La Declaración de los Barcelona reunió a las distintas agrupaciones de venezolanos organizados en Catalunya, España, para en una sola voz expresar su apoyo a los compatriotas que en su país han sido víctimas de los continuos atropellos y violaciones contra los derechos fundamentales, de las muertes violentas debido a la represión por parte del gobierno que encabeza Nicolás Maduro

 

Tras una intensa jornada de recolección de firmas y de aunar voluntades, las diversas agrupaciones y asociaciones gremiales, estudiantiles y profesionales de venezolanos, que residen en la Comunidad de Cataluña, expresaron a través de la Declaración de Barcelona por los Derechos Humanos en Venezuela, su solidaridad con el pueblo venezolano que actualmente se encuentra en las calles manifestando pacíficamente por el respeto de los derechos humanos, al tiempo que denunciaron las constantes violaciones a la Constitución nacional, por parte del gobierno de Nicolás Maduro; atropellos que no solo se limitan a la brutal represión de los cuerpos policiales contra los manifestantes, sino que también afecta fundamentales a derechos básicos como el de alimentarse, la salud, la obtención de medicamentos y el de libre tránsito por todo el territorio nacional.

El evento, que se llevó a cabo el pasado jueves 8 de junio, reunió, entre diversas personalidades catalanas, a los representantes de la Asociación Catalano-Venezolana (Asocaven), la Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en Cataluña (Pejucat), la Asociación de Estudiantes Venezolanos en el Exterior – Cataluña (EVE), la Alianza por la Libertad de Venezuela, Protesta Express, SOS Venezuela Cataluña, Venezuelan Press Barcelona y Venmundo Cataluña. En el acto se leyó y luego fue aprobado el siguiente documento:

DECLARACIÓN DE BARCELONA

El 6 de febrero de 2015, la Comisión de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación del Parlamento de Cataluña aprobó una resolución relativa a los trágicos acontecimientos ocurridos en Venezuela durante los primeros meses del año 2014. Entre otros extremos dicha resolución indicaba que:

“Tras varios meses de manifestaciones y protestas en la calle por parte del movimiento estudiantil venezolano, se han acumulado miles de denuncias sobre asesinatos, lesiones, torturas y tratos degradantes, detenciones ilegales y procesos judiciales irregulares contra ciudadanos que participaban en estas actividades.

La veracidad de estas denuncias ha sido certificada por diversos informes y comunicados emitidos por las más reconocidas instancias nacionales e internacionales del ámbito de los Derechos Humanos como son el Relator Especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Alto Comisionado los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros Sin Fronteras así como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Civilis, Foro Penal Venezolano y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social. A nivel de Cataluña estas denuncias han dado lugar a pronunciamientos por parte del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo (FCCD) y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, a Además de los ayuntamientos de Barcelona, Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallés o Mataró, entre otras ciudades catalanas.

La resolución contra las violaciones de DD HH en Venezuela se apoya en informes emitidos por diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos a nivel mundial, así como también de Venezuela y Cataluña. En este sentido destacan a nivel de Cataluña el informe emitido por el Instituto Catalán Internacional por la Paz (órgano consultivo del Parlamento de Cataluña) y el comunicado del Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo del mes de marzo de 2014, alertando acerca de las vulneraciones antes mencionadas.

1. Condena las acciones contrarias a los derechos humanos y las acciones violentas ocurridas en Venezuela durante los meses de febrero y marzo de 2014.
2. Reitera su defensa de la democracia, la garantía de la libertad de expresión y pensamiento y manifiesta su solidaridad con todas las personas e instituciones que han sido víctimas de acciones violentas.
3. Expresa su solidaridad hacia las familias de los manifestantes y funcionarios muertos y solicita la aclaración y la sanción los autores de los homicidios.”

El 12 de marzo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución acerca de la situación en Venezuela, Nº 2015/2582(RSP).

En la resolución adoptada, los diputados emitieron diversas consideraciones sobre la detención arbitraria de algunos miembros de la oposición al gobierno venezolano, la violación sistemática de los Derechos Humanos de los presos políticos y la falta de independencia de los órganos judiciales encargados de juzgar a los opositores, entre otros asuntos.

El 18 de julio de 2016, el Consejo de la Unión Europea adoptó en su sesión Nº 3482 una serie de conclusiones sobre la situación existente en Venezuela.

