JENNIFER McCOY –
Una disputa surgió esta semana sobre las cifras reales de participación en las elecciones del 30 de julio para una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, luego de que el fabricante de las máquinas de votación cuestionó el número de votantes informado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Realmente importa cuántas personas sufragaron en un acto boicoteado por la oposición para elegir un cuerpo considerado ilegítimo por la mayoría de los venezolanos y muchos gobiernos extranjeros?
Importa por dos razones.
En primer lugar, si los números fueron inflados, ello socava gravemente la legitimidad electoral en la que se basaba el chavismo desde la primera elección de Hugo Chávez en 1998 y desacredita aún más su argumento para legitimar a la Asamblea Nacional Constituyente como un organismo representativo del pueblo. Los gobiernos extranjeros pueden tener esto en cuenta, ya que pesan si reconocen cualquier decisión que salga de la Asamblea Constituyente, ya sean cambios constitucionales o decisiones legislativas.
A pesar de que el ejercicio del poder redujo las libertades y el imperio de la ley a lo largo de los años, las grandes victorias electorales de Hugo Chávez en 2000, 2006 y 2012, y posteriormente por la oposición (MUD) en las elecciones legislativas de 2015, fueron ampliamente incuestionables en términos del recuento real de votos y proporcionó a los gobiernos extranjeros razones para no criticar la creciente concentración y abuso de poder.
El campo de juego electoral se volvió cada vez más desigual y los candidatos fueron impedidos de competir sin el debido proceso, pero las máquinas de votación electrónica fueron probadas y aprobadas en una serie de auditorías rigurosas que incluyeron la participación de expertos técnicos de la oposición.
La ausencia de monitores independientes en la votación del 30 de julio de 2017 -tanto de observadores de la oposición como de organizaciones observadoras nacionales o internacionales- significa que la amplia capacidad técnica para auditar la votación todavía existe, pero no ha habido auditores independientes para llevarla a cabo. Esto todavía podría ser remediado realizando auditorías ahora, como explicaré a continuación.
La segunda razón por la que es importante entender lo que realmente sucedió en estas elecciones, es que influirá fuertemente en la confianza de los venezolanos en caso de participar en procesos futuros. Actualmente están sobre la mesa las elecciones regionales (para elegir gobernadores) programadas para diciembre de 2017, pero con una fecha límite del 8 de agosto para nominar candidatos.
Aún cuando la oposición ha estado pidiendo un calendario electoral para las elecciones regionales aplazadas a partir de 2016, las elecciones municipales de 2017 y las elecciones presidenciales previstas para 2018, o para elecciones generales anticipadas, ahora se enfrenta a un dilema de participar o no en elecciones dirigidas por una autoridad electoral desacreditada por el fabricante de las máquinas de votación por haber malinformado sobre los totales de votos, por primera vez desde que las máquinas se pusieron en uso en 2004.
Incluso si deciden nominar candidatos, ¿sus votantes saldrán a votar dada la extrema desconfianza hacia esta autoridad electoral? Un dilema similar afectó a la oposición después de que clamaran fraude en el referéndum revocatorio de 2004, y luego instó a sus votantes a salir y votar por candidatos regionales y locales unos meses más tarde. Los candidatos de la oposición fueron derrotados en esas elecciones.
Debate en TV de EEUU (En inglés con subtítulos)
El 2 de agosto de 2017, Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano; Jennifer McCoy, exdirectora del Programa de las Américas del Centro Carter; Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política, y George Ciccariello-Maher, profesor asociado de la Universidad Drexel, examinaron la situación en Venezuela y la salud del país. Programa The Heat, transmitido por CGTN Américas, filial estadounidense de la cadena China Global Television Network.
¿Qué podemos determinar sobre los resultados reales del voto del 30 de julio?
La CNE no ha publicado hasta el 3 de agosto los resultados que normalmente hacen en pocas horas: total de votos válidos, total de votos nulos y resultados por mesa de votación. Esta falta de información por sí sola es inquietante, y hace imposible evaluar las numerosas variables que pululan a su alrededor.
El fabricante de las máquinas de votación, Smartmatic, proporciona soporte técnico y proporciona los técnicos el día de las elecciones en la sede electoral. Ellos no reciben copias de los informes por máquina o el informe total, pero están presentes durante la totalización a menos que sean removidos por las autoridades electorales. Smartmatic ha informado que la información que tiene le permite estimar que los totales de los votos fueron inflados en al menos un millón de votos. Afirma que sus máquinas no podían ser, y no fueron, manipuladas. La implicación del anuncio de Smartmatic es que el informe presentado por Tibisay Lucena se funda en «hechos alternativos».
Normalmente, los técnicos de los partidos políticos se encuentran presentes en las auditorías pre-electorales y posteriores a las elecciones. Los observadores de los partidos, junto con los observadores nacionales, se encuentran normalmente en los centros de votación durante todo el día y durante la «auditoría en caliente» realizada por la noche, donde los funcionarios electorales cuentan las papeletas que cada elector recibe y deposita en una urna y comparan los resultados con el conteo electrónico producido por cada máquina de votación. Normalmente, las partes obtienen copias de la hoja de registro de cada máquina, así como el informe de totalización que proviene de la transmisión de cada máquina a la sede electoral y luego se tabulan. Nada de esto sucedió esta vez debido al boicot.
