FERNANDO PEÑALVER – Texto y Fotos –
Tras ocho años de discusiones en el Congreso, con escasos avances y muchas dilaciones, por fin Chile contará con una nueva ley de migraciones diseñada en democracia, la cual sustituirá al actual estatuto que data de los tiempos de la dictadura, concretamente el año 1975.
Pese a que el documento constituye un evidente avance en materia legal y se ajusta a los estándares internacionales en esa área, existen fundadas dudas y recelo por parte de organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes y de las asociaciones de la colonia más numerosa en este país: los venezolanos, unos 400 mil ciudadanos.
Lo que en un principio fue una migración altamente valorada por su formación profesional y/o capacitación para el trabajo, esto ha cambiado en los últimos tiempos ya que diversas oleadas se han atrevido a cruzar la frontera por pasos no habilitados, en territorios donde existen minas antipersonales; todo, con tal de escapar de la hambruna, la hiperinflación y la persecución política del régimen de Nicolás Maduro.
Macarena Rodríguez, chilena integrante del directorio del Servicio Jesuita al Migrante (SJM), conversó con E-Global para compartir la mirada de una de las organizaciones más respetables en defensa de los derechos de todos migrantes, refugiados y perseguidos.
“El nuevo proyecto fue despachado a trámite y se espera la promulgación de la ley por parte del Ejecutivo, una vez que se realicen algunos reparos en el Tribunal Constitucional, anunciados por parlamentarios”, explicó Rodríguez.
Para la integrante del directorio del SJM, existía una conciencia cierta de que la Ley actual, que data de 1975, le quedó estrecha a las realidades de hoy. Se creará ahora el Servicio Nacional de Migraciones, que contará con cobertura en todo el país y habrá un consejo al más alto nivel, a fin de mejorar la gestión de este proceso.
“La realidad es que tenemos a muchas personas cruzando la frontera por pasos no habilitados, lo cual permite las llamadas ‘expulsiones en caliente’, por parte de las autoridades. Ha habido tres amnistías para migrantes, en los años 1998, 2007 y 2018. El 60% de las expulsiones se han producido en los últimos 3 años, evidenciándose restricciones a los nacionales de Haití y Venezuela. Cuando cortas las posibilidades de amnistías, se multiplican los ingresos por pasos no habilitados”, explicó Rodríguez.
Explica la experta que una migración regularizada les conviene a todos, en particular al estado, ya que se evitarían los abusos hacia los migrantes, quienes no contarían con derechos laborales y de esa manera, el fisco deja de percibir impuestos. “Esto es kafkiano: la plataforma para realizar las gestiones no permite a los migrantes hablar con funcionario alguno y se evidencian descoordinaciones entre los organismos que se deben hacer cargo. Nunca tuvimos los niveles de retraso administrativo de hoy, de los llamados ‘trámites sin destino’. Ése es el gran desafío que tenemos por delante”.
PARA LOS VENEZOLANOS, EL FUTURO YA LLEGÓ
Patricia Rodríguez tiene nueve años residiendo en Chile y forma parte de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven). En conversación con E-Global.pt, comparte sus impresiones sobre lo que será la nueva ley.
“Existen evidentes avances en la convalidación y el reconocimiento de títulos universitarios, además de la protección a las mujeres. No obstante, este proyecto retrocede en materia de Derechos Humanos y participación ciudadana, incluso en lo relativo al derecho al voto y los beneficios sociales. Hubiésemos esperado un mejor proyecto de ley, ya que la dinámica migratoria ha cambiado mucho. Tenemos sentimientos encontrados, porque pudimos tener un mejor proyecto”, argumentó Rodríguez.
A fin de evitar que el tema de los migrantes venezolanos se contaminara con la dinámica política cotidiana, Asoven realizó un lobby transversal con todas las fracciones parlamentarias. “Por la vía de los hechos, a los venezolanos ya se nos había venido aplicando el visado desde hace más de un año. La situación es difícil, pero desde Asoven pensamos que un refugiado informado es más difícil de pasar a llevar. Existe un doble estándar, por una parte se exalta el valor de la familia, pero por la otra se les cierran las puertas a la reunificación de los niños y abuelos con sus padres en Chile”.
Argumenta Rodríguez que los venezolanos que vienen por pasos no habilitados a Chile, llegan huyendo de un país en ruinas, que no ha experimentado ningún conflicto bélico ni catástrofe natural, pero que supera las 36 semanas continuas de hiperinflación, además de violación a los más elementales Derechos Humanos.
“La migración siempre es positiva para los países de origen. Yo soy cauta y optimista, espero que con el tiempo haya mejoras y se nivele la cancha”, concluyó Patricia Rodríguez.
SENSIBILIDAD GUBERNAMENTAL
Isabel Massin forma parte de la Comisión presidencial para la diáspora venezolana. Dice que luego de 8 años de trabajo parlamentario, se logra este avance en la materia, “aunque la oposición le metió mucho diente a la ley, con muchas correcciones. Ésta es una ley moderna, ya que Chile apunta hacia una migración ordenada y segura”.
En conversaciones con E-Global.pt, Massin destaca que con la próxima ley se evita la trata de personas y se fortalece la institucionalidad, con la creación de un Servicio Nacional de Migraciones. Este servicio tendrá más recursos e independencia. “La Comisión presidencial para la diáspora venezolana se creó en 2019 y depende del Ministerio del Interior. El presidente Piñera tiene una sensibilidad muy especial en este particular”.
Admite Massin que el cierre del sistema para solicitar la Visa de Responsabilidad Democrática causó mucha preocupación, ya que los tiempos de los migrantes no están vinculados con los del gobierno. “Estamos trabajando para asegurar la extensión de los pasaportes. Hay que entender que la Dirección de Extranjería hace más de lo que puede, porque están desbordados por el retraso que se generó a consecuencia de la pandemia”.
Apunta la consejera que la rendija más expedita para los migrantes venezolanos es la reunificación familiar de los residentes en Chile, con sus cónyuges y sus hijos. “La desesperación hace que proliferen las mafias en las fronteras, territorio del norte de Chile, donde incluso hay minas antipersonales. Con la nueva ley, vendrá una regulación, creo que vendrá con prontitud el reglamento. Pero esta es una ley exigente, que no hace más fácil la migración”.