Los gobiernos integrantes de dicho organismo dictaminaron en aquella ocasión lo siguiente, entre otros puntos:

“La reconciliación en Venezuela es de la máxima importancia tanto para la Unión Europea como para los países de la región. La Unión Europea está convencida de que los países y las organizaciones de la región, así como otros socios internacionales principales, tienen un papel fundamental que desempeñar para animar al Gobierno y a la oposición a entablar un diálogo auténtico y a atender las necesidades apremiantes del pueblo de Venezuela.”

El 15 de mayo de 2017, el Consejo de la Unión Europea adoptó en su sesión Nº 3535 una serie de conclusiones sobre la situación existente en Venezuela.

En estas conclusiones, el ente europeo vino a reconocer las siguientes circunstancias existentes en Venezuela, entre otras:

“En los diez meses transcurridos (desde la anterior resolución del 18 de julio de 2016), la mediación no ha brindado los resultados deseados y el proceso se encuentra estancado. Desde entonces ha aumentado la polarización política, la situación económica y social ha seguido deteriorándose y se ha producido una escalada de la violencia que ha causado múltiples muertos y heridos. Todos los incidentes violentos deben investigarse.

La violencia y el uso de la fuerza no resolverán la crisis del país. Deben respetarse los derechos fundamentales del pueblo venezolano, incluido el derecho a manifestarse pacíficamente. Es fundamental que todas las partes se abstengan de cometer actos violentos. En este contexto, resulta preocupante el anuncio de la ampliación y el refuerzo de los grupos civiles armados, por cuanto puede alimentar un recrudecimiento de la violencia y no contribuye a ninguna solución. La UE recuerda también que el recurso a los tribunales militares para juzgar a civiles es contrario al Derecho internacional.”

Además de las instancias europeas y del Parlamento de Cataluña cuyas resoluciones han sido citadas anteriormente, a lo largo de los últimos años se han acumulado infinidad de pronunciamientos provenientes de múltiples gobiernos y organizaciones en relación a la dramática situación existente en Venezuela en materia de Derechos Humanos y vigencia del Estado de Derecho.

Esta toma de posición por parte de tantas personas, instituciones y gobiernos a nivel mundial, viene motivada por el grave deterioro en las condiciones de vida de los venezolanos que se viene produciendo de unos años a esta parte.

La población venezolana se encuentra afectada de manera cotidiana y generalizada por problemas graves de toda índole como son:

Cifras récord a nivel mundial en materia de inseguridad personal con más de 28.000 asesinados por la delincuencia durante el año 2016 (datos certificados por organizaciones como Foro por la Vida y Observatorio Venezolano de la Violencia). La propia Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega, comunicó en su informe anual de gestión correspondiente al año 2016 una cifra de casi 22.000 asesinatos. Venezuela fue el segundo país con más muertes violentas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Sirva como ejemplo que la tasa de asesinatos en España durante 2016 fue de 0,63 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En Venezuela fue de 91,8 por cada 100.000 habitantes.

Desabastecimiento generalizado de alimentos y otros artículos de consumo básico como papel higiénico, jabón, productos de higiene personal, etc. que ya para el año 2016 con unas carencias que para finales de 2016 alcanzaban ya al 80% de la cesta de productos de consumo básico de la población. La falta de alimentos ha generado una pérdida de peso promedio de 8,7 kilos en un año de acuerdo con la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (ENCOVI) realizada sobre una muestra de 6.500 familias y avalada por las principales universidades venezolanas, entre ellas la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. Esta encuesta también refleja que entre el año 2014 y 2016 la pobreza ha aumentado desde el 48% al 82%, con un 52% de pobreza extrema. Es decir, más de la mitad de los venezolanos se encuentra actualmente en niveles de pobreza extrema. Otro dato escandaloso en esta materia es el que indica la existencia de 9,6 millones de venezolanos que solo pueden comer como máximo dos veces al día.

La devaluación de la moneda, el Bolívar Fuerte, alcanzó una cifra récord a nivel mundial del 300% según los cálculos más conservadores. Como referencia tenemos que en el año 2010 con 100 bolívares podían adquirirse el equivalente a 12 euros. Al día de hoy con esos mismos 100 bolívares obtendríamos 2 céntimos de euro. El salario mínimo en Venezuela al mes de abril de 2017 era de 200.000 bolívares, el equivalente a 32 euros.

Ausencia casi total de medicinas y materiales médicos con niveles de escasez que afectan hasta al 85% del catálogo nacional de medicinas, según informes de la Federación Farmacéutica Venezolana. Esta circunstancia genera situaciones dramáticas en tanto que vienen ocasionando miles de muertes por falta de tratamientos con fármacos tan básicos como puede ser un antibiótico, una pastilla contra la hipertensión o el más elemental elemento médico quirúrgico. Debido a este grave problema el gobierno venezolano solicitó el pasado mes de marzo, ayuda a la ONU para paliar la situación a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe.

