La situación de los venezolanos que abandonan su país en busca de un mejor modo de subsistencia, o porque huyen de la persecución y acoso que ejerce la policía política del gobierno de Maduro, se ha visto complicada en las naciones vecinas, debido no tanto al “flujo incontrolable” de familias que viajan a Colombia, Perú o Chile, sino porque Venezuela está atravesando serios problemas en sus relaciones con organismos interamericanos, como Mercosur.
Es por ello que la Defensoría y la Fiscalía brasileñas, entre otros organismos, demandaron la semana pasada la búsqueda de fórmulas para regularizar la situación migratoria de “miles” de venezolanos que ingresaron en Brasil “huyendo de la crisis política y económica” por la que atraviesa ese país.
El documento, publicado por la Fiscalía, denunció la saturación de las comisarías de la Policía Federal ante la gran demanda de solicitudes de refugio por parte de inmigrantes venezolanos que entran mayoritariamente por el estado fronterizo de Roraima. El documento apunta que el Estatuto del Extranjero que funciona en Brasil “no tiene alternativas para dar cuenta de este complejo flujo migratorio”, siendo la “única opción”, por ahora, solicitar el estatus de refugiado.
Este hecho “pone a los inmigrantes sin alternativa a la solicitud de refugio, así esa no sea la situación o su deseo personal”, pero al mismo tiempo “creó un gran contingente de personas que no consiguen obtener el acceso a dicho procedimiento“.
Los inmigrantes venezolanos no podrán acogerse, en este momento, al Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados pertenecientes al Mercosur, en vista de que Venezuela “está actualmente suspendido” del bloque regional, según indicó la misiva enviada al Consejo Nacional de Inmigración de Brasil.
“En esta circunstancia, los venezolanos no tienen como ampararse sobre este instrumento legal con la finalidad de obtener documentos de residencia y permiso de trabajos en Brasil“, detalla el manifiesto firmado, también, por otras fundaciones y ONG, como Cáritas.
Los cuatro países fundadores del Mercosur, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, comunicaron a Venezuela en diciembre pasado que dejaba de ejercer sus “derechos inherentes” como Estado parte del bloque regional, luego de haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo Adhesión.
Las instituciones participantes recordaron que negar la regularización de los inmigrantes sería en la práctica “contraproducente” para Brasil, y apuntaron que no sería “humanitario” impedir o rechazar “a estas personas la posibilidad de buscar supervivencia temporal” en Brasil, “cuando en su nación se encuentran en situación de extrema precariedad y hambre”.
De esta forma, las entidades surgieren organizar un grupo de trabajo para, “con la mayor celeridad posible”, regularizar “la situación migratoria de venezolanos que no sean solicitantes de refugio”.
Publicado originalmente en SegundoEnfoque.com
