de las demandas de la oposición se ha cumplido. Peor aún, el país ha dado varios pasos hacia atrás, sobre todo con la creación de la Asamblea Constituyente y el regreso a la cárcel de dos importantes líderes de la oposición -Leopoldo López, fundador del Partido Voluntad Popular, y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas- en una incursión nocturna conducida por la policía secreta.
Por su parte, la coalición de la oposición se enfrenta al reto de explicar a sus seguidores por qué ha fallado hasta la fecha y, lo que es más importante, necesita plantear una nueva estrategia. Si el presidente Maduro lleva a cabo su amenaza de cerrar la Asamblea Nacional, la oposición perderá la única institución nacional que controla. En los próximos días, mantener a sus partidarios en las calles puede ser cada vez más difícil, debido a la creciente represión y probablemente la desilusión popular. Ya está mostrando signos de severas tensiones internas en temas como la formación de un gobierno paralelo y si participar o no en las elecciones regionales, ahora programadas para diciembre.
Sin una estrategia clara y ante una intensa persecución, muchos líderes de la oposición y parlamentarios podrían verse forzados al exilio o esconderse. Como resultado, los líderes formales de la oposición -parlamentarios, alcaldes, gobernadores estatales y líderes de partidos- se arriesgan a perder el control del movimiento. Aún cuando muchos partidarios se desencantan, otros pueden radicalizarse y optar por un enfoque más violento. El domingo, un artefacto explosivo hirió a media docena de policías en el este de Caracas, dominado por la oposición. En caso de que se repitan estos acontecimientos, el conflicto político de Venezuela podría transformarse en una guerra civil de baja intensidad.
Es esencial que la MUD se distancie de la minoría violenta y permanezca unida en torno a una estrategia de desobediencia civil. La formación de un gobierno paralelo con la esperanza de obtener reconocimiento internacional probablemente sería una distracción. Si bien muchos gobiernos han indicado que no reconocerán a la Asamblea Constituyente y seguirán considerando a la actual Asamblea Nacional como legítima legislatura, no retirarán el reconocimiento del gobierno de Maduro a favor de un organismo que no tiene poder real. La decisión de participar en las elecciones regionales es más difícil y divisiva, sobre todo ahora que el Consejo Nacional Electoral ha demostrado su disposición a cometer un fraude directo.
¿Cuál ha sido la reacción de las potencias regionales e internacionales a la votación del domingo?
La comunidad internacional ha despertado -aunque tardíamente- ante la idea de que sin ayuda externa Venezuela seguirá implosionando. También se ha dado cuenta de que tal desarrollo tendría consecuencias negativas para el país, pero también para la región y el mundo en general. Docenas de países, entre ellos la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros y la mayoría de las naciones más grandes de las Américas, han dicho que no reconocerán el resultado de la votación del domingo.
Hasta la fecha, la Organización de los Estados Americanos (OEA) no ha podido tomar medidas sustantivas. Los aliados latinoamericanos de Venezuela -es decir, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, así como los estados caribeños que reciben petróleo venezolano subsidiado- han bloqueado cualquier iniciativa percibida como desfavorable para el gobierno de Maduro. Podrían ver el voto del domingo como un estímulo para continuar por este camino. Otros miembros de la OEA han comenzado a buscar foros alternativos: el 8 de agosto, cancillería del Perú acogerá una reunión de ministros regionales de Relaciones Exteriores que podría dar lugar a la formación de un «grupo de contacto» con el objetivo de presionar a Caracas para que regrese a la democracia.
En respuesta a la votación del domingo, Estados Unidos impuso sanciones contra el presidente Maduro, congelando cualquiera de sus bienes «sujetos a la jurisdicción estadounidense». Se ha abstenido por ahora de aplicar sanciones más amplias, como la restricción de las exportaciones a Venezuela de los componentes de crudo ligero y gasolina que son esenciales para su industria de refinación. La administración de Trump ha dejado claro, sin embargo, que puede apretar los tornillos en una fecha posterior. Pero tales sanciones podrían agravar la crisis humanitaria y proporcionar así al gobierno una excusa conveniente para la grave situación económica del país.