Esta carencia de medicamentos ha generado un aumento de la mortalidad infantil y maternal. Según un comunicado emitido por UNICEF el 12/05/17: “los datos indican que un 30 por ciento más de niños y niñas murió antes de su primer cumpleaños y un 64 por ciento más de mujeres murió durante el embarazo o dentro de los 42 días después del parto en 2016 comparado con 2015. Más de 240.000 personas fueron afectadas por malaria en 2016, un 76 por ciento más que en 2015. Los casos de diarrea, tos ferina, neumonía, VIH y sarampión – todas potencialmente mortales para la niñez – también muestran un marcado incremento.”.

Los niveles de inflación existentes en Venezuela no se encuentran en ningún otro país del mundo. Del año 2008 hasta el 2015 Venezuela ha habido un aumento del 2.358% en este indicador. Solo en el año 2016 según cifras del gobierno venezolano, la inflación fue del 274%. Diversos economistas y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) indicaron que la variación de precios para ese año fue de más del 700%.

Según el Foro Penal Venezolano, solo entre los días 01/04/17 y el 29/05/17 se habían producido 2.977 detenciones irregulares de manifestantes opositores. Para esa fecha existían igualmente 309 presos políticos, es decir, personas privadas de libertad por su posición contraria al gobierno lo cual genera una situación incompatible con una situación de normalidad democrática.

El uso de tribunales militares para procesar judicialmente a manifestantes opositores durante las últimas semanas, ha provocado la reacción de numerosos especialistas en materia de Derechos Humanos. Según el Foro Penal Venezolano, organización integrada por abogados voluntarios que defienden a personas encarceladas por el gobierno venezolano, la cual fue premiada con la medalla del Colegio de Abogado de Barcelona el 19/02/16 por su compromiso con los derechos humanos y el Estado de Derecho de Venezuela, solo entre el 01/04/17 y el 29 de mayo se había detenido a 363 personas para presentarlas ante la justicia militar. Estas actuaciones del gobierno venezolano contravienen las más elementales normas jurídicas a nivel mundial ya que los presuntos delitos cometidos por civiles solo pueden ser conocidos por tribunales no militares.

El día 29 de marzo del presente año se produjeron dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia venezolano donde, entre otras medidas arbitrarias e inconstitucionales, se anulaba la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional. Estos dictámenes motivaron que la Fiscal General, Luisa Ortega, señalara la ilegalidad de las medidas y provocó un conflicto entre el Poder Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro, y el Poder Ciudadano, del cual forma parte la Fiscalía General.

Se ha implantado un clima de terror dentro de un sector de la población venezolana, debido a la actuación de grupos armados (los denominados “colectivos”) quienes, en algunos casos bajo la complicidad de los cuerpos de seguridad estatales, son responsables de asesinatos, atracos y ataques de todo tipo contra la integridad personal de los manifestantes opositores así como contra viviendas, oficinas, instalaciones médicas, cuerpos de bomberos, etc. Es un hecho contrastado que numerosas víctimas de asesinato o lesiones por arma de fuego han sido producto de las agresiones protagonizadas por estos grupos de delincuentes.

El tejido empresarial venezolano se ha reducido desde el año 2002 en un 70%. Según FEDECÁMARAS y CONSECOMERCIO, los principales gremios que reúnen a las empresas venezolanas, en Venezuela existían para el año 2002 unas 830.000 empresas. Actualmente quedan en operación unas 250.000 con la previsión de que sigan produciéndose más cierres.

Al día de hoy en Venezuela la práctica totalidad de las actividades de importación, distribución y comercialización de alimentos, productos de higiene personal, etc. está centralizada en el ministerio de alimentación desde donde se coordinan dichas operaciones a través de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios. Este ministerio, al igual que muchos otros organismos públicos, está en manos de un militar de alto rango (General de Brigada) quien pasó a ser ministro de alimentación después de haber sido también ministro de banca pública y presidente de un banco estatal.

Entre estas empresas estatales, muchas de ellas dirigidas también por altos mandos militares, se encuentran Venezolana de Alimentos Casa (Venalcasa), Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela, Mercado de Alimentos (Mercal), Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), Red de Abastos Bicentenario y sus empresas filiales, Logística Casa (Logicasa), Centro de Alimentos Congelados (Cealco), Empresa Nacional de Almacenes (Enaca), Lácteos Los Andes y sus empresas afiliadas, Industrias Diana, Indugram (aceites comestibles), Palmeras Diana del Lago, Productos La Fina, Planta Procesadora de Plátanos Argelia Laya y la Fábrica para Procesamiento de Sábila de Venezuela (Sabilven), entre otras.

