La destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz denunció este jueves en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, para quienes solicitó la expedición de orden de captura internacional.
La denuncia de la fiscal estuvo centrada en contra del jefe de Estado; del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol; Gustavo González López, jefe de la policía política (Sebin), y contra Antonio Benavides Torres, actual jefe de gobierno del Distrito Capital y ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana.
Dijo que había entregado más de mil elementos probatorios, entre ellos experticias, reconocimientos médico legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas.
«Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia, no es posible sancionar a los responsables», dijo la fiscal general en declaraciones ofrecidas a las puertas del CPI.
Detalló que en 2015 fueron asesinadas 1.757 personas por funcionarios policiales y militares; en 2016, 4.667 personas fueron asesinadas, bajo las mismas condiciones; hasta el mes de junio de este año fueron asesinadas 1.846 personas, todas bajo las órdenes del Ejecutivo nacional. «Es un plan de limpieza social, una razzia», acusó.
También incluyó en su denuncia la acción de las OLP (Operación para la Liberación del Pueblo), en la que han sido asesinadas 505 personas. «Una razzia ejecutada por grupos tácticos de combate, llamadas Fuerzas Especiales».
Dijo que han ocurrido 17.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura, en una acción del gobierno que llevó a la militarización de la seguridad ciudadana.
«Nicolás Maduro Moros debe pagar por esto», clamó Luisa Ortega Díaz. «Solicitamos que se libre orden de captura internacional contra Maduro y las personas mencionadas».
