Diagnósticos y propuestas ante el actual éxodo masivo de personas que desde Venezuela huyen en un contexto de emergencia humanitaria, fueron recogidos en el foro “Migración en Emergencia”, último de los tres eventos temáticos que surgieron como espacios de discusión sobre preocupaciones por el declive del bienestar de la población que afecta con mayor contundencia a sectores históricamente discriminados por la acción del sexismo, la clasismo, la lesbohomotransfobia, el racismo y la xenofobia.
Las jornadas fueron convocadas, entre el 13 y el 20 de noviembre en Caracas, por Acción Solidaria, otras organizaciones de la sociedad civil y Amnistía Internacional Venezuela, con el fin de identificar nuevas acciones que permitan recuperar de manera urgente indicadores mínimos de disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas que se quedan o huyen del país.
MIGRANTES
“El perfil del migrante venezolano ya no es clase media; se ha dado paso a flujos constituidos por diferentes niveles socioeconómicos, entre los que se posicionan con mayor grado de vulnerabilidad los individuos intersectados por la etnicidad y el género”. Con estas palabras abrió Alicia Moncada, responsable del trabajo en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para Amnistía Internacional Venezuela.
“Queda insistir en que, desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos en medio de un trabajo sinérgico generando diagnósticos y propuestas, exhortando al Estado a aceptar la cruel realidad que nos circunda, transversaliza y marca, a la par que trabajamos por la activación de la cooperación internacional y de apoyo a ONG para mitigar el sufrimiento diario y real de la población venezolana”.
A través de sus representantes, las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales resaltaron que el gobierno venezolano debe dejar de mirar hacia otro lado ante el fenómeno de la emigración venezolana y empezar a levantar estadísticas junto a expertos que permitan tomar medidas en tanto es el Estado el responsable del bienestar de todos los venezolanos, dentro o fuera de las fronteras del país.
También se explicó que, en países con una larga historia de migración como Ecuador, las personas nacionales fuera del territorio tienen incluso representación legislativa, lo cual es crucial para que pueda haber un seguimiento de sus derechos.
PAÍSES VECINOS
Existe un amplio consenso en que las autoridades de los países vecinos deben brindar atención y rutas seguras a todas las personas que huyen de Venezuela sin importar su estatus migratorio, de manera no solo de respetar los derechos humanos de esta población sino también aprovecharla para el desarrollo de sus propios países.
Juan Fernando Flores, diputado de la Asamblea Nacional de Ecuador, expuso que instancias como el Parlamento Andino deben generar una política regional que ayude a mitigar el gran sufrimiento humano en este escenario. “La mayor emigración desde Venezuela en la actualidad se da a través de la frontera con Colombia. Venezolanos están tratando de salir como sea; países vecinos tienen la responsabilidad de garantizar canales regulares que les protejan”.
En este sentido, para Flores, es necesario brindar documentación a las personas migrantes de manera de evitar situaciones de trabajo forzoso, trata, sub empleo y estafas.
“A pesar de que la mayoría de las personas que emigran desde Venezuela a Brasil son jóvenes y tienen un alto nivel educativo, muchos terminan pidiendo dinero en los semáforos”, apuntó Leonardo Cavalcanti, experto y representante de la Universidad de Brasilia y del Observatorio de Migraciones Internacionales, quien agregó que los pueblos indígenas se llevarían la peor parte, debido a que es especialmente difícil para ellos conseguir documentación. “El 90% de los waraos venezolanos están saliendo para llegar a Brasil. La mayoría vive en condición de calle, cerca de las estaciones de autobuses”.
Sobre este tema en particular José Naveda, activista warao, denuncia que indígenas en Venezuela emigran porque están muriendo de hambre y por la falta de medicinas. La contaminación también les afecta: “hay niños muriendo por beber agua del río al no haber potabilizadoras de agua”.
“Los pueblos indígenas de Delta Amacuro necesitan proyectos sustentables a largo plazo, no medidas puntuales asistenciales, como recibir una bolsa de comida de vez en cuando”.
COLOMBIANOS, TAMBIÉN AFECTADOS
Elyaisela Cabrera, de Hias Venezuela, apuntó que “no solo es necesario atender a venezolanos que salen de Venezuela por la emergencia humanitaria sino también a colombianos que están regresando a su país”.
“Personas que huyen de Venezuela necesitan apoyo: asistencia legal así como seguridad alimentaria, servicios de primeros auxilios psicológicos e integración socio cultural, basados en redes comunitarias que faciliten espacios de integración. Si las personas que emigran no son informadas por las autoridades pueden ser vulnerables a abusos”.
SERIE DE FOROS
Primer encuentro, lunes 13 de noviembre. Temas: Emergencia humanitaria en el ámbito de la salud: situación general del sistema nacional de salud pública en Venezuela y dotación de fármacos; crisis de acumulación epidemiológica en Venezuela; morbilidad materna e infantil y salud sexual y reproductiva de las mujeres en Venezuela; emergencia humanitaria en VIH-SIDA; y factores de riesgo para los pueblos indígenas frente a la emergencia humanitaria venezolana y población indígena con VIH-SIDA.
Segundo encuentro, miércoles 15 de noviembre. Temas: Emergencia alimentaria: malnutrición y factores de riesgo en niños y niñas; incidencia en la salud pública de la crisis alimentaria; y situación general de la producción agroalimentaria.
Tercer encuentro, lunes 20 de noviembre, Temas: Aproximación al drama de las migraciones a países vecinos desde Venezuela: diagnóstico y recomendaciones para la atención de población migrante en riesgo.
Realizados en Foro XXI, en el Centro Letonia de la Urbanización La Castellana, en Caracas. Participantes: Acción Solidaria, Amnistía Internacional Venezuela, Coalición Cívilis (que engloba a más de 170 organizaciones de la sociedad civil), Fundación Bengoa, Acción Campesina-CESAP, el Observatorio Venezolano de la salud (OVS), Grupo de Estudios Antropológicos (GEA), Laboratorio de Virología Molecular del IVIC, Observatorio de Migraciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, Asociación Venezolana de Educación Sexual Alternativa (AVESA), Cáritas y la Universidad Central de Venezuela.
Con información de Amnistía Internacional Venezuela