Las actuaciones tanto de la Policía Nacional Bolivariana, como de la Guardia Nacional Bolivariana, desmedida y fuera de los estándares establecidos internacionalmente, así como de los grupos oficialistas armados (denominados “colectivos”) han dado como resultado decenas de manifestantes asesinados con armas de fuego. Es importante resaltar que el uso de este tipo de armamento letal está totalmente prohibido por los convenios supranacionales a nivel mundial para el control del orden público.

En reacción a estos hechos, la Fiscal General de la República señaló el 24/05/17 a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana como responsables del asesinato – mediante disparo de una bomba lacrimógena dirigida al pecho de la víctima – del joven de 20 años de edad, Juan Pablo Pernalete Llovera, ocurrido durante una manifestación en Caracas el día 26/04/17. Igualmente la funcionaria indicó que este cuerpo de seguridad estatal es responsable directo de las lesiones de diversa gravedad, sufridas por más de 500 personas durante las manifestaciones opositoras de las últimas semanas.

En suma, tomando en cuenta las penosas circunstancias antes descritas y que vienen afectando a la ciudadanía venezolana en los últimos tiempos, pensamos que es de rigor y ajustado a las evidencias concluir que una situación tan extrema, de crisis humanitaria, amerita actuaciones firmes y contundentes desde las instancias supranacionales para ayudar en su resolución.

La más evidente constatación de que todos estos problemas son reales y están afectando gravemente la vida cotidiana de los venezolanos, es el hecho de que el gobierno nacional se haya visto obligado a decretar el Estado de Excepción y Emergencia Económica desde el 14 de enero de 2016 así como a prorrogar esa irregular situación hasta en siete ocasiones, la más reciente el día 13/05/17 durante sesenta días adicionales. Esta figura jurídica faculta al presidente de la república para legislar vía decreto sobre toda clase de cuestiones en materia social, económica, política y jurídica. Además le otorga la potestad también al presidente de restringir las garantías civiles establecidas por la Constitución venezolana. Sumado a esto tenemos la declaración de crisis humanitaria alimentaria aprobada por la Asamblea Nacional venezolana el 14/03/17.

Desde el mes de abril de 2013, el trámite de registro electoral permanente fue suspendido en los ochenta y cinco consulados venezolanos que operan como centro electoral alrededor del mundo, alegando supuestos problemas técnicos aún no resueltos. Como consecuencia, la última actualización disponible de votantes en el exterior corresponde al de las elecciones presidenciales de 2012. Esta situación configura una violación al derecho fundamental a la participación mediante el voto, consagrado en el artículo 63 de la Constitución vigente.

En el segundo semestre del año 2015, a los 9000 pensionados y jubilados de Venezuela residentes en España, sin aviso y sin que hasta la fecha se haya dado ninguna explicación ni respuesta, el Gobierno venezolano suspendió tanto el pago de las pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales a los pensionados en el exterior, que efectuaba mediante convenio con el Banco Santander, como las opciones CENCOEX de traslado de pensiones y conversión y transferencia las pensiones de los Jubilados de otros entes a sus cuentas en España.

Ante la gravedad de esta situación, que ocasiona gravísimos problemas a los ciudadanos afectados, la Asamblea Nacional aprobó el 27/09/16 la declaración de Emergencia Humanitaria Migratoria en la cual se exhortaba al gobierno venezolano para “en nombre de todos los afectados EXIGIR al gobierno a través de CENCOEX, del Banco Central de Venezuela y del IVSS, entre otros organismos a honrar las deudas y compromisos pendientes con los venezolanos que se encuentran en el extranjero”, petición que no ha sido atendida por el Poder Ejecutivo venezolano.

 

En este mismo sentido el 2 de noviembre de 2016, la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados aprobó una Propuesta No de Ley sobre la suspensión del pago de pensiones a los venezolanos en España, en la que: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Exigir explicaciones al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro ante el incumplimiento del Convenio Bilateral suscrito entre el Gobierno de España y el Instituto de Seguridad Social de Venezuela.
2. Exigir al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro el cumplimiento de las obligaciones suscritas en el anteriormente referido Convenio, las cuales se aplicarán de forma retroactiva a los pensionistas venezolanos residentes en España perjudicados por esta cuestión
3. En caso de recibir negativa por parte del Gobierno venezolano, presentar otro tipo de alternativa política que permita a los pensionistas venezolanos residentes en España recuperar las cantidades monetarias debidas.”