El talón de Aquiles del régimen es su crisis económica y financiera, y en particular su aplastante deuda externa. Alrededor de 5.000 millones de dólares en pagos del servicio de la deuda deben ser desembolsados antes de que finalice este año. Un default caótico transformaría el panorama económico del país y debilitaría aún más la posición internacional y doméstica del gobierno. Mucho dependerá de la postura de los principales partidarios internacionales de Venezuela: Rusia y China. Como importante productor de petróleo, Rusia podría intervenir para reducir el impacto de las futuras sanciones petroleras de Estados Unidos, mientras que China podría aumentar su apoyo financiero a Caracas ampliando el período de amortización de la deuda, permitiendo al régimen de Maduro un poco de respiro. Hasta ahora (3 de agosto), Moscú ha reiterado su postura pública condenando lo que considera «interferencia externa», mientras que Pekín ha permanecido en silencio.
¿Qué podemos esperar en los próximos días y semanas?
El gobierno ya ha dicho que va a destituir a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, una crítica vociferante de sus recientes acciones, y cerrar el parlamento dirigido por la oposición. Los líderes de la oposición, incluidos los parlamentarios que perderán su inmunidad, pueden ser encarcelados o terminar en el exilio o en la clandestinidad. Es probable que el régimen desee reprimir rápidamente para negarle tiempo a la oposición para reagruparse y revisar su estrategia.
Sin embargo, el gobierno también se enfrenta a un período difícil. Debe estar consciente de cuán pocas personas votaron realmente el 30 de julio y resolver las luchas internas por el control de la Asamblea Constituyente. El régimen podría fracturarse, pero la diferencia estaría en la forma en que lo haría. En un escenario, una facción más pragmática, dispuesta a negociar genuinamente con la oposición, podría tomar el relevo. Alternativamente, el ejército podría fragmentarse y dividirse entre partidarios y opositores del gobierno, sumiendo al país en caos y violencia más profundos. En otras palabras, los actores externos que se apoyen en divisiones dentro del régimen podrían encontrar que su apuesta es arriesgada.. El mejor resultado sería que la comunidad internacional ofrezca a los miembros del régimen una salida segura para ellos y para el país en su conjunto, a cambio de un proceso de negociación creíble que revierte las más recientes decisiones gubernamentales.
En este contexto, ¿qué se puede hacer?
Como Crisis Group ha defendido desde hace tiempo , lo que Venezuela necesita son negociaciones creíbles y estructuradas entre el gobierno y la oposición para resolver el estancamiento político y la grave crisis económica. Conseguir que las dos partes se sienten juntas es más difícil que nunca. Se requerirá un acuerdo sobre algunos principios básicos, como el respeto a la Constitución de 1999, y algunos impulsos (o por lo menos el consentimiento tácito) por parte de los más importantes aliados extranjeros del gobierno, sobre todo Cuba, Rusia y China, así como de los poderes regionales. En el mejor de los casos, una creciente presión nacional e internacional persuadiría al gobierno de la necesidad de acordar un acuerdo de transición, incluyendo un calendario para las elecciones bajo estricta supervisión internacional, precedido por el nombramiento de un consejo electoral neutral y ampliamente aceptado.
El gobierno no ha mostrado interés en esas negociaciones, pero eso no debe ser una excusa para la inacción. A pesar de que el régimen sigue siendo intransigente, se pueden tomar medidas importantes: establecer un grupo de contacto internacional que incluya aliados del gobierno de Maduro; la planificación de la ayuda de emergencia, en particular para ayudar al flujo creciente de refugiados y, cuando sea posible, llevarlo a cabo; imponer sanciones cuidadosamente seleccionadas y ampliamente coordinadas, centrándose en las que impedirán que los funcionarios gubernamentales y sus aliados roben dinero de las arcas nacionales; y persuadir a los países que todavía están dispuestos a hacer negocios con la Asamblea Constituyente a unirse al creciente número que la ha repudiado. Al mismo tiempo, se deben transmitir garantías creíbles al liderazgo central del gobierno de que una salida negociada puede incluir garantías para su seguridad personal, y a los funcionarios de rango medio advertirles que un sistema de justicia de transición puede ser implementado para prevenir la caza de brujas.
Por supuesto, esas garantías sólo serán persuasivas para el régimen si son garantizadas por los principales aliados internacionales del gobierno y si están plenamente respaldadas por la oposición. Esto último es una carga pesada: la oposición tendrá que entender que ningún fin del conflicto -y ciertamente no pacífico- probablemente se producirá a través de un repentino cambio de régimen o bajo un escenario en el que el ganador lo toma todo. La situación actual es grave. Pero todavía hay una buena posibilidad de evitar que la violencia se generalice si los que intentan hacerlo actúan en concierto y de buena fe.
