La Corte Constitucional actuó en defensa de una pareja venezolana que llegó a Colombia en 2016 a través de un paso informal, y la mujer con 4 meses de embarazo, se le negó atención
La Corte Constitucional colombiana respondió a una ponencia que defendía la vicepresidente de la corporación, Gloria Stella Ortiz, con la orden estricta a todos los hospitales de ese país de prestar la atención necesaria a las mujeres venezolanas que estén en momento de parto.
Se trata de una decisión que defiende los intereses de una pareja venezolana que llegó a Colombia en 2016 a través de un paso informal por la crisis en Venezuela. Para ese entonces, la mujer tenía cuatro meses de embarazo. Tras pedir a un hospital en Arauca controles prenatales gratuitamente para saber del estado de la gestación del bebé, este instituto se negó a prestarle atención.
Finalmente, a la pareja venezolana se le practicaron los exámenes, pero con un costo de 1.280.000 pesos. “Se transformó en una fuente de estrés adicional para la actora, pues ella y su esposo siempre manifestaron que no podían pagarlo”, se lee en la sentencia de la Corte.
Al estudiar este caso, el alto tribunal estableció que “el Estado está en la obligación de prestar los servicios de atención básica y de urgencia a todas las personas, independientemente de que la persona que los requiera sea extranjero con permanencia irregular, especialmente teniendo en cuenta el contexto de crisis humanitaria en el que se encuentra Colombia por la migración masiva de ciudadanos venezolanos”.
El Ministerio de Salud de Colombia expidió el año pasado la Circular 000025 de 2017 para fortalecer las acciones de salud pública para responder a la situación de migración de la población proveniente de Venezuela. En ella se habla de la coordinación intersectorial que deben tener distintas entidades estatales para definir planes de acción y activar rutas de atención para los grupos y personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas las mujeres embarazadas o gestantes.
Sin embargo muchas venezolanas embarazadas seguían desprotegidas y enfrentan barreras que ponen en peligro sus vidas. El año pasado, por ejemplo, se conoció el caso una venezolana en Bogotá que pasó casi siete días sin recibir atención médica apropiada luego de que se le diagnosticara una muerte fetal. Convulsionó dos veces y estuvo a punto de sufrir una infección general (sepsis). También nos enteramos del caso de otra mujer venezolana en Duitama que sufrió un aborto espontáneo y cuya atención le fue negada porque no había llevado su pasaporte, cuando en Venezuela no los están expidiendo.
