Un grupo bipartidista de senadores presentó un nuevo proyecto de ley en la Cámara alta de EE.UU. para imponer nuevas sanciones contra el Gobierno de Venezuela y exigir al Departamento de Estado que coordine un esfuerzo regional para atajar la crisis del país caribeño.
Los senadores también urgen a la Casa Blanca en su proyecto legislativo a que evite que la petrolera estatal rusa, Rosfnet, obtenga el control de cualquier infraestructura energética estadounidense, en alusión a la filial de la petrolera venezolana PDVSA, Citgo.
PDVSA, a través Citgo Petroleum, posee tres refinerías en los estados de Texas, Illinois y Luisiana, y una red de autoservicio de combustible de unas 15.000 gasolineras en todo EE.UU., una filial que la petrolera estatal venezolana utilizó como garantía el pasado año para recibir financiación por parte de Rosneft.
En total, Rosneft ha prestado a PDVSA entre 4.000 millones y 5.000 millones de dólares ante la crisis que atraviesa el país y su falta de liquidez, por lo que los legisladores estadounidenses quieren evitar que Citgo acabe en manos del Kremlin.
20 MILLONES DE DÓLARES
Asimismo, el texto aboga por proporcionar 10 millones de dólares para que las agencias de ayuda exterior estadounidenses alivien las necesidades de la población venezolana, y otros 9,5 millones de dólares para las organizaciones de la sociedad civil venezolana que trabajan por la defensa de los derecho humanos en el país.
La legislación contiene disposiciones para la financiación de medicamentos esenciales, suplementos nutricionales y asistencia técnica para mejorar la distribución de alimentos y medicinas; además de apoyar los esfuerzos de restauración de la democracia liderados por la Organización de Estados Americanos (OEA) y futuras misiones de observación electoral.
SANCIONES
El proyecto de ley tiene 11 secciones, que buscan afrontar la crisis con un amplio abanico de medidas.
En lo relativo a la corrupción, se requerirá que el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia preparen un reporte no clasificado, con un anexo clasificado, sobre cualquier implicación de funcionarios del Gobierno venezolano en casos de corrupción y narcotráfico.
En el pasado, el Departamento del Tesoro sancionó a funcionarios o ex funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico o corrupción, designación que permite el congelamiento de sus activos en Estados Unidos y les prohíbe realizar transacciones financieras a través del país norteamericano.
Los funcionarios han negado los cargos y los han calificado como un pretexto incluido en un plan para derrocar al Gobierno de Maduro.
La nueva iniciativa buscará convertir en ley las sanciones impuestas por una orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama contra individuos considerados responsables de «socavar el gobierno democrático» o implicados en corrupción.
DETENER LA HEMORRAGIA
“El presidente Maduro ha lanzado a su país a una profunda crisis y ha minado el sustento del pueblo venezolano de forma profunda y trágica”, apuntó el senador Ben Cardin, copatrocinador del texto y el demócrata de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara alta estadounidense.
“Es en el interés estratégico de Estados Unidos apoyar la restauración de la democracia en Venezuela y trabajar con los socios regionales para poner al país de nuevo en el camino de la paz, la prosperidad y la estabilidad”, agregó.
Cardin insistió en que Estados Unidos debe “liderar un esfuerzo más amplio” con los países de América para detener “la hemorragia” de Venezuela, y apuntó que este proyecto de ley dotará a la Administración de “los instrumentos y recursos necesarios para hacerlo”, así como apoyar los derechos humanos básicos del pueblo venezolano.
El texto, impulsado también por el senador republicano Marco Rubio, cuenta con el apoyo de los demócratas Dick Durbin, Robert Menendez, Bill Nelson, Tim Kaine y Chris Van Hollen; y con el de los conservadores John McCain y John Cornyn.
Con despachos de las agencias EFE y Reuters
