Ph.D. TOMÁS PÁEZ –
La emigración venezolana ha sido forzada y forzosa. A las razones de inseguridad y deterioro económico, se añaden las especificidades de los distintos segmentos que integran la diáspora: los perseguidos políticos, los despedidos de la empresa petrolera, los profesionales de la salud quienes son tratados como ciudadanos de segunda en su patria, los trabajadores de la cultura y los comunicadores sociales perseguidos y excluidos.
El know-how de todos los venezolanos, incluido el de la diáspora, es el más importante activo con el que cuenta el país para su reconstrucción. Son muchas las áreas en las que se ha producido una gran involución y en las que será necesario avanzar con celeridad. Es ese nuestro objetivo.
Traducción al español del ensayo titulado «Amid Economic Crisis and Political Turmoil, Venezuelans Form a New Exodus», publicado en inglés el 14 de junio 2017 por el Migration Policy Institute, con sede en Washington, DC, EEUU.
I.- VENEZUELA: SITUACIÓN ACTUAL
Venezuela se encuentra inmersa en una profunda crisis humanitaria, fruto de la escasez crónica de alimentos y medicinas y de un pronunciado deterioro de la capacidad adquisitiva, paradójicamente en el periodo en el que el país ha percibido el mayor volumen de ingresos de toda su historia: sextuplica los percibidos durante los cuarenta años de democracia previos.
El “socialismo del siglo XXI” que el gobierno impuso al margen de la Constitución concede al Estado y a la planificación centralizada un rol estelar a la par que minimiza el papel de la empresa y el sistema de mercado. El Estado se dota de un marco legal que refuerza su papel, el que ensancha a través de la expropiación, confiscación y estatización de empresas. Es lo que explica el incremento del empleo público que subió de 14% a más del 20%.
Con el fin de ahogar al capital, que de acuerdo al marxismo se apropia del otro componente del binomio, el trabajo, el gobierno elaboró un marco legal que puso en entredicho a la propiedad privada, obstaculizando los derechos y obligaciones que ésta supone. Con el fin de dar al traste con ella y sustituirla por la propiedad colectiva y pública el gobierno promovió un referendo en el año 2007, el cual perdió[1].
El propósito de las centenas de leyes, decretos y controles es ahogar a la empresa. El marco legal propicia además la informalidad y el desempleo. La animadversión por el derecho de propiedad, el de los otros, pues ellos se han apropiado de los recursos que nos les pertenecen, llega al extremo de desconocer la propiedad de las familias sobre las viviendas de interés social que les han sido adjudicadas.
Las secuelas del modelo y de las políticas aplicadas son significativas. Se ha producido una drástica reducción de la inversión privada, ha desaparecido más del 60% del tejido industrial y cerca de 40% de las empresas comerciales, agrícolas y de servicio. El resultado neto ha sido destrucción de empleo privado, incremento de la informalidad y el desempleo, incremento del déficit público, escasez y racionamiento.
EL eslogan del gobierno es que el Estado lo debe colonizar todo. Con el fin de ejercer la hegemonía comunicacional expropia, confisca y adquiere un elevado número de medios privados. En el ámbito internacional ejerce el control de la televisora Telesur, que utiliza para promover su modelo y el de sus aliados. A través del dominio sobre el espacio radioeléctrico decide a quién renovar o no las concesiones y a cuáles grupos, adeptos al gobierno, otorga la frecuencia de las radios comunitarias.
La red de empresas del Estado la han puesto al servicio de su proyecto político particular, sin importar el perjuicio que ocasiona a los ciudadanos. La inmensa mayoría de ellas tiene los números en rojo, fruto de su proverbial ineficiencia y devoran los recursos que se podían haber destinado a la atención de las necesidades acuciantes de los ciudadanos. Estimaciones conservadoras indican que esto les ha costado a los venezolanos más de 25 mil millones de dólares.
Del deterioro no escapa la industria petrolera, la principal fuente de ingresos del país, y que hasta no hace mucho ostentaba un reconocimiento mundial. Hoy existen fundadas dudas acerca de su viabilidad. El manejo de la información de esta industria, como si se tratase de un secreto de Estado, genera una enorme desconfianza. Ello no impide acceder a otras fuentes de información que dan cuenta de la alarmante situación de la empresa.
Sabemos que ha disminuido la producción en aproximadamente un millón de barriles, que han vendido petróleo a futuro, saltándose la Constitución, y que el número de trabajadores con los que contaba la industria en 1998 se ha multiplicado por tres o cuatro. La empresa ha perdido mercados y carece de recursos, tecnologías y gerencia para iniciar su proceso de recuperación. Un dato de interés es la reducción en el suministro de petróleo a las islas del Caribe con la sola excepción de Cuba, hecho que se explica porque ese régimen los subyuga.
