FARID KAHHAT –
Estudios demuestran que, como regla general, los inmigrantes aportan más a la economía local que lo que obtienen de ella, con lo cual contribuyen a crear nuevos trabajos
El reciente acuerdo de presupuesto entre demócratas y republicanos en Estados Unidos tiene una gran omisión: no incluye decisión alguna sobre el estatus migratorio de más de 750.000 jóvenes que se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (conocido como DACA, por sus siglas en inglés).
Se trata de jóvenes que ingresaron a Estados Unidos de forma indocumentada siendo menores de edad (es decir, por decisión de sus padres o apoderados, no suya), y que debían cumplir una serie de requisitos (educativos, laborales, de antecedentes penales, etc.), para poder acogerse al programa. Como sabemos, la Administración Trump decidió poner fin a ese programa, y de no producirse una decisión legislativa sobre su futuro, esos jóvenes podrían comenzar a ser deportados a partir de marzo.
Según datos del Pew Research Center, hasta setiembre del 2017 se habían acogido a ese programa unos 7.420 jóvenes peruanos. De no llegarse a un acuerdo, ellos también podrían comenzar a ser deportados hacia el Perú a partir del próximo mes. Algunos de ellos fueron llevados por sus padres a Estados Unidos siendo bebes, así que, para todo efecto práctico, ese es el único país que conocen. Si le parece injusto que esos peruanos trabajadores que jamás cometieron delito alguno estén bajo riesgo inminente de deportación, entonces debería aplicar el mismo criterio para juzgar la presencia en nuestro país de ciudadanos venezolanos.
A diferencia de los jóvenes que se acogieron al programa DACA (aunque eso no fuera por culpa suya), esos venezolanos ingresaron a nuestro país y radican en él cumpliendo las normas migratorias del Estado Peruano. Y vienen al Perú en busca de oportunidades, dado el escenario de violencia, recesión e hiperinflación que prevalece en su país. Escenario similar, por cierto, al que padeció nuestro país en la década del ochenta, durante el cual un número aun mayor de peruanos viajó a Venezuela para radicar ahí. De hecho, la emigración de nuestros compatriotas hacia Venezuela se inició en la década del setenta, y fueron acogidos sin muestras ostensibles de xenofobia o discriminación. Lo menos que podemos hacer es devolver el favor.
Y no crea en las leyendas urbanas sobre la magnitud de esa inmigración. La cifra oficial de alrededor de 100.000 personas debe ser la correcta por una sencilla razón: así como un peruano no necesita visa para ingresar a la mayoría de países sudamericanos (incluyendo Venezuela), los venezolanos no necesitan visa para ingresar a nuestro país.
De cualquier modo, la cifra de venezolanos residentes en el Perú debiera ser irrelevante, dado que los temores que subyacen tras esos cálculos son infundados. Por ejemplo, los estudios demuestran que, como regla general, los inmigrantes aportan más a la economía local que lo que obtienen de ella (con lo cual contribuyen a crear nuevos trabajos). Eso es cierto incluso entre los inmigrantes de primera generación con un bajo nivel de educación formal. Y existen razones para creer que los inmigrantes venezolanos tienen niveles educativos relativamente elevados, lo cual eventualmente debería traducirse en una mayor productividad laboral.
Según los registros de la Organización Civil Venezolanos en Ecuador, de los 28.347 venezolanos que votaron en ese país durante la consulta popular convocada en el 2017 por la oposición venezolana, la mayoría tenían títulos de tercer o cuarto nivel académico.
Publicado en www.elcomercio.pe
