Casi mes y medio se dilató el Congreso de los Diputados de España para votar una moción no de ley sobre la crítica situación que está viviendo Venezuela. Entre el momento de la introducción de la propuesta por el Partido Popular (31 de marzo) y la decisión aprobatoria de hoy jueves 11 de mayo, hubo varios debates, enfrentamientos, inhibiciones, enmiendas transaccionales, al tiempo que el gobierno de Nicolás Maduro terminaba de romper toda regla democrática y en las calles del país manaba la sangre y el sudor de millones de ciudadanos que cada día, sin descanso, están exigiendo libertad de los presos políticos, elecciones, ayuda humanitaria, restablecimiento de los poderes de la Asamblea Nacional.

La moción se discutió el martes 9 y se votó el viernes 11. La votación resultó en que 77% de los diputados dijeron SI, 17% se abstuvo y apenas 6% dijeron NO a la propuesta.

Por formaciones políticas:

Votos SI: 130 PP; 83 PSOE; 31 Ciudadanos; 5 Grupo Vasco; 10 Grupo Mixto. Total: 259 votos.

Votos NO: 9 Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; 9 Esquerra Republicana; 2 Grupo Mixto. Total: 20 votos.

Abstenciones: 54 Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; 4 Grupo Mixto. Total: 58 votos.

No votaron: 13, entre ellos, el presidente de gobierno Mariano Rajoy, puesto que la propuesta está dirigida a su persona.

Es significativa la posición de Podemos en esta votación. Con su abstención, se rompe la unidad de criterio y acción que se mantenía en la extrema izquierda española, financiada por el chavismo, sobre la situación venezolana. Izquierda Unida, encabezada por Alberto Garzón, escindió el bloque y apostó por seguir negando la realidad que vive la sociedad venezolana.

Pero el texto original de la propuesta no de ley también dice mucho sobre las consecuencias de la lentitud de las instituciones. La exposición de motivos está desactualizada.

PROPOSICIÓN
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la crisis institucional en Venezuela, para su debate en el Pleno (expediente 162/000396).
Exposición de motivos
La comunidad internacional viene atestiguando durante los últimos años un importante deterioro del estado de derecho en la república bolivariana de Venezuela. Este proceso ha culminado el pasado miércoles cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano asumía las competencias de la Asamblea Nacional, limitando la inmunidad a sus Diputados y otorgándose poderes extraordinarios en materia penal, militar, económica, social, política y civil. El bloqueo institucional que vive el país, a través del control que ejerce el poder ejecutivo sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral, ha venido impidiendo la aplicación de leyes e iniciativas legislativas, y afecta ya a todos los ámbitos de la política y a los derechos de los ciudadanos venezolanos.
La Asamblea Nacional, que ostenta una mayoría indiscutible de los partidos de la oposición desde el 6 de diciembre de 2015, ha estado trabajando para implementar medidas que aborden los desafíos económicos, sociales y de seguridad que afronta el país, sin poder avanzar frente a un gobierno que utiliza las instituciones en beneficio propio.
A pesar de las reiteradas resoluciones, dictámenes y declaraciones, provenientes de Unión Europea, de organismos regionales o de las principales organizaciones no gubernamentales encargadas de velar por los derechos humanos, y del intento de mediación promovido por UNASUR con la participación de los tres ex Presidentes y el Vaticano, el gobierno venezolano ha mantenido su rumbo, ignorado sistemáticamente las llamadas a la sensatez y al diálogo.
En este sentido, cabe destacar las declaraciones del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenando el auto golpe de Estado perpetrado por el régimen venezolano contra la Asamblea Nacional y las del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, expresando su tristeza por la situación que atraviesa Venezuela en donde se están dando pasos atrás en el camino hacia la democracia y la separación de poderes en el país.
La situación en Venezuela vive hoy sus peores días. La violación de los derechos humanos y libertades fundamentales es preocupante, a la situación de los presos políticos se le suma la ausencia de un sistema de justicia independiente, de libertad de partidos políticos y medios libres, y todo ello incide intensamente en el sufrimiento de la población, cuyas condiciones básicas de vida se han visto deterioradas de manera preocupante debido a la crisis humanitaria que vive el país. Venezuela es hoy una democracia fallida con presos políticos, la oposición perseguida, el Parlamento suspendido y en plena alarma social por la falta de alimentos y medicamentos.
España siempre ha demostrado estar comprometida con las libertades y con la promoción y defensa de los valores democráticos en el mundo, y especialmente en estados hermanos como la República de Venezuela, con la que le unen vínculos históricos, económicos y culturales en todos los ámbitos, y así lo ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones. En el año 2016, las peticiones de asilo en España por parte de ciudadanos venezolanos superaron la cifra de cualquier otra nacionalidad, incluida la siria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados:
– Muestra una gran preocupación por la situación en Venezuela, y por la grave crisis institucional que vive el país, a partir de la anulación de las competencias de la Asamblea Nacional.
– Manifiesta su compromiso con la defensa de la separación de poderes, base de toda democracia, y muestra su solidaridad con la Asamblea Nacional Venezolana, que debe actuar con autonomía, desarrollando su labor legítima.
– Manifiesta su convencimiento de que solo un diálogo urgente, inclusivo y basado en el sincero reconocimiento mutuo de los distintos actores políticos será efectivo para solucionar los problemas de Venezuela, y permitirá avanzar en la consecución de la paz social y la estabilidad política e institucional, con pleno derecho a la democracia y al respeto a los Derechos Humanos.
Insta al Gobierno a que:
– Exhorte al Gobierno venezolano a asumir responsabilidades con el fin de lograr el respeto de la democracia y el diálogo efectivo entre los poderes del estado.
– Emplace al Gobierno venezolano a que garantice la separación de poderes y el Estado de Derecho, las libertades, los principios democráticos, y los Derechos Humanos así como la convocatoria de elecciones previstas por el ordenamiento jurídico y constitucional del país.
– Continúe impulsando en colaboración con los distintos actores internacionales y regionales la búsqueda de soluciones, que garanticen el cumplimiento de los principios democráticos.
– Exija al Gobierno venezolano la inmediata liberalización de todos los presos políticos.»

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