La poca y opaca información de las instituciones oficiales, o simplemente el ocultamiento de la misma, no puede esconder la elocuencia con la que la terca realidad se burla del silencio sepulcral del gobierno. Las instituciones que por ley están obligadas a producir y suministrar información se la guardan de manera inaceptable (Banco Central de Venezuela, Instituto Nacional de Estadística, etc.). Esa inadmisible omisión afecta, en palabras de Jean-Paul Fitousse, “uno de los mayores bienes públicos de la democracia: poseer un buen sistema de estadísticas públicas confiables y que además la gente crea en ellas”.
Este vacío intencional de información ha sido posible remediarlo merced a la que producen los organismos internacionales y la sociedad civil venezolana a través de las organizaciones de las que se han dotado, de las empresas y de los centros de investigación de las universidades.
La guerra sin cuartel que el régimen le declaró a la propiedad privada produjo, entre otros resultados, que la empresa privada se encuentre en la unidad de cuidados intensivos, incapacitada para producir los bienes y servicios que demanda la sociedad, y que 7 de cada 10 venezolanos engrosen los números de la informalidad y el desempleo. A ello se añade la administración dolosa y extraordinariamente inepta de la mayor bonanza económica del país, que ha llevado al colapso la capacidad de importación de los bienes necesarios y ha causado la escasez crónica de todo. Los voceros del gobierno niegan la existencia de la crisis e intentan paliarla, sin éxito, con la distribución de los alimentos a través de las bolsas CLAP[2].
Rechazan la existencia de la escasez y los ministros y voceros del gobierno se niegan a cumplir con la norma de comparecer a las citaciones que les ha hecho el Poder Legislativo, para dar cuenta de la forma en que han administrado los recursos que son propiedad de todos los venezolanos. Como todo ladrón, se creen propietarios de lo que no es suyo. La ausencia de transparencia se hace palpable cuando presenciamos el aumento de las denuncias internacionales que vinculan a personeros del régimen con el narcotráfico y el lavado de dinero[3] [1].
El incumplimiento de las obligaciones del gobierno resultaría inadmisible en un régimen democrático en el que existen poderes independientes. La inexistencia de la separación de poderes es lo que ha permitido al gobierno utilizar al Poder Judicial como instrumento para dar un golpe de estado, como ha sido reconocido por la Fiscal General de la República. Un golpe continuado que comienza con la designación ilegal de los jueces y sigue con el desconocimiento de la Asamblea Nacional y con la reciente convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, violando nuevamente la Constitución.
El país carece de información oficial acerca del desempeño económico, el monto de la deuda, la inflación, las dimensiones del déficit, la escasez de medicinas y alimentos, la producción de barriles de petróleo, el número de venezolanos que conforman la diáspora y su distribución espacial o las condiciones y alcances de los acuerdos con China y Cuba.
Los datos, como apuntamos, los hemos recabado de fuentes alternas. Las mismas indican que el PIB ha experimentado una caída abrupta. Las estimaciones conservadoras del declive para este año la sitúan en -4 o -4.5%, otros la estiman en -7.5%, lo que significa que en los últimos cuatro años la caída es de -30%, merma que equivale a un tercio del PIB.
En relación con la inflación, las fuentes consultadas coinciden en que es una de las más elevadas del mundo. La del año 2016 se situó por encima del 600% y las de 2017 se emplaza más cerca de los cuatro dígitos. Los grandes desequilibrios macroeconómicos impiden estabilizar el tipo de cambio y atender la gran inestabilidad microeconómica. Una economía con precios dolarizados y salarios en bolívares depreciados y con escaso valor de compra, son el caldo de cultivo que explica el vertiginoso crecimiento de la pobreza y de la pobreza extrema.
Cuando se produzca el cambio y podamos construir información fidedigna confirmaremos que la situación es más grave de lo que ahora suponemos. Las cifras que hoy se ocultan nos dirán que la crisis humanitaria es más severa de lo que imaginamos. No han podido encubrir lo que está a la vista; la escasez de medicinas y alimentos que ya está segando vidas. China solo necesitó tres años de colectivización y estatización para producir la gran hambruna que cobró cerca de 40 millones de vidas.
