Por mayoría, la Eurocámara aprobó ampliar sanciones impuestas por la UE a altos cargos del gobierno venezolano, al tiempo que condenó uso de la violencia del régimen chavista, así como la expulsión del embajador español Jesús Silva. Diputados europeos explorarán la posibilidad de incrementar sanciones económicas y diplomáticas si la situación política se deteriora
Con amplia mayoría de votos, el Parlamento Europeo aprobó este jueves extender las sanciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, su entorno y la petrolera estatal Pdvsa, y exigió el restablecimiento del derecho de los dirigentes políticos de la oposición a participar en la próxima elección presidencial.
En una resolución aprobada por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, los eurodiputados piden la aplicación de sanciones contra el presidente Maduro, al vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, y su entorno conformado por, «parientes incluidos», entre otros, al considerarlos «responsables del agravamiento de la crisis».
La decisión llega horas después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara para el 22 de abril la celebración de una elección presidencial anticipada, pese a que gobierno y oposición no lograron firmar en Santo Domingo un acuerdo que incluía la fecha y garantías para la celebración de esos comicios.
La resolución de los eurodiputados, impulsada por los grupos conservador y liberal del hemiciclo, lamenta la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de adelantar los comicios y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir la participación de candidatos opositores.
SOLO ELECCIONES LIMPIAS
La Unión Europea «únicamente» reconocerá «unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de (…) partidos políticos» y «unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes».
Durante un debate en la noche del martes sobre la situación en el país latinoamericano, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, urgió a «establecer garantías para asegurar unas elecciones libres, transparentes y creíbles».
«No deben imponerse condiciones artificiales para limitar la participación de los partidos políticos», apuntó Mogherini, quien expresó la disposición de la UE a «adoptar las medidas adecuadas» con el objetivo de «apoyar soluciones democráticas y negociadas».
CONDENA VIOLENCIA GUBERNAMENTAL
Aunque la UE expresó su preocupación por la situación en el país durante los cuatro meses de protestas que dejaron 125 muertos entre abril y julio, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) supuso el punto de inflexión para la adopción de sanciones.
En noviembre, la UE aprobó su primer paquete consistente en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna» y, en enero impuso una prohibición de visados y congelación de activos para siete altos cargos del país, entre ellos los presidentes del CNE y del Tribunal Supremo.
Además del presidente y el vicepresidente, los eurodiputados piden sanciones contra el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, y señalan que «podrían estudiarse y adoptarse más medidas diplomáticas y económicas, en particular con respecto a la Pdvsa».
Este jueves también la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la apertura de investigaciones preliminares sobre supuestos crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Filipinas y Venezuela. La pesquisa preliminar en Venezuela analizará las acusaciones iniciadas en abril de 2017 sobre que las fuerzas del gobierno “utilizan con frecuencia fuerza excesiva para dispersar y sofocar manifestaciones” y maltrataron a algunos miembros de la oposición cuando estaban detenidos, señaló la fiscal, Fatou Bensouda, en un comunicado. Algunos manifestantes recurrieron a la violencia y mataron o hirieron a miembros de las fuerzas de seguridad, añadió en el comunicado.