Declaración de Congresos de América Latina Por Venezuela

La siguiente es la declaración de los parlamentarios asistentes al Primer Encuentro de Congresos de América Latina por Venezuela reunidos en Villa del Rosario, Norte de Santander el primero de junio de 2018:

Declaración de los Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América Latina y el Caribe

En el marco de la Carta Democrática Interamericana y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Presidentes, Mesas Directivas y Delegaciones de los Órganos Legislativos de América, en reunión solemne realizada en Villa del Rosario, Norte de Santander, el día 1° de Junio de 2018, con absoluto respeto por las normas de derecho internacional incluidas en los Instrumentos adoptados en el marco de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales competentes, teniendo en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los Derechos Humanos y conscientes de la imperiosa necesidad de activar planes conjuntos de alivio humanitario y restablecimiento de la democracia y el orden constitucional en la República de Venezuela,

CONSIDERANDO

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, de 31 de diciembre de 2017, señala que “ha venido observando un acelerado deterioro en la institucionalidad democrática y en la situación de derechos humanos en Venezuela que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir de 2015”.

Que el régimen político presidido por Nicolás Maduro ha anulado el principio de separación e independencia de poderes, base de toda constitución democrática y pilar protegido por el derecho interamericano.

Que el Gobierno de Nicolás Maduro ha instalado un régimen de represión y de violencia gubernamental que hace parte de una política de violación sistemática de los derechos humanos, de tal gravedad, que ha desencadenado en crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales la Corte Penal Internacional investiga en la actualidad un cúmulo de denuncias.

Que la falta de independencia del poder judicial, junto a la pretensión de eliminar la Asamblea Nacional y sustituirla de facto por una Asamblea Constituyente irregular e ilegítima, son expresiones de concentración del poder en el Gobierno que desprecian el Estado de Derecho y los principios democráticos a los que se han obligado soberanamente y libres de toda presión los países de la región, según sea el caso Convención Americana de Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, Mercosur, Unasur y demás organizaciones multilaterales de la región.

Que la crisis humanitaria en Venezuela, producto de la hambruna, el desabastecimiento general, la hiperinflación, los graves problemas en los servicios de salud y en el acceso a los mismos, así como la intensa represión, afectan severamente el goce del derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales de los venezolanos.

Que en Venezuela el régimen de Maduro ha destruido la clase media, y ha deteriorado la calidad de vida del pueblo en general al multiplicar la pobreza por ingreso que en 2014 fue de 48%, en 2015 de 73%, en 2016 de 81.8% y en 2017 de 87%, de este último el 64% de los venezolanos está en extrema pobreza.

Que la represión militar, policial y paramilitar ha cobrado cientos de víctimas mortales, que hoy el presidio político se extiende a más de 600 personas y que los líderes políticos y estudiantiles en su mayoría se hayan encarcelados, exilados o perseguidos, así como la severa restricción de la libertad de expresión que constituyen un componente ya histórico en la lógica represiva del gobierno.

Que producto de lo anterior, la ciudad de Cúcuta y el Departamento de Norte de Santander se han visto profundamente afectados, que la capacidad de atención a los exiliados se halla desbordada, lo cual agudiza los problemas sociales y económicos en esta ciudad y de este Departamento, y consecuencialmente, superar esta situación debe ser una responsabilidad compartida por todo el continente,

