Veintinueve meses sin cobrar sus pensiones y jubilaciones, 35 mensualidades adeudadas, el gobierno de Nicolás Maduro se ha declarado inexistente, invisible, incapaz de responder al reclamo de unos siete mil ancianos venezolanos que residen en España, de los 12 mil que se encuentran fuera del país, con un derecho en los bolsillos que el Estado ha dejado de reconocer y, con ello, hacerlo efectivo y oportuno.
En los últimos meses, las asociaciones de pensionados y jubilados en España, ante el agravamiento de la situación que viven los afectados, han redoblado sus peticiones de auxilio, tanto ante autoridades españolas y organismos internacionales, como al gobierno mismo venezolano. Han manifestado ante la embajada y los consulados. Se han reunido con Luis Almagro, secretario general de la OEA, han recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en España han elevado sus justas peticiones ante el congreso de los diputados, las comunidades autónomas españolas y ante la ministra de empleo y seguridad social. A pesar del interés demostrado por estas instituciones, no ha habido solución al problema. El gobierno venezolano ignora a unos y a otros.
Pero los jubilados y pensionados, a pesar de sus tan prolongadas edades y situación de extrema dificultad, no se han replegado ni abandonado la lucha por recuperar sus dignidades pisoteadas sin pudor ni explicación alguna.
En estos días, las nueve asociaciones de pensionados y jubilados que funcionan en España han suscrito una Carta Abierta dirigida al presidente Nicolás Maduro, en la que le reclaman que haya “empujado a estos ancianos, muchos discapacitados, a una bochornosa e injusta situación de exclusión social y extrema pobreza, a pesar de haber cotizado toda su vida laboral y haber ganado y obtenido un derecho retributivo” y le exigen que “instrumente las acciones necesarias para resguardar y proteger los derechos que nos asisten como ciudadanos con necesidades especiales”.
CARTA ABIERTA
AL CIUDADANO NICOLÁS MADURO MOROS
El domingo 19 de noviembre de 2017, en entrevista difundida por La Sexta Televisión de España, Ud. reconoció, pública y universalmente, la inusitada situación de impago que sufrimos los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales IVSS, residentes en el exterior. En esa misma entrevista, conducida por el periodista español Jordi Évole, Ud. se comprometió personalmente y ante el mundo, en solventar esta deuda durante el mes de diciembre de 2017.
A esta fecha, ese compromiso público ante millones de televidentes no se ha cumplido. Sorprende, en consecuencia, ver y leer su muy reciente anuncio de 275.110 nuevos pensionados y más de un billón de bolívares para cubrir todas las pensiones.
El 6 de enero 2017, mediante Decreto 2654 (Gaceta Oficial n°41.069), usted fijó las Normas Básicas de Actuación de los Servidores y Servidoras Públicas en Materia de Derechos Humanos, reiterando la obligación que tienen de respetar la dignidad humana y garantizar la atención integral de los ciudadanos con necesidades especiales, en los siguientes términos:
“Todos los servidores públicos, y servidoras públicas del Estado deben brindar protección especial a las personas en condiciones de vulnerabilidad, discriminación, pobreza o exclusión social, entre ellas a los niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas mayores, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y personas necesitadas de ayuda internacional.”
(Subrayado nuestro)
Es inexcusable que el Estado Venezolano haya abandonado a su suerte a sus pensionados y jubilados que, con todo derecho, optaron por pasar su vejez en el exterior. Es inaceptable que se hayan acumulado un total de 29 meses sin pagar sus pensiones, lo que significa un impago de 35 mensualidades, en flagrante violación de la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el acuerdo bilateral vigente, sobre la materia, suscrito con el Reino de España y otros países tanto en Europa como en Latinoamérica.
Este abandono ha empujado a estos ancianos, muchos discapacitados, a una bochornosa e injusta situación de exclusión social y extrema pobreza, a pesar de haber cotizado toda su vida laboral y haber ganado y obtenido un derecho retributivo.
Con la urgencia que el caso amerita, le demandamos que instrumente las acciones necesarias para resguardar y proteger los derechos que nos asisten como ciudadanos con necesidades especiales. Acciones que pasan, necesariamente, por:
-El pago inmediato de las cantidades adeudadas desde hace más de dos años a los pensionados residentes en el exterior.
-La reactivación del procedimiento de transferencia de divisas a través de CENCOEX para pensionados.
-La reactivación del procedimiento de traslado de pago al país de residencia para pensionados en el exterior.
Es justicia que se demanda en Madrid a los 20 días del mes de abril de 2018.
Por la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España, FAPEJUVES, firman la Carta Abierta los presidentes de las asociaciones en Andalucía, Aragón, Asturias, Bilbao, Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.
