Comunicado de WOLA (organización, con sede en Washington DC, líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas)
El 5 de julio un grupo de simpatizantes armados del gobierno Venezolano atacó a legisladores de la oposición y a miembros de los medios de comunicación en la Asamblea Nacional. Existe evidencia en video sugiriendo que el grupo entró en el recinto con el consentimiento de miembros de la Guardia Nacional de Venezuela. El atentado ocurrió después de un evento organizado por el gobierno de Maduro en el Palacio Legislativo sin el consentimiento de dicho cuerpo legislativo. Bajo ninguna circunstancia es aceptable que oficiales del gobierno o fuerzas de seguridad inciten a la violencia ciudadana. Permitir que tal violencia se emplee contra una rama del gobierno es una violación de la separación de poderes, y de la soberanía democrática del pueblo. WOLA (la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) condena fuertemente este ataque.
Este último incidente de violencia se presenta al mismo tiempo que el gobierno conlleva un ataque paralelo sobre una de las últimas instituciones independientes de Venezuela: la Oficina del Fiscal General. El 4 de julio, el tribunal superior de este país recibió una petición para remover a la Fiscal General Luisa Ortega de su puesto. Esta petición se sustenta en la acusación de que cometió “graves errores” en el ejercicio de su responsabilidad como fiscal al denunciar tanto la inconstitucionalidad de la Asamblea Constituyente propuesta por el gobierno de Maduro, así como el nombramiento ilegal de 17 jueces el 2015 diciembre. Estas alegaciones de mala conducta por parte de Ortega son infundadas, y tanto la petición original como el tratamiento dado por el tribunal superior a este caso como un asunto criminal en vez de administrativo están políticamente motivadas. Esto obviamente es un esfuerzo para remover a la Fiscal General de su puesto por sus críticas públicas al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, y las acciones que ha tomado contra sus medidas autoritarias.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha dicho que tardará varios días en revisar los méritos del caso contra Ortega, pero su expulsión parece inminente. El 3 de julio, el tribunal anuló la designación de un fiscal general sustituto por la Asamblea Nacional, designando en su lugar a una simpatizante del gobierno, Katherine Harrington, quien está dispuesta a reemplazar a Ortega en el caso de su expulsión.
WOLA condena la acción del gobierno de Maduro de remover a Ortega como un esfuerzo desvergonzado de expulsar a un oficial independiente. Apoyamos las preocupaciones de fiscales generales de 10 naciones latinoamericanas (incluyendo España y Portugal), que han expresado su alarma ante el reciente ataque contra Ortega, y rechazamos cualquier esfuerzo de limitar la autonomía y la independencia de su oficina. Bajo la Constitución de Venezuela de 1999, la autonomía de la Oficina del Fiscal General está diseñada precisamente para servir como un control al resto del gobierno.
Estas acciones se presentan en el contexto de la insistencia en una Asamblea Constituyente antidemocrática e inconstitucional por parte del gobierno de Maduro. Como hemos destacado anteriormente, este esfuerzo es inconstitucional ya que usurpa el derecho exclusivo del pueblo de solicitar una Asamblea Constituyente a través de un referendo u otros mecanismos. Además, los “poderes de origen” de la Asamblea Constituyente permitirá que supedite todas las otras ramas del gobierno. Oficiales del gobierno han sugerido ya que la Asamblea Constituyente disolverá la oposición de la Asamblea Nacional. Queda claro que el gobierno de Maduro está usando la Asamblea Constituyente para cambiar las reglas del juego político sabiendo que no puede ganar en una elección justa.
WOLA urge que el gobierno de Maduro repare su trayectoria antidemocrática y que asegure el estado de derecho. También instamos a los países en la región a que se comuniquen y colaboren para facilitar esta rectificación.