DECLARAN

1. Llamar a la solidaridad a los Gobiernos del Continente y a la Comunidad Internacional con el pueblo de Venezuela, ante la ruptura del orden constitucional y la suspensión del sistema democrático efectuada por el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro en abierta violación de las normas de protección del régimen democrático, el ejercicio de las libertades y de los derechos humanos que obligan a los países del hemisferio.
2. Desconocer los resultados de las elecciones nacionales del 20 de mayo de 2018 en Venezuela y rechazar la jornada electoral que se adelantó, cuya convocatoria fue ilegal y no cumple con los mínimos estándares democráticos aceptables para una elección.
3. Exigir la convocatoria a unas elecciones libres, transparentes y democráticas, que cuenten con todas las garantías para los participantes, incluyendo misiones imparciales de observación electoral y que se haga efectivo el derecho del pueblo venezolano a decidir sobre su futuro.
4. Convocar a la comunidad internacional para aunar esfuerzos a fin de contribuir con decididas acciones para que se restablezca en Venezuela el principio de separación e independencia de poderes y se respete la soberanía de su Asamblea Nacional, desconocida por el régimen de facto impuesto por Nicolás Maduro.
5. Condenar al Gobierno de Nicolás Maduro por pretender acallar las denuncias ante el mundo sobre la sistemática violación a los derechos humanos que ocurre en Venezuela, mediante el decomiso, la no expedición y el bloqueo de pasaportes a los miembros de la oposición que ostentan la dignidad de Diputados ante la Asamblea Nacional.
6. Reconocer la grave crisis humanitaria por la cual atraviesa el pueblo venezolano, producto de la ruptura de las instituciones democráticas, las violaciones flagrantes a las libertades y garantías básicas por parte del régimen encabezado por Nicolás Maduro y los miembros de la Asamblea Constituyente, respaldados por parte de Fuerzas Armadas desleales a la Constitución, Colectivos irregulares e intereses corruptos.
7. Rechazar las flagrantes violaciones al debido proceso, así como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que han sido sometidos los presos políticos venezolanos y sus familias, por el simple hecho de ejercer sus derechos fundamentales a la expresión y la protesta.
8. Reconocer la “responsabilidad de proteger” que tiene la Comunidad Internacional respecto a la debacle humanitaria, nutricional, sanitaria y migratoria venezolana, que ha generado un éxodo masivo.

En consecuencia,

NOS COMPROMETEMOS

A propiciar ante los Gobiernos de nuestros países las siguientes medidas inmediatas:

1. Convocar la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), a coordinar la gestión regional logística y presupuestal, para la atención de los migrantes venezolanos que ingresan a nuestros países a causa del evidente colapso institucional y de la hambruna en Venezuela.
2. Instar a nuestros Gobiernos a crear un Fondo de Cooperación Internacional para garantizar la atención humanitaria de los migrantes, su inserción laboral y productiva transitoria.
3. Desarrollar en nuestros Órganos Legislativos una agenda legislativa común que permita responder a la crisis coyuntural por la que atraviesan millones de venezolanos expulsados de su territorio producto de la represión del régimen y la situación de hambruna en dicho país a partir de las siguientes medidas:
4. Conceder refugio de forma automática a los funcionarios y dirigentes que hayan sido elegidos mediante voto popular, en cualquier fecha, desde 1998, a corporaciones o gobiernos locales, al igual que a los integrantes del poder judicial de Venezuela que así lo soliciten.
5. Facilitar la permanencia y tránsito de ciudadanos venezolanos con pasaportes y documentos caducados, ante la incapacidad o negligencia del régimen de Nicolás Maduro para suministrarlos.
6. Flexibilizar los requisitos de permanencia y residencia de los ciudadanos de Venezuela, así como la expedición rápida de salvoconductos migratorios para el tránsito interamericano de la población migrante.
7. Elaborar un régimen especial migratorio respecto de nuestros colegas de la Asamblea Nacional de Venezuela, para su libre tránsito y permanencia en nuestros territorios, eximiéndolos de los requisitos generales de regularización tales como la presentación de pasaportes, de manera que se les permita ejercer su derecho de locomoción en el territorio interamericano con cualquier documento de identidad.
8. Flexibilizar los criterios de acreditación de los títulos de los migrantes y adopción de un trámite expedito para la misma.
9. Frente a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y la consecuente pérdida de patrimonio venezolano, requerir a los Gobiernos y Órganos Legislativos de nuestros países:
10. Activar las unidades de inteligencia e investigación financiera y adoptar la legislación necesaria, para incautar y congelar los capitales controlados por altos funcionarios del gobierno venezolano en los países de la región, de las empresas controladas por estos y los fondos y demás patrimonio personal y de sus testaferros.
11. Negar y revocar las visas o el ingreso a los altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, a quienes hacen parte del Gobierno, a funcionarios judiciales involucrados en la violación del orden constitucional y del ordenamiento jurídico y a miembros de la Asamblea Constituyente, así como a sus socios en actividades comerciales.
12. Revisar los antecedentes de las solicitudes de visados especiales por inversión, para evitar que corruptos y violadores de derechos humanos, puedan establecer su patrimonio en nuestros Estados.

Cúcuta, Norte de Santander, Colombia, 1 de junio de 2018.