La escasez no ha hecho sino agravarse por el doble impacto de la disminución de la producción y de las importaciones. El gobierno, que desconoce el término responsabilidad, le atribuye la causa de los problemas al imperialismo galáctico y a la disminución del precio del petróleo, argumento éste que resulta inaceptable y fácilmente rebatible. En la década de los 80s y 90s el petróleo se vendió entre 7 y 9 dólares el barril. No es posible imaginar lo que hubiese ocurrido de haber alcanzado ese precio en este periodo.
Los resultados de las encuestas indican que, en promedio, ha crecido hasta 14% el número de personas que expresa comer dos o menos veces al día.[4] Lo que se produce solo alcanza para atender el 30% de lo que consume el país. La escasez de alimentos ronda el 80% y en el área de las medicinas el 90%. El deterioro se ha hecho más pronunciado en los dos últimos años.
De acuerdo a Cáritas, un cuarto de los niños presenta desnutrición aguda y otro cuarto se encuentra en riesgo de padecerla. Se calcula que 52% de los niños está en riesgo de desnutrición y 9% ya presenta síntomas de desnutrición severa. Aumenta el número de ciudadanos que hurga la basura en busca de alimento. Hasta la FAO, cuyo representante en Venezuela idolatraba el modelo alimentario venezolano, reconoce la gravedad de la escasez de alimentos.
Hay insuficiencia de todo. El gobierno no ha honrado sus deudas con las empresas del sector salud y los hospitales y clínicas privadas carecen de insumos y de equipos médicos operativos. Se ha reducido el número de camas hospitalarias, han reaparecido enfermedades que habían sido erradicadas el siglo pasado y la anemia está produciendo estragos en las generaciones futuras.
Con el fin de atender la grave crisis, cuya existencia desconocen, crearon la “tarjeta de racionamiento” a la que llaman “de la patria” y los CLAP. Su propósito es distribuir alimentos entre quienes todavía apoyan al gobierno, profundizando de este modo el apartheid político y social que han instalado en el país. La gestión del área económica y de la alimentación ha recaído sobre el componente militar del gobierno que se autoproclama como militar-cívico.
El deterioro económico ha estado acompañado de una creciente inseguridad e impunidad. El número de homicidios, más de 300 mil, se acerca al del número de muertos de la guerra en Siria. Venezuela ocupa los primeros lugares entre los países más violentos y su ciudad capital es la más violenta del mundo. De los casos que se denuncian, de acuerdo a la Fiscal General de la República, solo un 10% recibe algún tipo de sanción.
Lo dicho es lo que explica que Venezuela ocupe los primeros lugares en el “Ranking de Miseria Global”. Coincide con los hallazgos del estudio del consorcio de universidades: 82% de los hogares ahora viven en estado de pobreza, mientras que en 1998 se situaba en el 48%. También ha crecido el déficit de viviendas y éstas en los sectores de menores recursos padecen un acusado deterioro de los servicios básicos: el 40% de ellas no dispone de un servicio continuo de agua y más del 85% carece de suministro eléctrico.
Lo mismo ocurre en el sector salud, en el que ha disminuido la inversión pública como porcentaje del PIB. Disminución de la inversión, desinstitucionalización y pésima gestión producen como resultado un incremento de la mortalidad materna y neonatal, merma en el número de camas hospitalarias y deterioro de toda la infraestructura.
Un comportamiento similar hallamos en el sector educativo en el que más de 500 mil niños se encuentran al margen de la educación[3], ha aumentado de manera sostenida la deserción escolar, se ha reducido la cobertura a dos tercios en edad primaria y atiende a solo un tercio de quienes se encuentran en edad prescolar. La infraestructura tecnológica (centros con laboratorios de computación y conexión a Internet) es muy débil y solo un reducido porcentaje cuenta con ella. La escasez de comida se ha agravado en las escuelas. La calidad ha disminuido de manera preocupante, pues entienden la educación como adoctrinamiento, y ello afecta negativamente a la equidad y profundiza la inequidad y la desigualdad.
Los servicios básicos de luz eléctrica, agua e Internet se encuentran en estado crítico. El suministro continuo de energía eléctrica no existe, lo único continuo son los apagones, que aumentan en frecuencia y duración y que ha llevado a reducir la jornada laboral y el uso de la infraestructura en centros comerciales y la publicidad luminaria. El suministro de agua se ha espaciado y las viviendas han sido sometidas a un severo racionamiento que se prolonga por horas y días. Un deterioro similar encontramos en el servicio de Internet. En este terreno Venezuela ocupa hoy los últimos peldaños en cuanto a velocidad y ancho de banda. Los hogares pasan días y horas sin poder acceder a estos servicios.
