Oiga, los viejos también son víctimas de un crimen de lesa humanidad

VÍCTOR SUÁREZ –

Los 12 mil pensionados y jubilados venezolanos residente en el exterior, condenados a muerte lenta pero expedita por el régimen de Nicolás Maduro, resienten que en el tan aclamado Informe del Panel de Expertos Independientes presentado esta semana en la sede de la OEA en Washington (“Posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”), no haya sido mencionada en ninguna de sus 400 páginas la situación de extrema gravedad que ellos están sufriendo en todos los rincones del mundo, a consecuencia de la política de sistemático y prolongado abandono a que han sido sometidos desde hace dos años y medio por el gobierno nacional.

Entre el cúmulo de evidencias que configuran “fundamentos razonables” para denunciar al Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional por delitos masivos sin prescripción posible, el Informe enumera uno a uno los sectores sociales, políticos, culturales, institucionales, que han sido afectados por las políticas continuadas del régimen. Sin embargo, jubilados y pensionados en el exterior, a quienes el gobierno en su afán persecutorio no podría catalogar como opositores peligrosos, ni de conformar un grupo étnico despreciable (ninguno lo sería), ni de enfermos contagiosos a los que segregar (tampoco sería motivo), ni de personas que habrían adjurado de su nacionalidad por razones fútiles, no han encontrado cabida en las consideraciones y constataciones de tan prolijo memorial que está siendo estudiado en la actualidad en todas las cancillerías del mundo, con el fin de eventualmente someterlo a consideración de los tribunales internacionales que califican y condenan a los Estados fallidos incursos en delitos de lesa humanidad.

EVALUACIÓN INCOMPLETA

“Este Panel (de Expertos Independientes), luego de evaluar la información sobre la crisis humanitaria (en Venezuela), considera que la utilización de la crisis como un instrumento de presión en contra de una parte de la población opositora o identificada como tal constituye una violación múltiple de derechos fundamentales, como ser el derecho a la vida, integridad personal, salud y alimentación que encuadra como crimen de persecución por motivos políticos en conexión con los (muchos otros) crímenes analizados por este Panel”.

Pero los ancianos venezolanos que han adquirido el derecho a pensiones y jubilaciones mediante el pago de cotizaciones durante décadas, y que ven transcurrir sus últimos días fuera del país, han sido invisibilizados en la catalogación del monumental carrusel de agravios que el régimen ha cometido contra extensas capas de la población venezolana. No aparecen en el informe ni siquiera como actores de reparto.

Si se aplicara la óptica que la secretaría general de la OEA y el Panel de Expertos han utilizado para caracterizar el cuadro de discriminación social, política y económica que está afectando a millones de venezolanos que viven dentro de sus fronteras, podría concluirse que ha sido un error inexcusable haber, precisamente, discriminado en sus análisis a los pensionados y jubilados en el exterior, los cuales no reciben los montos de sus prestaciones acordados en convenios bilaterales desde diciembre de 2015, que a duras penas sobreviven a expensas de familiares, amigos y organizaciones de caridad, muchos de ellos al borde de la indigencia, muchos de ellos ya fallecidos.

El informe admite que “como consecuencia de la crisis humanitaria, millones de venezolanos se han vistos forzados a salir del país”. Refiere la reiterada retención de pasaportes a sus adversarios, lista a los perseguidos que fueron forzados a exiliarse y constata el desmesurado volumen de peticiones de asilo político en los últimos años. “El impresionante éxodo de venezolanos que se ven forzados a abandonar el país en busca de alimentos, atención médica, empleos y seguridad es utilizado por el Régimen para hacer salir del país a un mayor número de críticos y opositores, con el fin de eliminar las voces de la disidencia y permitir al Presidente Maduro consolidar aún más su control indiscutido del poder, desestabilizando así la paz y la seguridad de la región”, sostiene.

Pero excluye el caso puntual de los miles de pensionados y jubilados, a quienes por su avanzada edad les está vedada la incorporación a la producción en las sociedades de acogida, y a quienes el régimen de Maduro no hace caso, no responde peticiones y súplicas, y tampoco los quiere ni ver (vivos).

La documentación y los testimonios recabados han permitido al Panel de Expertos llegar a la conclusión de que “el acceso a alimentos y medicamentos en Venezuela está condicionado a la presentación del llamado Carnet de la Patria”, lo cual “ofrece sustento a la tesis del uso del hambre como herramienta de control”, asunto constatado a raíz de múltiples declaraciones de funcionarios del Ejecutivo Nacional.

A los jubilados y pensionados en el exterior nunca se les ha ofrecido alguna medida sustitutiva de sus derechos, ningún Carnet de Sobrevivencia, ninguna bolsa CLAP, ninguna condolencia ni ayuda para la repatriación de sus restos mortales, ninguna prótesis dental o de cabeza de fémur, ningún consuelo psicológico ante la estrategia de exterminio y extinción de que son víctimas. Los ignora.

