VÍCTOR SUÁREZ –
«Lo están haciendo muy mal», se exalta el presidente Donald Trump; el Departamento del Tesoro pone contra las cuerdas al vicepresidente Tareck El Aissamí y con él a la cúpula gobernante; el Senado aprueba por unanimidad una especie de moción de censura al gobierno de Nicolás Maduro y exige a su Ejecutivo que se deje de vainas y presione hasta el último aliento para que se le aplique a Venezuela la Carta Democrática de la OEA. Y si faltara por desprendérsele algún otro pétalo a esa flor que no retoña, he allí que ha saltado un nuevo petardo que completaría la faena de acoso y derribo que se ve venir desde el norte de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos liberó el viernes 3 de marzo su informe anual, de 46 páginas, sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.
El recuento es espeluznante, puntilloso y deliberadamente explosivo. Según se desprende de tal diagnosis, prácticamente ningún sector social, ninguna actividad política o profesional, ninguna minoría, ningún preso o peticionario de asilo, y, por extensión, ningún ciudadano venezolano, escapó de ser víctima de abusos y violaciones a sus derechos humanos durante 2016 por parte del gobierno de Maduro.
POLÍTICA SISTEMÁTICA
Los principales casos reportados incluyeron el uso sistemático y politizado del poder judicial para socavar la acción del poder legislativo; intimidación y procesamiento selectivo a los críticos del gobierno; acción policial indiscriminada contra civiles que condujeron a detenciones arbitrarias generalizadas, a privación ilegal de la vida y a la tortura; y, también, la restricción gubernamental a la libertad de expresión y de prensa.
La Oficina de asuntos de la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, responsable del levantamiento del informe, señala que el gobierno venezolano detuvo y encarceló a figuras de la oposición y mostró poco respeto a la independencia del poder judicial o no permitió que los jueces pudieran actuar de acuerdo a la ley sin temor a represalias. En oportunidades, dice, el gobierno bloqueó medios de comunicación y estaciones de televisión de propiedad privada, persiguió e intimidó a otros medios y a periodistas a lo largo del año mediante amenazas, multas, confiscaciones de bienes, detenciones, investigaciones criminales y procesamientos. A la prensa escrita no se le permitió acceso al papel de imprenta.
También sostiene que organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y algunas agencias gubernamentales reportaron ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía y las fuerzas de seguridad; tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; ásperas condiciones de reclusión y ausencia del derecho al debido proceso, lo cual contribuyó a que la violencia se generalizara, hubiera mayores disturbios, lesiones muy graves y muertes en las cárceles; centros de detención juvenil inadecuados; corrupción e impunidad en la policía; arrestos y detenciones arbitrarias; abuso a prisioneros políticos; interferencia al derecho a la privacidad; falta de respeto a la libertad de reunión; falta de protección para los migrantes colombianos; corrupción a todos los niveles de gobierno; amenazas contra organizaciones no gubernamentales nacionales; violencia contra la mujer; discriminación en el empleo basada en la preferencia política; y restricciones del derecho de asociación de los trabajadores.
El gobierno a veces tomó medidas -concede el informe- para castigar a funcionarios de menor rango que cometieron abusos, pero ha habido pocas investigaciones o procesamientos a altos funcionarios.
La impunidad siguió siendo un problema serio en las fuerzas de seguridad, sostiene el Informe del Departamento de Estado.
DOCUMENTACIÓN DE BASE
Gran parte del contenido del informe se basa en señalamientos y documentación provistas por Organizaciones No Gubernamentales nacionales y extranjeras. Se citan, entre otras, alegaciones de Cofavic, Provea, Foro Penal, Observatorio Venezolano de Prisiones, Ventana por la Libertad, Acción Solidaria, Instituto de Prensa y Sociedad, Espacio Público, Red de Apoyo para Justicia y Paz, Acceso Libre, Transparencia Venezuela, Control Ciudadano y Coalición Pro Acceso. Seguramente, en respuesta, el gobierno de Maduro dirá nuevamente que tales organizaciones están al servicio «del imperio» y que por ese trabajo documental y de monitoreo tan detallado han recibido gordas y verdes divisas. Se sabe que el gobierno prohibió que las ONGs criollas puedan recibir ayuda de entidades extranjeras.