Las auditorías siguen siendo posibles y, de hecho, un artículo de prensa informó que el estratega de la campaña electoral del partido del gobierno y ex jefe del CNE, Jorge Rodríguez, pidió que se llevarán a cabo el 100% de las auditorías de las máquinas. Si el CNE estuviera realmente de acuerdo con tal auditoría, ella podría hacerse comparando los recibos de papel de cada máquina con el recuento electrónico, y luego sumar todos los totales de la máquina para obtener un total nacional de votantes.
Una segunda auditoría que normalmente se realiza pero que fue descartada por el CNE para esta elección, es una comparación post-electoral de las huellas dactilares de los votantes de todo el país para determinar si hubo votantes que votaron más de una vez o si sus identidades fue suplantadas. Este tipo de auditoría nunca es 100% exacta y depende de cuán cuidadosamente se establezcan los parámetros de las coincidencias de huellas digitales, pero se utiliza para determinar si los votantes o funcionarios violan la ley contra el voto múltiple o la usurpación de identidad. Esta auditoría todavía se puede hacer.
Una de las batallas políticas en las que participan el gobierno y la oposición es demostrar su superioridad en número de partidarios (tanto en votos como en protestas callejeras) y por lo tanto la legitimidad de sus mandatos. Dado que tanto los ejercicios de votación del 16 de julio como del 30 de julio carecían de las salvaguardias electorales normales para evitar la doble votación y proporcionar resultados creíbles, ¿cómo debemos juzgar las reclamaciones y las contrademandas sobre la participación en esas elecciones?
Lo primero sería que el CNE informara el total real de votos válidos y nulos, junto con los resultados detallados por municipios y sectores consultados. Luego, llevar a cabo las auditorías post-electorales del 30 de julio. Dado que la oposición no utilizó la maquinaria de la CNE, estas auditorías no son posibles de aplicar la consulta del 16 de julio.
Lo segundo es la evidencia circunstancial y anecdótica. Las encuestas de opinión pública previas a una votación ofrecen indicaciones sobre cuántos votantes tienen intención muy probable o con probabilidad de votar. Pero en este caso también hay informes creíbles sobre el voto forzado de empleados del gobierno (alrededor de 3 millones de trabajadores) y receptores de la bolsa de alimentos con descuento en el sistema CLAP. De tal manera que es difícil estimar cuántos efectivamente votaron a partir del estimado de 20% de aprobación que las encuestas le atribuían a Maduro, y aquellos adicionales que se sintieron presionados a votar por temor a perder su empleo o beneficios.
Las fotografías de colas o de lugares sin cola proporcionan evidencia anecdótica, pero es difícil estimar los totales nacionales sin un muestreo estadístico sistemático de los centros de votación, para medir los resultados reales.
Sin mayor información del CNE, podemos estimar los siguientes números.
La encuestadora Datanálisis informó en julio que el 12,6% de los votantes eran muy propensos a votar y otro 12,5% algo probable de votar, dando una proyección máxima de alrededor de 4,8 millones de votantes. Alguna porción adicional de los 3 millones de empleados del gobierno o beneficiarios del CLAP puede haber sentido presión para votar. Un análisis de la encuesta a pie de urna realizada para la empresa de inversión Torino Capital, estimó 3,6 millones de votantes. Una encuesta a pie de urna depende de una muestra estadística que entrevista a los votantes al salir de los centros de votación. La agencia de noticias Reuters reportó 3,7 millones de votantes a las 5:20 pm, basado en documentos internos del CNE, aunque la naturaleza y el método del documento no fue descrito. El sistema de rastreo conocido como SIE, que permite al CNE saber cuántos votantes han votado en cualquier momento durante el día, no fue utilizado en estas elecciones, según una ONG local que observa informalmente.
Smartmatic informa de un millón o más de votantes inventados (es decir, no existen en el sistema), lo que eleva el total a unos 6,8 millones de votos máximos registrados en las máquinas. Debido a que se permitió a los votantes votar en cualquiera de varios centros, y la tinta indeleble no se utilizó, es muy posible que haya habido múltiples votaciones. Pero es imposible saber sin la auditoría de huellas dactilares cuántos votos extra pudieron ser acarreados. Se requeriría una enorme tarea de organización para que medio millón de personas vote cinco veces (y mantenerlos callados) para alcanzar 2,5 millones de votos adicionales y de tal manera contradecir las encuestas preelectorales o las encuestas en caliente (3,6 a 4,8 millones).
De la limitada información conocida, podríamos razonablemente concluir que el 30 de julio votaron entre 4 y 7 millones de personas, ya sea voluntariamente o por coacción. El gobierno podría haber tenido éxito, pero optó por la opacidad y los «hechos alternativos».
El verdadero daño es para el pueblo venezolano y su derecho a ejercer con confianza su voto en un proceso con garantía de integridad. El gobierno venezolano destruyó en un solo día un esfuerzo plurianual y millones de dólares dedicados a construir un sistema de votación con múltiples salvaguardias y la participación de todos los partidos políticos para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el escrutinio. Sin embargo, la integridad del sistema de votación puede restablecerse con la aplicación de todas las salvaguardias y auditorías normalmente utilizadas y la participación de expertos técnicos de los partidos políticos y observadores electorales independientes. *
*) Obsérvese que este análisis no incluye los otros problemas reales del proceso electoral general en Venezuela derivados de la desigualdad en las campañas, candidatos descalificados o de los orígenes ilegítimos y el diseño de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
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Jennifer McCoy es profesora universitaria de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Georgia, EEUU. Directora del Programa para las Américas del Centro Carter entre 1998 y 2015.
Publicado el 3 de agosto de 2017 en Wola.org
Traducción libre de Actualy.es