A fecha de hoy esta situación no ha sido atendida ni resuelta por el gobierno venezolano, generando así un grave problema de exclusión social de este colectivo, que va para dos años de mora en la disposición de sus pensiones.

Debido a la gravedad de lo anteriormente expuesto, un grupo de ciudadanos catalanes de origen venezolano hemos decidido pronunciarnos públicamente y a través de nuestras entidades asociativas, en relación a la gravísima crisis existente al día de hoy en Venezuela en materia de derechos fundamentales y vigencia de la democracia.

En este sentido deseamos exponer lo siguiente:

1.- Transmitimos nuestra total y absoluta solidaridad hacia las personas víctimas de la violencia generalizada que se ha instalado en el día a día de los venezolanos, con especial énfasis hacia los asesinados y sus familiares. Rechazamos la posible impunidad en que pudieran quedar estos casos y exhortamos a las autoridades competentes para que cumplan con su obligación de investigar tan lamentables sucesos.

2.- Expresamos nuestro apoyo a los afectados por el grave desabastecimiento y escasez de alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad. Señalamos como principal responsable de esta situación al gobierno venezolano en tanto que principal y casi único operador nacional en materia de importación, distribución y comercialización de los mencionados artículos a través de las empresas estatales.

3.- Requerimos de las organizaciones e instancias nacionales y supranacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, Unión Europea y gobierno español, entre otros, su actuación inmediata y decidida para poner fin a una situación que es insostenible y que puede desembocar en niveles de sufrimiento y penuria para los venezolanos aún mayores a las ya existentes.

4.- Invitamos a las instituciones locales para que expresen de manera pública su posición acerca de lo que viene acaeciendo en Venezuela. Esta solicitud va especialmente dirigida tanto al pleno del parlamento autonómico catalán como a la Generalitat de Catalunya.

5.- Igualmente transmitimos esta inquietud tanto al gobierno español como al Congreso de los Diputados, para que establezcan medidas concretas que ayuden a paliar la dramática situación de los venezolanos desplazados a España (pensionistas, estudiantes, etc.) y de los nacionales españoles emigrantes retornados, quienes sufren las consecuencias de un control de cambio de divisas así como de otras medidas restrictivas y arbitrarias del gobierno venezolano, que les impiden acceder a sus pensiones de jubilación, emplear las divisas legalmente obtenidas en Venezuela para el pago de sus estudios, etc. viéndose gravemente afectado por esta irregularidad la cobertura por su parte de las necesidades vitales más básicas propias y de sus familias.

6.- Dado que existen firmes pruebas de que diversos integrantes del gobierno venezolano han incurrido en delitos diversos, principalmente relacionados con la vulneración de Derechos Humanos y siendo los mismos objeto de sanción internacional así como exentos de prescripción, exhortamos al gobierno español así como a los de otros países a que realicen sus mayores esfuerzos tendientes a una correcta administración de justicia en este sentido. Consideramos que ningún responsable de haber cometido ilegalidades al amparo de su cargo o posición gubernamental debe gozar de impunidad, sea cual sea la irregularidad penal en la que haya incurrido.

Enumerados los puntos anteriores, los firmantes de este manifiesto expresamos nuestro firme y claro llamamiento a que cese de inmediato el discurso de división, odio y estigmatización adoptado por el oficialismo venezolano y quienes le apoyan nacional e internacionalmente, atribuyendo etiquetas políticas determinadas a quienes exigimos la restitución de los derechos ciudadanos conculcados a lo largo de los últimos dieciocho años. Deseamos transmitir igualmente a la sociedad española nuestra humilde advertencia acerca de las trágicas y horribles consecuencias que inevitablemente terminan produciendo siempre, los planteamientos políticos enconados, enfocados en remarcar las diferencias, dirigidos a fracturar la cohesión ciudadana y fabricando bandos de malos y buenos, de víctimas y victimarios. Lo que está ocurriendo en Venezuela debe servir como ejemplo de pésima e inhumana práctica político gubernamental.

Por último quienes suscribimos este texto nos ponemos al lado de los millones de personas afectadas de una u otra manera por el nefasto desempeño de un gobierno cuya estrategia ha sido desde siempre, la discriminación de los ciudadanos venezolanos en dos categorías excluyentes entre sí. Los que apoyan su proyecto político y los que no lo hacen.

Vaya con este documento nuestro más irrestricto apoyo hacia nuestros paisanos y hermanos venezolanos. Basta de persecución. La libertad debe retornar y retornará a Venezuela, estamos seguros.