NINGÚN NOMBRE, TODOS RECONOCIBLES
Aunque no menciona su nombre, el actual ministro del Interior, un mayor general a quien Estados Unidos colocó en lista de observación (Lista Clinton) por abusos a los derechos humanos, es citado en varias ocasiones como responsable de la larga cadena de violaciones que sistemáticamente sucedieron a lo largo de 2016. También aparecen señalados los responsables del ministerio de Asuntos Penitenciarios, de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo como cabezas de turco y por no proporcionar información estadística relacionadas a torturas en sede policial. La Guardia Nacional, los servicios de seguridad del Estado y la Policía Nacional Bolivariana son señalados como ejecutores de políticas gubernamentales expresamente fuera de la ley.
REINO DEL TERROR
Explica el informe que algunos medios y ONGs documentaron que palizas y trato humillante a sospechosos fueron casos corrientes, en los que estaban involucrados tanto fuerzas civiles como militares. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se registraron durante el año. Dos métodos comunes de tratamiento cruel fueron la negación de asistencia médica a los detenidos y la remisión de los presos a largos periodos en régimen de aislamiento. En el caso del líder opositor Leopoldo López, las autoridades de la prisión militar de Ramo Verde le han mantenido en régimen de aislamiento durante gran parte de su encarcelamiento, le han sometido a registros corporales sin ropa varias veces al día, le han negado las visitas familiares, y también le han privado de material de lectura y escritura. Los funcionarios de prisiones sometieron a sus familiares a registros corporales humillantes.
Una de las características del sistema judicial venezolano es el hacinamiento en las cárceles y centros de retención. El ministerio de Servicios Penitenciarios informó que había 50.791 presos en 58 cárceles y centros penitenciarios del país y un estimado de 33.000 presos en los retenes de las estaciones de policía. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la capacidad de los centros penitenciarios era de 22.459 presos y de 5.000 en los centros policiales. El hacinamiento fue de 126 por ciento en los centros penitenciarios y 560 por ciento en los retenes policiales en promedio, aunque el OVP observó que el hacinamiento en algunas cárceles varió de 800 a 1.200 por ciento.
La mayoría de las condiciones de encarcelamiento son muy duras y potencialmente mortales debido a la falta de personal adecuado, que está mal entrenado y presuntamente corrompido; seguridad débil; deterioro de la infraestructura; hacinamiento; falta de atención médica adecuada; y escasez de alimentos y agua potable. Bandas armadas controlan efectivamente las prisiones en las que se encuentran recluidos.
Una de las «mejoras» en el sistema penitenciario venezolano lo remite el Departamento de Estado al caso de la clausura de la cárcel de San Antonio, en el estado de Nueva Esparta, después de la divulgación de una serie de videos en la que los internos disparaban a la libre sus armas de fuego para conmemorar la muerte de su gran líder «El Conejo», quien murió en enero del año pasado. 1.828 prisioneros fueron trasladados a otros centros penitenciarios.
CIFRAS INCONGRUENTES
La violencia social se mantuvo alta y siguió aumentando. El Ministerio Público informó de 19.453 homicidios en 2015, una tasa de 63,5 por cada 100.000 habitantes. La ONG Observatorio Venezolano de la Violencia estimó que la tasa es aún mayor, con 27.875 homicidios; es decir, 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las más altas del mundo.
Si brilla la impunidad y los presupuestos se recortan, si las fuerzas de seguridad se exceden en sus actuaciones y campean los abusos, el informe del Departamento de Estado también clava una espuela en el costado de la institución que más que ninguna debería vigilar la vigencia del Estado de Derecho. «La subcomisión de DDHH de la Asamblea Nacional ha jugado un rol insignificante en esos debates», acusa.
