CAMILA ACOSTA –
LA HABANA, Cuba.- Un total de 124 actividades económicas se prohibirán para ejercer el Trabajo por Cuenta Propia (TCP) en Cuba, según el Clasificador Nacional de Actividades Económicas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, publicado este miércoles 10 de febrero.
Entre las actividades reguladas se hallan: la producción audiovisual y cinematográfica, programación y transmisiones de televisión, y actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario, gestión de salas de concierto, de video, galerías de arte, librerías (excepto la venta de libros de uso), casas de cultura, teatros y otras instalaciones similares.
De esta manera, serían prohibidos los proyectos de arte independiente, como las galerías de arte, el cine, proyectos comunitarios independientes y organizaciones como el Instituto de Artivismo Hannah Arendt (INSTAR), los cuales funcionan en el país desde hace varios años.
“Se acabó no solo el arte independiente sino la posibilidad del arte de vanguardia. Quieren, o que los artistas se rebelen en masa, o que se vayan (del país) en masa”, afirmó Tania Bruguera, directora de INSTAR.
Para la curadora independiente Liatna Rodríguez, se trata de “una receta al desastre económico”:
“La práctica independiente en las artes visuales ha venido durante años a cubrir los espacios que las instituciones son incapaces de cubrir (razones disímiles: carencias económicas, falta de libertades de gestión ante instituciones centralizadas y burocráticas, falta de preparación de sus especialistas…), la prohibición de esto no ayuda, pues a ello sumemos que las instituciones de arte en Cuba tampoco tienen capacidad para emplear a todo ese sector que trabajaba de manera independiente. Y a ello debemos sumar que sin la posibilidad de un escenario democrático donde existan espacios para todo tipo de producción artística. ¿Cómo es posible entonces que la Constitución hable de libertad de expresión y libertad creativa?”
La artista de la plástica, egresada de San Alejandro y del Instituto Superior de Arte (ISA), Celia González, opina que las nuevas regulaciones han afianzado lo que ya decía el Decreto 349, aprobado en 2018 y el que impone la censura y criminalización del arte:
“Ahora con menos zonas grises porque queda claro que es ilegal tener un espacio de arte independiente, por lo tanto criminaliza las iniciativas que han surgido en los últimos años y queda a la fuerza bajo control del Estado como plataforma de divulgación y comercialización del arte, además de que se acentúa la figura del “intruso”, aquel artista que no tiene registro del creador y por tanto no es artista para ojos del Estado. Eso implica que ese productor pase a una zona de ilegalidad, lo mismo pasa en cine, por ejemplo, los cineastas que no tienen registro no pueden hacer cine porque estarían cometiendo una ilegalidad; es simplemente absurdo, va en contra de los derechos más básicos de expresión, de los derechos civiles más elementales”.
Otros artistas llaman la atención de que, “coincidentemente”, las proscripciones se publican en medio de una campaña gubernamental de conmemoración de Palabras a los intelectuales, aquel discurso de Fidel Castro en 1961 en donde sentencia: “Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada”.
Miryorly García Prieto, historiadora del arte y editora, señala que la cuestión “no es el ejercicio de una profesión, sino que el contenido del producto cultural pueda ser controlado por ellos (el gobierno) mediante sus instituciones”.
En la Mesa Redonda (programa de televisión) del 9 de febrero, el Ministro de Economía, Alejandro Gil, y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, Martha Elena Feitó, afirmaron que se permitía el desempeño de más de dos mil actividades en forma de TCP.
Para el economista Mauricio de Miranda Parrondo, “sigue imperando la lógica de no hacer reformas estructurales profundas que conduzcan a una senda de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar de la población, sino de ir abriendo poco a poco algunas cosas y apretando el control sobre otras, aparentando que hacen cambios importantes cuando en realidad son solo cambios cosméticos y en algunos casos, franco retroceso. Y sigue la lógica de mantener, por encima de todas las cosas, el control sobre la sociedad”.
Se prohíben además la edición y maquetación de libros, tabloides, periódicos y revistas en cualquier formato o soporte, las actividades de agencias de noticias y de periodistas, dígase el periodismo independiente, lo cual contraviene derechos registrados en la Constitución de la República de Cuba.
En el Artículo 54 de esta Carta Magna, aprobada en 2019, se estipula que el Estado “reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. Y, en el 55, se reconoce igualmente la libertad de prensa. Ello pese a que la Constitución, según han afirmado varios juristas, se contradice contantemente, por ejemplo, al afirmar además que el derecho a la libertad de prensa “se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”, o sea, la socialista, impuesta en esta misma Carta Magna; al igual que cuando establece que “los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”.
