VÍCTOR SUÁREZ –
Diosdado Cabello, el diminuto robespierre de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana, ha perdido en las cortes de Estados Unidos un juicio que por los mismos supuestos ha evitado en España. El golpe a su credibilidad como fervoroso dirigente de la desastrosa revolución bolivariana, ha sido tan devastador que aún no ha podido reaccionar públicamente.
Como tampoco ha respondido adecuadamente a la acusación de la depuesta fiscal Luisa Ortega Díaz. En la conferencia de fiscales del ministerio público de los países de Mercosur, realizada en Brasil esta semana, le acusó de haber recibido 100 millones de dólares de parte de la cuestionada corporación brasileña Odebrecht, los cuales presuntamente le fueron depositados en España en cuentas de testaferros-primos. A su vez, Cabello acusó a LOD y a su marido, el diputado del PSUV Germán Ferrer, de dirigir una red de extorsión. Un ventilador de tracción conmutativa.
Aunque los reveses le vienen en cascada, su fórmula para el contraataque está haciendo bastante daño.
DISTRITO SUR
La semana pasada, la corte del distrito sur de la ciudad de Nueva York declaró sin lugar su demanda por difamación contra la corporación Dow Jones, propietaria del diario The Wall Street Journal, introducida a raíz de la publicación de un reporte periodístico según el cual Cabello y otros altos funcionarios del gobierno venezolano estarían siendo investigados en EEUU por tráfico de drogas y lavado de dinero. En su edición del 19 de mayo de 2015, los periodistas José de Córdoba y Juan Forero suscribieron un texto titulado: «Funcionarios venezolanos sospechosos de convertir a su país en centro mundial de cocaína».
Cabello, para entonces presidente de la Asamblea Nacional (hoy disminuida en sus facultades, único reducto de poder en manos de la oposición), no pudo demostrar que una unidad de élite de la agencia antidrogas y fiscales de Nueva York y Miami no lo estaban investigando, tampoco que hubo malicia y mala fe de parte del prestigioso diario estadounidense, y menos que no era «uno de los jefes, si no la cabeza, del cártel» que impera en Venezuela.
La Oficina de control de activos extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU, ha engordado en los últimos meses su llamada Lista Clinton, con la adición del presidente de la república (Nicolás Maduro), el vicepresidente (Tareck El Aissami), el titular del Poder Moral (Tarek Williams Saab), el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Mikel Moreno) y la presidenta del Poder Electoral (Tibisay Lucena). A todos ellos, junto a decenas de otros altos funcionarios gubernamentales y jefes militares, les han sancionado con bloqueo/embargo de sus cuentas bancarias en EEUU, pérdida de visados y prohibición de movilización de activos, medidas que se extienden a familiares y sujetos considerados testaferros o afines.
Para intriga de muchos en Venezuela, el Número 2 del régimen no ha sido incluido aún en esa lista de sancionados. Pero esta sentencia definitiva e inapelable de una corte de Manhattan y la circunstancia de que ahora es el «líder operativo» de una Asamblea Nacional Constituyente que ha sido desconocida -por fraudulenta en su origen y en sus actos- tanto por Estados Unidos como por una docena de países, incluyendo España, le otorgan a Diosdado Cabello el palmarés suficiente para engrosarla, aún cuando formalmente en EEUU no haya sido acusado de algún delito.
PERIÓDICOS DE AYER
La primera noticia documentada sobre las relaciones de Diosdado Cabello con el narcotráfico internacional (Cártel de los Soles) fue publicada en ABC el 27 de enero de 2015, suscrita por su corresponsal en Washington Emili J. Blasco. Decenas de medios y agencias de noticias internacionales la reprodujeron en todo el mundo. Cuatro meses después The Wall Street Journal la ratifica y amplía. Pero nunca se atrevió a demandar por difamación al diario español aun cuando su director Bieito Rubido ofreció pagarle tique de viaje y posada en Madrid. En su lugar, sí presentó querellas civiles y penales contra tres medios venezolanos que reprodujeron tales informaciones.
