JOSÉ ALBERTO OLIVAR –
Puede resultar absurdo plantear una dicotomía de tal tenor. Por supuesto, de ello no abrigamos dudas, solo si se trata de sociedades donde impera la racionalidad política y en los que rige un efectivo Estado de Derecho. No es el caso de la Venezuela actual, dado el secuestro institucional en la que nos encontramos sumidos y la difusión de una estrategia comunicacional desde los medios controlados por el poder omnímodo del Estado Cuartel, tendente a inocular en el imaginario colectivo una realidad paralela que no admite contradicción.
En este complejo escenario, sale a relucir el propósito hostil de la Constituyente PSUVISTA de aprobar en breve una ley contra el odio y la intolerancia política. El cinismo que emana de sus proponentes supera todos los cánones establecidos. Mientras expelen improperios a sus adversarios, justifican la necesidad de tal ley para garantizar “la paz y la armonía”. Se presentan a sí mismos como lo portaestandartes del “diálogo” y “el entendimiento”. Acusan a sus contrarios de instigar al odio y la intolerancia contra todo lo que represente el chavismo.
Es sin duda, la reiteración de un libreto ya preestablecido, en el que se insiste en aniquilar por todos los medios posibles a cualquiera que emita la menor crítica contra la corrupción, la mentira y atrocidades de un régimen fundamentado en el odio y el resentimiento. De sólo observar los ojos inyectados de odio, el discurso cargado de animosidad y la gestualidad energúmena de los personeros del chavismo gobernante, podemos percatarnos del doble discurso que alienta su vocación totalitaria.
Su afán manipulador los lleva a jugar con la mente del público que es obligado de una u otra forma a asentir sus violentas arengas que da por sentado la práctica de una suerte de odio bueno, en contra de todo signo opositor a sus planes de seguir acumulando más y más poder, además de disfrutar de las mieles del dinero mal habido que ostentan sin vergüenza.
La ley constitucional que pretenden imponer, no tocará ese odio que siembran por “el bien de la patria”. Para nada. Su intención es tachar de “odio malo”, al que piense distinto, al que revele los infames secretos que explican la súbita riqueza de los jerarcas rojos, en fin, castigar al hombre y mujer de la calle que día a día debe sobrellevar la dura faena de vivir en un país arruinado.
Esa ley quedará registrada en los anales jurídicos como uno de los más perversos instrumentos para hacer valer el derecho a la conquista y el exterminio que se arrogan los regímenes de fuerza, sobre todo cuando ven socavadas sus pilastras otrora infranqueables.
—
José Alberto Olivar es doctor en Historia, profesor de la Universidad Simón Bolívar, Caracas.