Este listado de regulaciones, según se especifica, “pudiera ser modificado a partir del proceso de conciliación de las normas jurídicas, actualmente en proceso de elaboración”. Pero, a su vez, constituye una continuidad de normas que ya existen en el país, como la Ley 88, más conocida como Ley Mordaza, mediante la cual en 2003 se llevó a prisión a 75 disidentes, entre ellos 25 periodistas independientes; el suceso se conoció como la Primavera Negra de Cuba.
Asimismo, entre enero y febrero de 2020, en virtud del Decreto-Ley 370, Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba, se impusieron unas 32 multas de 3 000 pesos a activistas pro derechos humanos y periodistas independientes por sus publicaciones en redes sociales que atentaban contra el “interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. A algunos de ellos también les confiscaron teléfonos celulares, considerados estos las herramientas utilizadas para infringir la norma.
De igual forma, las nuevas regulaciones vendrían a complementar el artículo 149 del Código Penal, referido a la Usurpación de Capacidad Legal. Este estipula que: “el que, con ánimo de lucro u otro fin malicioso, o causando daño o perjuicio a otro, realice actos propios de una profesión para cuyo ejercicio no está debidamente habilitado, incurre en sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de cien a trescientas cuotas o ambas”.
Aunque más de 2 000 actividades se permitirán en el TCP, lo que pudiera significar, para muchos, una apertura, para el periodista independiente Yoe Suárez constituye un artificio:
“Es como una gran burbuja llena de nada. Las actividades relacionadas con el pensamiento, la producción de sentidos, etc, siguen vedadas. Como buen Estado totalitario, las riendas de la libre expresión permanecerán cortas y tensas. Esta no es más que otra ilusión política que los prestidigitadores del socialismo lanzan para aparentar apertura. El ADN del colectivismo supone la supresión de las libertades individuales y la propiedad privada, y el día que deje de ser así, digamos, el día que CubaNet sea legalizado sin cortapisas o un cubano genere y acumule riquezas en un ámbito de libertad económica, el régimen se vendrá abajo. Por otro lado, la puesta en escena actual posiblemente busque reproducir aquella carnada que en 2018 mordió Obama, cuando creyó, o sus asesores creyeron, que Cuba daba pasos hacia la apertura democrática. Ya CNN acaba de caer en la trampa con un titular tragicómico: Después de una larga espera, Cuba abre la puerta a más capitalismo”.
Otras de las actividades incluidas en las nuevas prohibiciones: jurídicas y de contabilidad, investigación científica y desarrollo, así como las de arquitectura e ingeniería, las inmobiliarias, las agencias de viaje y los operadores turísticos.
Para Laritza Diversent este listado es muy general, abstracto, no se dan explicaciones de los motivos por los cuales el gobierno impone este tipo de restricciones, “lo cual es una arbitrariedad”. De igual forma, la abogada y directora de CubaLex asegura que, en lugar de “arreglar el problema, lo complicaron”, dicen que son solo 124 las prohibidas pero en realidad “son muchas más (…). Hay muchas más actividades prohibidas que permitidas y eso lo que hace es estancar el desarrollo del sector no estatal e incluso atenta contra la libertad y la libre elección del empleo de los ciudadanos”.
Se prohíben igualmente las actividades de sindicatos y de otras asociaciones, lo cual contrasta con los debates sostenidos con el gremio de las artes escénicas en enero último, así como con las exigencias de la plataforma 27N. Mientras negociaban con los primeros la permisibilidad de la creación de un gremio de artistas independientes, ya se preparaba este documento que lo prohibía totalmente.
Para Miranda Parrondo, estas decisiones, contra las que no existen mecanismos legales para cuestionarlas de forma efectiva, más allá de la crítica pública, demuestran que “en Cuba se hace necesario, además de una profunda reforma económica, una no menos profunda reforma del sistema de gobierno y de sus instituciones, que conduzca a una verdadera democracia, porque en un sistema democrático, con un parlamento libremente elegido, no importa si se dispone de mayoría o no, se podría interpelar a un ministro o al gobierno en pleno por sus políticas erradas. En un parlamento libremente elegido se podría disponer de una iniciativa legislativa real. Y en un sistema democrático existirían los mecanismos que permitirían exigir la rendición de cuentas a quienes deben hacerlo, porque no están por encima del pueblo sino a su servicio”.
El TCP es ejercido por más de 600 000 personas, lo que representa el 13% de la ocupación del país. Su liberación, según la periodista independiente Miriam Leiva, “sería vital para propiciar medios de sustentación económica personal, impulsar el desarrollo local y complementar la caótica macroeconomía”.