En su sentencia de 26 páginas, la jueza de distrito Katherine Forrest ha establecido que Cabello no había cuestionado adecuadamente la esencia o el contenido subyacente en las informaciones que lo señalaban como investigado por su posible participación en tráfico de drogas y lavado de dinero. Es decir, no desvirtuó la falsedad material del señalamiento como el «objetivo principal» de las investigaciones en EEUU.
La jueza también indicó que, en tanto figura pública relevante, Cabello no pudo certificar que el WSJ hubiera publicado su reportaje con conocimiento de alguna falsedad o con imprudente desprecio por la verdad, que es el estándar legal para acreditar que pudo haber actuado con malicia real.
A pesar de haber sido advertido de tales fallas en la construcción de la demanda, luego de dos intentos de recomponer los alegatos, Cabello no logró satisfacer los requerimientos de la justicia. Según él, la publicación dañaba su reputación, y por tanto exigía una indemnización pecuniaria, que nunca cuantificó.
La sentencia de Nueva York se conoció en Caracas el miércoles 16 de agosto. Esa noche, durante cuatro horas continuas en la televisión estatal, en su programa «Con el mazo dando», Cabello se dedicó a amenazar a la oposición política, a denostar de la depuesta fiscal general Luisa Ortega Díaz, a reiterar lealtad a Chávez, a denunciar personas que al día siguiente fueron detenidas por los cuerpos de seguridad y a alardear de supuestas acciones militares contra el tráfico de drogas. En ningún momento se refirió a su nuevo estatus: ganador en buena lid de boleto de ingreso a la Lista Clinton, con reja VIP en el talego, tras la acusación de la exfiscal.
HORCAS CAPILARES
Las reacciones de Cabello son del tipo juego de «pool» (billar americano), que tras la primera tacada las quince bolas ruedan despavoridas en el fieltro, tropezándose entre sí, sin poder evitar caer en alguna de las seis buchacas de la mesa del billar. Cede el combate personal, como ha hecho con ABC y con WSJ, a otras fuerzas que comanda. Ordena en todos los frentes. Y bastante que arremete contra los medios de comunicación.
El martes 22 exigió en el púlpito que las cadenas de TV privada en Venezuela deberán comparecer ante la ANC, por cuanto «tienen cuentas pendientes con la justicia desde el 11 abril de 2002 (cuando Hugo Chávez fue desalojado del poder durante 48 horas), y para que aclaren su participación en los (recientes) hechos de violencia», .
Además de menguada en audiencia, sin talento y censurada, quiere una televisión inicua. Aprovechando el envión, la ANC también quiere hacer desaparecer las redes sociales, Internet, toda rendija de información.
Tres medios han sido víctimas directas desde 2015 de su reclamo ante el «honor mancillado». Los diarios El Nacional y Tal Cual y el digital LaPatilla.com están sufriendo demandas civiles y penales por haber reproducido reportajes de ABC y The Wall Street Journal, relativos a la supuesta participación de Cabello en tráfico de drogas y legitimación de capitales.
-Por primera vez en el país, 25 directivos de empresas propietarias de tres medios han sido acusados penalmente por una misma persona, me comenta Humberto Mendoza D´Paola, abogado de Tal Cual.
Cabello solicita que cada empresa editorial le pague un mil millones de bolívares. Al cambio oficial, la suma equivaldría a $300 millones (255.149.000 €, a tasa de hoy).
La Patilla fue sentenciada el 31 de mayo de 2017. Tal Cual se encuentra en última fase (informes). El Nacional entrará un mes después.
La suma de retaliaciones ha seguido esta semana. Amenaza a Venevisión, Televen y Globovisión. Dos canales de la televisión colombiana (RCN, del conglomerado Ardila Lülle, y Caracol TV, propiedad de la corporación española Prisa, editora del diario El País), fueron eliminadas de las parrillas de la operadoras satelitales y por cable. Y dos emisoras de radio (Mágica y La FM) también salieron del dial por órdenes de Conatel.