CONOCIMIENTO Y FINES

El Panel de Expertos sostiene que “en base a la información recibida no evaluará el origen de la crisis humanitaria, pero sí considerará cuál ha sido la respuesta del Gobierno para enfrentar la crisis y su impacto en la vigencia de los derechos fundamentales”. Pues bien, la respuesta (o falta de ella) del gobierno a jubilados y pensionados la conoce, claro que la conoce el Panel de Expertos, y sin embargo no ha evaluado, en esta oportunidad, el impacto devastador de esa política de exclusión.

Y no ha sido por ausencia de elementos de juicio. Luis Almagro, secretario general de la OEA, se retrata todos los días con ciudadanos venezolanos. Ha sido encomiable su constante labor en pro del retorno de la democracia en Venezuela. Las conclusiones de este su más reciente informe y las del Comité de Expertos convocados por la OEA, constituyen la expresión mejor elaborada de sus certidumbres y desvelos. Cada día, seguramente, recibe clamores desesperados. Entre ellos, los de los jubilados y pensionados venezolanos en el exterior.

Desde el mismo momento en que el régimen de Maduro dejó de pagar las pensiones y jubilaciones en el exterior, en diciembre de 2015, las asociaciones en algunos países en los que moran se han dirigido insistentemente a las organizaciones multilaterales (OEA, ONU, ACNUR, Unasur, etc.) con el fin de hacerles partícipes de sus dramas particulares.

Por ejemplo, en octubre del año pasado la asociación de pensionados residentes en Italia remitió una comunicación al señor Luis Almagro que finalizaba de la siguiente manera:

“El gobierno de Nicolás Maduro utiliza muchas maneras de aniquilar, desaparecer, asesinar venezolanos: En las manifestaciones, a nuestros jóvenes estudiantes; en las cárceles, a nuestros presos políticos; al pueblo, negándole alimentos y medicinas básicas; a los contrarios a las ideologías socialistas, haciéndoles desaparecer mediante persecuciones de todo tipo; y a nosotros los pensionados, que decidimos salir de Venezuela con la esperanza de que recibiríamos nuestras pensiones y jubilaciones, que es nuestro dinero de toda una vida laboral, es muy fácil hacernos morir también de hambre, miseria, desesperanza, angustia, sin protección médica ni social. Total, solo somos ancianos que nos queda poco tiempo, y no tenemos relevancia para los fines políticos del país.”

En el marco de un evento realizado en Casa de América (Madrid, 16-3-2018), el presidente y el secretario de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES), Pedro Ontiveros y Juan Carlos Larrañaga, sostuvieron un encuentro con el Secretario General de la OEA, en el que le solicitaron que el caso en cuestión fuera incorporado a los asuntos prioritarios de la agenda de la organización interamericana. “Con muy buena receptividad, el señor Almagro manifestó su solidaridad, preocupación y dolor por nuestra inusitada condición, al tiempo de ofrecer su interés y cooperación en tan grave asunto”, comunicaron después a sus agremiados.

TRISTE AGONÍA

El artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional define “crímenes de lesa humanidad” a cualquiera de los actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

El segundo de los actos más aborrecibles es el de exterminio. (El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población). En la enumeración, el literal K califica de tales “Otros actos inhumanos de carácter similar (al asesinato, esclavitud, tortura, por ejemplo) que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.”

Aunque dispersos en el mundo, con mayor concentración en España y Estados Unidos, los pensionados y jubilados venezolanos residentes en el exterior conforman una población civil con características comunes (nacionalidad, avanzada edad, poseedores de un derecho constitucional irrenunciable, beneficiarios de tratados internacionales vigentes, obligados a vivir en condiciones de extrema pobreza, indefensión jurídica), que desde hace 30 meses ha sido víctima de un ataque generalizado, sistemático y consciente por parte del gobierno venezolano. A esa población de más de 12 mil personas el régimen ha impuesto condiciones de vida encaminadas al exterminio. Mientras cumple con sus fines inhumanos, el régimen les ha causado intencionalmente grandes sufrimientos, los cuales atentan gravemente contra la salud mental y física de las víctimas, hasta que mueren.

El Panel de Expertos comisionado por la OEA y el mismo Secretario General todavía tienen tiempo y recursos suficientes para enmendar su Informe e incorporar el caso a su impresionante manojo de denuncias que seguramente llevaran a Maduro y a su cadena de mando a los banquillos de La Haya. Los viejos quizá querrían vivir para contarlo.

Víctor Suárez, periodista venezolano. Escribe desde Madrid.