La cancillería venezolana expresó su “profundo repudio al ilícito e ilegítimo” informe presentado la noche del martes 14-3-2017 por el secretario general de la OEA Luis Almagro a consideración de los países miembros de la organización hemisférica, en el que solicita la suspensión de Venezuela en un plazo perentorio de 30 días, si el gobierno de Nicolás Maduro no convoca elecciones generales, libera los presos políticos, valida las leyes que han sido anuladas, y también si no permite la elección de nuevos CNE y TSJ conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución Nacional.
La misma calificación de “ilícito e ilegítimo” fue igualmente expresada en días pasados por la cancillería en relación al informe del Alto Comisionado para los derechos humanos de la ONU y a diversos dictámenes de instituciones de EEUU (Departamento de Estado, Departamento del Tesoro y Senado).
En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores tilda al secretario general de la OEA de “triste malhechor”, “enemigo del pueblo”, “forjador de falsos supuestos”, “promotor de la intervención internacional”, y que actúa en “complicidad con la oposición golpista, extremista y antidemocrática venezolana”.
En su documento, que ya debe estar en manos de todos los gobiernos del mundo, Almagro argumenta que «Aprobar la suspensión del desnaturalizado gobierno venezolano es el más claro esfuerzo y gesto que podemos hacer en este momento por la gente del país, por la democracia en el continente, por su futuro y por la justicia». El informe consta de 75 páginas y fue remitido al presidente del Consejo Permanente de la OEA, embajador Patrick Andrews, representante de Belice.
Se trata de una actualización del informe que publicó en mayo del año pasado, en el que también invocaba la Carta Democrática de la OEA para pedir una sesión urgente del Consejo Permanente de la organización, que posteriormente no tomó ninguna decisión. Diez meses después, ante el agravamiento de la crisis económica, social y política en el país, Almagro retoma su propuesta.
«Los hechos no dejan lugar a dudas», escribe en el informe. «Venezuela viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana».
Pero la decisión de suspender a Venezuela no está en manos de Almagro.
Dos tercios de los 34 miembros deberían votar a favor de una suspensión que sólo tiene dos precedentes: Cuba en 1962 y Honduras en 2009; la primera no ha vuelto a pesar de haber sido readmitida y la segunda se reincorporó al cesar los motivos de la suspensión.
Hasta ahora, el gobierno de Maduro ha contado con los votos favorables de gran parte de los países del Caribe y Centroamérica, a los que apoya con petróleo en condiciones preferenciales bajo el convenio Petrocaribe. El soporte que le ha brindado el gobierno de Rafael Correa en Ecuador podría desaparecer si en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2 de abril el opositor Guillermo Lasso vence al oficialista Lenín Moreno.
RECOMENDACIONES:
- Elecciones generales completas a la mayor brevedad con la presencia de observadores internacionales que cumplan con todas las normas internacionales de observación de
comicios electorales. Ha quedado atrás el tiempo del referendo revocatorio -la última solución constitucional. Ha habido una ruptura total del orden democrático y la única solución democrática es que el pueblo vuelva a tener en sus manos el poder de decidir su destino.
Estas elecciones son imprescindibles para permitir al país regresar a la democracia y al estado de derecho así como para permitir al país implementar las soluciones sociales, financieras, económicas y políticas que necesita. La existencia de autoridades legitimadas por un proceso democrático legitima al país a recibir el apoyo financiero que necesita para reactivar su sector productivo, especialmente el petrolero.
- Celebrar nuevas elecciones generales permitirá implementar un sistema eficaz de lucha contra la corrupción tomando como modelos a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) o a la MACCIH (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras). Deberá iniciarse una campaña internacional en gran escala, para investigar el despilfarro de los recursos nacionales y la corrupción generalizada. Los fondos robados al pueblo venezolano deben ser devueltos, una vez que se haya restaurado el orden constitucional.
- Hasta tanto ello no suceda será fundamental la continuación de sanciones bilaterales por cualquiera de los países a personas vinculadas al Gobierno o a autoridades del Gobierno involucradas en casos de corrupción o narcotráfico.
- La liberación inmediata de todos los presos políticos.
- El establecimiento inmediato de un canal para prestar asistencia humanitaria (con énfasis en los alimentos y la asistencia médica) al pueblo de Venezuela.
- El retorno al orden constitucional con pleno respeto de la separación de poderes de cada una de las ramas del Gobierno, de acuerdo con las normas establecidas en la Constitución de Venezuela. Estas medidas deben incluir:
- El restablecimiento de los poderes y competencias constitucionales de la Asamblea Nacional;
- El nombramiento por procedimientos constitucionales de los integrantes del Consejo Nacional Electoral; y
- El nombramiento por procedimientos constitucionales de los magistrados del TSJ.
FRACASO DEL DIÁLOGO
Según Almagro todas las gestiones en procura de que Venezuela recupere la senda del estado de derecho, han fracasado. Las gestiones diplomáticas y de buenos oficios, incluso en el Consejo Permanente, fueron rechazadas en forma categórica por la Canciller de Venezuela; los países del Mercosur se han visto en la obligación de suspender a Venezuela de su membresía; se ha considerado necesaria la intervención de UNASUR en función de mediador con la consiguiente ausencia de logros; la intervención de la diplomacia de la Santa Sede ha sido frustrada ante los sistemáticos e intencionales incumplimientos del Gobierno; la anterior administración de EEUU desplegó esfuerzos en dicho marco mancomunado sin obtener progresos.
“La negación persistente del Gobierno venezolano y su incumplimiento absoluto de lo acordado han hecho fracasar sistemáticamente en la práctica la vía de las gestiones diplomáticas y los buenos oficios prevista en el artículo 20 de la CDI. Ha cerrado y agotado de hecho la perspectiva de todo camino diplomático en este sentido”. Agotado ese preámbulo, lo que resata por hacer es aplicar el artículo 21.
Almagro considera que se han agotado las vías de diálogo, de buenos oficios, de misiones de fact finding, de gestiones diplomáticas, de acercamiento. “Y todo fue rechazado categóricamente por el Gobierno venezolano. O por la vía de la negativa directa o por la de empantanar las iniciativas de diálogo en el fango del incumplimiento perpetuo”.
El dardo disparado contra Maduro y Diosdado Cabello lleva curare del bueno. “Tengo para mí, con total certeza, que comparto con los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, que éste es el continente que cree que (los dictadores) Videla, Gregorio Alvarez, Pinochet, Fujimori, Pérez Jiménez, Noriega, Trujillo, los Duvalier, Stroessner, Somoza y tantos otros, no son tan sólo un pie de página sino que tienen una dimensión trágica en la historia de nuestros países. Ese es el destino de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es nuestro trabajo librar a cualquiera de nuestras naciones de esos infortunios a partir de la solidaridad interamericana”.
Si el Gobierno de Maduro no está en condiciones de responder positivamente a las recomendaciones en el plazo perentorio de 30 días, y atendiendo al tiempo transcurrido desde mayo de 2016, deberá aplicarse el procedimiento del artículo 21, concluye Almagro.
“Esta medida, que lamentablemente considero necesaria, no resulta excluyente con mantener las actividades de la OEA enfocadas en restablecer la paz social y la democracia en el país: ¨Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado¨, citó.
