Y los pensionados venezolanos en España salieron a protestar

ANDREINA GALLARDO

Marcharon bajo la lluvia, fuertes brisas y hasta con nieve, pero los miles de jubilados residentes en varias ciudades españolas cumplieron el domingo 4 de febrero con el objetivo que se fijaron: exigir al gobierno de Nicolás Maduro los pagos atrasados de sus pensiones, situación que afecta su subsistencia y ha sido calificada como una violación a los derechos humanos

A Elvira no le importó poner a prueba sus dolencias artríticas que durante los días de invierno se agravan y les hacen más tortuosos sus 76 años. Esta profesora venezolana jubilada, con once años de residencia en Gijón, desafió el temporal que castigó con mayor fuerza el norte de España, y salió con el resto de sus compatriotas jubilados a marchar para exigir que sus derechos a la pensión que venía cobrando regularmente desde hace más de nueve meses permanece en un limbo ante el cual ni la embajada de su país ni el venezolano Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se han dignado en darle una respuesta.

Con este fervor, que raya en el esfuerzo físico, ya que a sus años ponen en juego la salud, miles de venezolanos pensionados manifestaron en Madrid, Tenerife, Asturias y otras ciudades para recordarle al gobierno de Caracas la desatención de sus derechos como cualquier otro ciudadano, dentro y fuera de Venezuela.

Tal y como lo denunciaron las diversas asociaciones de jubilados se trata de una genuina crisis humanitaria inducida por el gobierno, y a la vez sufren su propia crisis de sobrevivencia ante la negativa de Miraflores a cancelarles las pensiones a que tienen derecho. Desde hace 31 meses no perciben un céntimo.

España es el país donde reside el grupo más numeroso y esta espera se ha transformado en tragedia. Cuatro pensionados han muerto, otros recurren a un plato de comida o a una cajita de alimentos que les proporcionan organizaciones de caridad, varios han sido desalojados de sus viviendas alquiladas, acuden a las representaciones venezolanas y a las entidades oficiales españolas pero no reciben respuestas que alivien sus desesperanzas.

La mudez gubernamental ante las continuadas solicitudes de encarar el problema “ha originado una situación de vulnerabilidad y exclusión social que nos está ocasionando una situación muy delicada”, manifiesta la Asociación que les agrupa en Madrid. “Ya tenemos cuatro fallecimientos en menos de un año, de personas que incluso no tienen ni cómo hacer frente a los gastos funerarios … algunos están haciendo labores de limpieza, cuidado de niños y ancianos, y otros que no pueden, están en situación de alta vulnerabilidad”.

Mientras el gobierno de Maduro ha propuesto realizar censos en los consulados, a los que cada pensionado y jubilado debe acudir para certificar que aún vive, a pesar del abandono a que han sido sometidos, el profesor Pedro Ontiveros, presidente de la Asociación en Madrid, ha planteado varias alternativas:

1.- Que mientras dure la crisis económica aducida, el gobierno de Venezuela pida al gobierno de España el pago de pensiones mínimas a los residentes afectados.

2.- Que el gobierno venezolano solicite al Banco Santander (administrador de las pensiones en España) una línea de crédito para que se cancelen pensiones mínimas hasta que el gobierno solvente su situación.

3.- Que el IVSS certifique ante el Instituto Nacional de Seguridad Social de España que desde dos años y medio no ha emitido ningún pago, de manera que el gobierno español permita la tramitación y pago de pensiones contributivas.