La embajada venezolana en España emitió un comunicado en el que sin nombrarlo señala a ese país como injerencista en las políticas internas de Venezuela. En una declaración de 8 puntos el gobierno de Nicolás Maduro expresó hoy su rechazo a «la actitud injerencista de algunos gobiernos que intentan desviar la atención de sus problemas internos y debilidades institucionales, manipulando la realidad de nuestro país».
Según el gobierno y su embajada, en Venezuela el color rosa es dominante, aunque el ambiente se encuentre enrarecido por «sectores de la oposición», que «impulsados por factores internacionales, promueven el caos y acciones terroristas».
Ante las protestas ciudadanas que han inundado al país en las últimas semanas, los cuerpos de seguridad «han actuado de forma impecable».
Pero tal apreciación es insostenible.
El embajador jubilado Fernando Gerbasi, residente en Madrid, declaró a Actualy.es, que ello es «totalmente falso».
– No solo porque hasta ahora dos personas han fallecido, han ocurrido ataques a centros hospitalarios y lanzamientos de bombas lacrimógenas desde helicópteros de los cuerpos de seguridad; es que en los últimos días se han manifestado organismos internacionales que dicen lo contrario: La Alta Comisionada de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas han emitido comunicados sobre la brutal represión a manifestaciones pacíficas.
La embajada asegura en su comunicado que «la Asamblea Nacional no ha sido disuelta en ningún momento y sus competencias siguen vigentes».
– Las consideraciones de la embajada de Venezuela en España sobre la Asamblea Nacional también son completamente falsas, señala Gerbasi. «Las competencias de la AN están cercenadas desde el 6 de enero de 2016, el TSJ ha emitido cerca de 50 resoluciones y sentencias que la han despojado de sus facultades y competencias constitucionales, y aun cuando hayan sido «corregidas» sus últimas dos sentencias, la AN sigue intervenida por el TSJ. Los poderes extraordinarios al presidente Maduro siguen vigentes, quitándole toda capacidad legislativa a la AN».
– ¿Qué opina sobre esa acusación enmascarada al gobierno de Mariano Rajoy?
– Dado que el comunicado se emite en Madrid, es anti diplomático. Parece estar dirigido al gobierno español puesto que la embajada está acreditada ante el gobierno de España. Su relación es directa con el gobierno español. Ese comunicado está fuera de lugar, ataca al gobierno español, llamándolo injerencista, y descalifica su actitud al decir que actúa de esa manera (crítica al gobierno venezolano) como consecuencia de «sus problemas internos y debilidades institucionales». Esas declaraciones afectan la relación bilateral.
Entre los gobiernos venezolano y español las relaciones han sido muy tirantes. Insultos reiterados de Maduro al presidente de gobierno Mariano Rajoy, notas de protestas, llamados a consultas de embajadores de ambos países, entre otros «disparos diplomáticos». También son recurrentes en España los debates parlamentarios sobre Venezuela y algunos partidos políticos han expresado su preocupación ante la deriva autoritaria del gobierno venezolano. El septiembre del año pasado el gobierno venezolano acusó de «injerencista» al español.
Pero este tipo de comunicados es una novedad.
– En mucho tiempo es el primero de esta naturaleza, considera Gerbasi. Creo que es una instrucción (de la cancillería venezolana) para que sea replicado por otras embajadas en todas partes del mundo. Pero la realidad sigue estando patente, como una pedrada en ojo boticario, como la pedrada en la frente que le lanzaron al diputado Juan Requesens, que ahora se le devuelve.
– ¿Piensa que el gobierno de España responderá?
– No necesariamente habría una respuesta del gobierno español, porque no lo nombra.
A comienzos de febrero España designó a Jesús Silva Fernández como nuevo embajador en Venezuela. Silva se encuentra actualmente en Caracas, pero aún no ha presentado cartas credenciales ante el gobierno venezolano, como es de estilo.
Mientras tanto, el embajador Mario Isea Bohorquez, que en el último trimestre ha tenido que acudir varias veces ante la cancillería española para recibir reclamos diplomáticos, está siendo requerido por ciudadanos venezolanos residentes en España para que informe si definitivamente el gobierno de Maduro les ha condenado a muerte al no pagarles las pensiones a que tienen derecho.
