ALEJANDRO ARRATIA –
Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Constitución Española, artículo 155
Miércoles 11 de octubre: el Gobierno de España ha dado un plazo de cinco días -hasta el lunes 16, a las 10 de la mañana- al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que dé una primera respuesta al requerimiento del Consejo de Ministros y confirme si ha declarado o no la independencia de Cataluña. Si el señor Puigdemont responde afirmativamente, o se niega a contestar, tendrá un segundo plazo hasta el jueves 19, a la misma hora, para rectificar y volver a la legalidad constitucional. Rectificar es hacer explícito el no reconocimiento de los supuestos resultados del referéndum ilegal del 1º de octubre y asumir la anulación de la Ley del Referéndum y de la Ley de Transitoriedad, porque ambas leyes fueron anuladas por el Tribunal Constitucional. En caso de no rectificar, el Consejo de Ministros activará las medidas procedentes para llevar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución; es decir, cómo y de qué manera asumir el control de las competencias autonómicas. El 155 nunca ha sido aplicado en 40 años.
Este es el estado legal de la situación política actual. Recordemos algunos de los sucesos que condujeron a este grado de tensión.
Martes 10 de octubre: En horas de la noche se reunió el Parlamento Catalán para conocer el informe y análisis político que presentaría el presidente de la comunidad autónoma. En otras palabras, poner en práctica el procedimiento inventado por los secesionistas para discutir la desconexión del territorio capeando las sanciones legales anunciadas por los tribunales. Afuera presionaba a sus líderes una concentración numerosa de prosélitos bulliciosos con banderas y consignas radicales. Habían sido convocados por la CUP (ultraizquierda minoritaria con 10 diputados imprescindibles para la mayoría simple de los independentistas en la cámara). Adentro, en salones y pasillos, los grupos aireaban sus desacuerdos, reñían a punto de romper el frente golpista. El inicio del pleno tardó más de una hora. Puigdemont subió al tablado y animó la escena: habló a nombre de ¡más de dos millones de votantes! Se regodeó en los detalles del 1º de octubre: hubo urnas, sobres, papeletas, mesas, censo confiable (sic). Entusiasmo, defensa pacífica y heroica del deseo de independencia por parte de los ciudadanos.
El discurso olvidó algunos detalles y negó otros: la Guardia Civil deshabilitó la posibilidad del voto telemático. Se votó sin control y sobran evidencias de personas metiendo papeletas más de una vez. No existía ningún sistema de seguridad. Hubo urnas en la calle y gente depositando votos a diestra y siniestra. Algunos militantes colocaron urnas en sus casas y utilizaron papeletas fotocopiadas. En la mañana, por sorpresa, implantaron un “censo universal”, libertad para votar en cualquier parte y controles a mano. Seguir sería emular la extensión del discurso en el cual el presidente de la Generalitat dijo que participó un 47% del censo; si fuere cierto, una cifra inferior al 75% de la elección autonómica del 2015. Hay un porcentaje más original y atractivo, la suma “oficial” de los votos (si, no, en blanco y nulos) es superior al 100% ¿?. Esa Arcadia de Puig la alteró la terrible represión de los invasores españoles. Una desafortunada e inútil intervención policial, cuatro imágenes repetidas recorren el mundo saturando los medios. Dijeron ¡900 heridos! pero no hay ningún registro médico que dé constancia de la cifra.
En algún momento la monserga debía anunciar lo que todos esperaban y quiso cumplir haciendo gala de bufón: se declara la independencia y la República Catalana… pero no se declara. Vamos a tomarnos varias semanas para un diálogo sin condiciones. Trabalenguas para engañar a los catalanes y tomar tiempo mientras la guerra interna de los golpistas se aplaca. A renglón seguido, se reunieron para firmar el documento de independencia. Propaganda de papel sin ningún valor jurídico. Las cortinas del teatro igual pudieron descorrerlas en la cafetería. Puigdemont ofreció diálogo como moneda de cambio, el ambiente estaba preparado. Pedro Sánchez, el PSC, Iglesias, la alcaldesa de Barcelona, los tertulianos, La Vanguardia, los analistas políticos, días antes invocaron el diálogo. Todos los que reparten culpas por igual entre los golpistas y el Estado hacen de dialogadores profesionales. El sábado 7 de octubre llamaron a los buenos a concentrarse en todo el país con la consigna de “Hablemos”, ¿germina otro partidito político? ¿Quiénes de buena fe se ponen una franela blanca y protestan, saben a qué intereses sirven?
El gobierno no piso el peine, dio plazos legales a Puigdemont para cerrar este capítulo. El mal ya está hecho: la sociedad catalana dividida, el odio inoculado hasta en los niños, el consumo reducido; más de 400 empresas en fuga representan una cifra superior al 50% del PIB; inversiones aplazadas esperando los resultados; proyectos industriales congelados; turismo en baja. Los Mossos, policía local que debe prestar servicio a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, utilizados para la política independentista, están fraccionados. La calle entregada a los grupos anti-sistema presionará por el cumplimiento de los acuerdos del Parlamento del pasado 6 y 7 de septiembre, cuando los independentistas violaron el propio Estatuto de Autonomía, la Constitución y los derechos de la oposición en el Parlament. La voz de la mayoría se hizo escuchar en una manifestación extraordinaria que el domingo 8 de octubre llenó las calles de Barcelona. Las cifras van de 350.000 a un millón de personas. El hecho trasciende los números, forma parte del despertar en toda España del sentimiento patriótico hasta ahora acorralado.
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Alejandro Arratia, sociólogo venezolano. Escribe desde Madrid, España.