Una terrible y dolorosa frase, hoy convertida en eslogan, sintetiza de manera magistral la gravedad de la situación del país de escasez, deterioro salarial e inseguridad: “La única nevera llena es la de la morgue”.
El sombrío panorama que hemos descrito explica el rechazo unánime a este gobierno, que se sostiene gracias al apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada y del Poder Judicial. El gobierno, consciente del inmenso rechazo social, cierra las opciones de solución de la crisis a través de las elecciones, como ha sido reconocido por la Fiscal General de la República. Violan, una vez más, la Constitución al desconocer la obligación constitucional de realizar las elecciones regionales.
El gobierno desconoce al Poder Legislativo y al hacerlo desconoce y muestra su desprecio por los 14 millones de venezolanos que eligieron a sus representantes. En un acto de desesperación decidieron que el Poder Judicial asumiera las competencias del Poder Legislativo y más recientemente patean la Constitución, a la que se referían como la mejor del mundo, para convocar una Constituyente hecha a su medida. Hoy la sociedad exige la restitución de la Constitución y la sanción de los responsables del golpe de estado.
El rechazo del país se ha hecho global y el mundo exige el retorno a la democracia, la apertura de un canal humanitario para dotar de alimentos y medicinas a la ciudadanía y la liberación de los presos políticos. Han sido múltiples las manifestaciones de apoyo a la sociedad y de repudio al régimen: Parlamento Europeo, de países y localidades y de la OEA.
La desesperación es mala consejera y las últimas decisiones del gobierno dan cuenta de su situación. Tras cada acción desesperada aumenta su aislamiento y también se fortalece y crece el rechazo de sus iniciativas. Aumentan las dificultades para acceder a fuentes de financiamiento internacional, que por lo demás requiere con suma urgencia dado el inmenso déficit, el monto de las deudas y el nivel crítico de las reservas internacionales.
II.- VENEZUELA: PROCESO MIGRATORIO
Al momento de preguntar a los venezolanos las razones y motivos por los que decidieron migrar afirman que son la inseguridad, la escasez de productos básicos, el deterioro de las condiciones económicas y sociales, que se condensan en el tema medular del modelo político que se instaló en el país. Las encuestas muestran que nueve de cada diez venezolanos evalúa como mala la situación actual y que los asuntos que más preocupan a los venezolanos son la inseguridad, el alto costo de la vida, el deterioro del salario y la escasez. Más del 90% coincide en la necesidad de atender la crisis humanitaria provocada por la insuficiencia crónica de medicinas y alimentos.
El flujo migratorio comenzó tan pronto se inició este gobierno y hoy representa al 7% de la población, aproximadamente dos millones de venezolanos. Es un hecho novedoso y una ruptura con la tradición de un país de inmigrantes a quienes recibió con los brazos abiertos. Primero con quienes provenían de Europa: España, Italia, Portugal, Alemania, y luego de toda Latinoamérica: Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Dominicana, Haití, etc.
Un fenómeno social de ese calibre, que el gobierno ignora, reclama toda nuestra atención.
Cuando iniciamos el estudio decidimos nombrarlo con “la voz de la diáspora”, pues su objetivo es darle voz a quienes el gobierno silencia y propiciar su participación y la de las redes que ha creado en la reconstrucción de Venezuela.
Es el primer estudio global bajo la coordinación de un equipo también global, integrado por científicos sociales quienes adelantan un trabajo permanente con la diáspora alrededor del mundo y con el equipo de expertos y profesionales de la UCV que participan en este proyecto. La sigue la creación del Observatorio de la Diáspora cuya versión preliminar ya corre en las redes.
El estudio cuantifica y caracteriza la distribución global de la diáspora. El carácter global del objeto de estudio y las facilidades que ofrece Internet las aprovechamos para elaborar una estrategia metodológica y diseñar una “investigación 3.0” y por tanto abierta y participativa. Hemos hecho un uso intensivo de Internet y de las redes sociales: Facebook, Twitter, WhatsApp, Skype, FaceTime. Por su intermedio aplicamos cuestionarios, entrevistas a profundidad, historias y fragmentos de vida, talleres y seminarios. Complementamos el estudio indagando acerca de las razones de la decisión de emigrar, su deseo de retornar al país de origen y su disposición a participar en el estudio haciendo uso de entrevistas y talleres presenciales y focus groups.
La información recabada nos permite caracterizar el perfil sociodemográfico, profesional, familiar y académico, el grado de integración al país de acogida, las razones de su decisión de emigrar y la decisión de no regresar hasta que no se produzca un cambio.
