GUSTAVO OLIVEROS –
Han transcurrido 22 meses de prisión y se dice fácil, pero, cuando se está preso, los minutos duran horas y las horas tardan días, los meses se transforman en años y las huellas en el alma perduran para siempre. Eso no lo ha vivido el general Edgar Rojas Borges, presidente de la Corte Marcial, quien este 28 de julio decidió escuchar la apelación que los abogados de Rubén González introdujeron tiempo atrás, con la esperanza puesta en la justicia, ligando que la balanza de la “dama ciega” se incline a favor del viejo sindicalista de Ferrominera del Orinoco, cuya condena irrisoria en primera instancia lo mantiene en una celda sin ningún beneficio, a pesar de su deteriorado estado de salud.
Por ahora, habrá que esperar otros diez días para conocer, finalmente, la suerte de quien se negó a aceptar hechos que no ha cometido, pues el general decidió tomarse ese lapso para meditar la sentencia y decidir sobre el caso, dejando claro, por supuesto y para buenos entendedores, que su presencia en este acto solemne era suficiente para dar una muestra de que la justicia existe, aunque en algunos momentos suela equivocarse.
No ha sido sencillo para este hombre, que ya superó con creces el medio siglo, aguantar el confinamiento al cual ha sido sometido, pues siendo padre de familia y dirigente obrero, gozaba del privilegio que se les otorga a los ciudadanos libres en todos aquellos países donde la justicia es independiente de los caprichos del poder ejecutivo. Esto sin mencionar el deteriorado estado de salud en el cual se encuentra.
Si bien la democracia no es la panacea de la igualdad social aún con todos sus defectos, los avances, hasta ahora, han sido prodigiosos. Solamente el hecho de que este sistema político se sostenga sobre los tres pilares fundamentales que lo caracterizan ya es un logro, alabado en el mundo entero. Entre ellos, el judicial.
Y es, precisamente hablando del Poder Judicial, donde recae el abuso de las autoridades nacionales, lo que conlleva, finalmente, a la violación de los derechos humanos fundamentales, colocando en desventaja a los ciudadanos ante la ignominia del Estado de Derecho, quebrantando así, a mansalva, las propias leyes que lo rigen; lo que coloca en tela de juicio a un gobierno que se ufana de tener la mejor Constitución de los países vecinos.
La Constitución Nacional sostiene, en su artículo 49 numeral 4 del Capítulo III dedicado a los Derechos civiles, que: “Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley”, en el caso del viejo sindicalista, esto no ha sido más que un oximorón, o más bien una morisqueta indescifrable, puesto que Rubén Darío González no solo fue juzgado por un tribunal militar sino que en su defensa se obviaron al menos 15 artículos del Capítulo en cuestión.
Párrafos sin valor alguno que se inician en el art 43 y culminan en el 61, curiosamente dedicado a la “libertad de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica afecte su personalidad o constituya delito…”
De allí que el especialista de Derecho Laboral León Arismendi sostenga que el gobierno ha violentado, al menos en este caso, casi toda la normativa que protege a los ciudadanos para expresarse y que no solamente se ve patentado en el control sobre los medios de comunicación social, sino en la represión contra aquellos organismos que defienden a los trabajadores independientes del poder legislativo.
Han sido muchos los intentos de distintas organizaciones que velan por los Derechos Humanos para que se la conmute la pena al dirigente sindical, sin embargo, ninguna ha logrado que al menos sea atendido en lo concerniente a vigilar su mal estado de salud. Él, por su parte, debido a su condición de pastor, cada mañana lee sus salmos en un llamado a misa en donde acude el resto de los condenados que al igual que él esperan la llegada de una justicia divina que los redima, eso si es que el Espíritu Santo los contempla desde lo alto, porque desde lo bajo, pisando en el mundo terrenal, este pareciera haberlos abandonados a su suerte. Pero no solamente los condenados asisten al ritual mañanero, también los custodios alzan sus plegarias al cielo a la espera de que las mismas, una vez acogidas por el Todopoderoso, les ayude a perdonar los pecados cometidos en el “ejercicio del deber”.
Ahora, la mano de Dios está en las manos del general Rojas Borges, quien seguramente en la diestra tiene la Biblia que representa el juicio divino, y en la siniestra, la Constitución que rige los derechos, en el mundo terrenal, de los venezolanos sin discriminación de ningún tipo. Menudo problema se le presenta al presidente de la Corte Marcial. Esperemos logre resolverlo de aquí al próximo mes de agosto sin que le tiemble el pulso.
Gustavo Oliveros, periodista venezolano. Reside en Caracas.