Hemos podido compartir los resultados del estudio con más de 3.000 venezolanos en más de 25 ciudades alrededor del mundo, lo que nos ha permitido constatar la última oleada migratoria. El flujo no cesa de crecer. Mientras persista y siga creciendo el actual deterioro del país, seguirá aumentando el porcentaje de jóvenes dispuestos a emigrar. Crece el número de personas que ha hecho los trámites y ordenado todos sus documentos para emigrar. De los encuestados, un porcentaje elevado tiene un familiar o un amigo cercano viviendo en el exterior y un importante porcentaje de quienes se han planteado emigrar se desempeñan en la empresa privada. Entre esta migración y las inmigraciones previas que arribaron a Venezuela hay una estrecha relación, Los hijos y nietos de muchos ciudadanos nacionalizados en Venezuela hoy desandan el camino de sus antepasados.
La emigración ha sido forzada y forzosa. A las razones señaladas al principio, inseguridad y deterioro económico, se añaden las especificidades de los distintos segmentos que integran la diáspora: los perseguidos políticos, los despedidos de la empresa petrolera, los profesionales de la salud quienes son tratados como ciudadanos de segunda en su patria, los trabajadores de la cultura y los comunicadores sociales perseguidos y excluidos.
III.- EL PAPEL DE LA DIÁSPORA EN LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y LA RECONSTRUCCIÓN DE VENEZUELA
En el estudio indagamos acerca de la disposición a retornar y participar en la recuperación de la democracia y reconstrucción del país. Mientras que la disposición a retornar es baja, la aspiración a participar es un SI unánime, abrumador. Las tres E en las que hemos agrupado a la diáspora: Emprendedores, Empleados y Estudiantes, cada uno con sus conocimientos y competencias particulares, está interesado en involucrarse desde allí donde hoy se encuentran. Tal y como afirman: «estamos lejos pero no ausentes».
¿Cómo convertir en realidad y aprovechar su disposición a participar en la reconstrucción de Venezuela? ¿Este proceso de circulación del capital humano podemos iniciarlo de inmediato, o será necesario esperar a que se produzca un cambio de gobierno? Encontramos en la realidad respuestas a estas interrogantes que además perfilan la agenda futura. La hallamos en el terreno de la investigación, la edición, la psicoterapia, la medicina, la formación, el desarrollo de software y en las alianzas y redes que tejen los medios de comunicación. Son las formas embrionarias de la circulación del capital intelectual.
Con la diáspora se multiplica el número de embajadores que colocan en alto el nombre de Venezuela, que podría ser de mucha utilidad para una estrategia de “marca” país, y aumenta la cantidad y calidad de información privilegiada que facilita la puesta en escena de estrategias de Codesarrollo.[5] También crece el capital social que amplía las posibilidades de las alianzas estratégicas y joint-ventures entre empresas e instituciones en el mundo. Igualmente participan en el envío de remesas, medicinas y alimentos que permite a muchas familias sobrevivir a la devastación actual del país. En el plano político han sumado respaldos y voluntades de los demócratas del mundo a la transición venezolana.
La participación de la diáspora y sus redes será relevante en la reconstrucción del país. El daño que el régimen le ha infligido no admite soluciones rápidas y quienes hoy gobiernan obstaculizarán el tránsito a la democracia. Será necesario atender los problemas más acuciantes de la población, conforme se crean y garantizan las condiciones para un crecimiento sólido. Es preciso recuperar los derechos humanos que han sido conculcados, como el de la propiedad privada, y revitalizar a la empresa, el sistema de mercado y de precios. El resguardo de los derechos humanos favorece el aprovechamiento de la capacidad emprendedora y del know-how de los venezolanos, el intercambio de ideas, la innovación, difusión y desarrollo tecnológico y el emprendimiento.
El know-how de todos los venezolanos, incluido el de la diáspora, es el más importante activo con el que cuenta el país para su reconstrucción. Son muchas las áreas en las que se ha producido una gran involución y en las que será necesario avanzar con celeridad. Es ese nuestro objetivo.
Ensayo en inglés: «Amid Economic Crisis and Political Turmoil, Venezuelans Form a New Exodus»
Referencias:
[1] Páez Tomás (2013) Tercer Observatorio de la PYME. Google Books.
[2] Comité Locales de Abastecimiento y Producción gestionados por el gobierno. El gobierno distribuye como una cadena comercial los alimentos entres sus adeptos.
[3] Carlos Tablante y Marcos Tarre. Guardia Civil Española.
[4] Distintas encuestas revelan este dato.
[5] Foro Mundial de Migraciones.
