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El presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), Ángel Garrido, ha mantenido el 28 de agosto pasado una reunión con representantes de distintas asociaciones venezolanas en la región, para conocer la situación real de este colectivo y canalizar posibles ayudas dentro de sus competencias. En un salón contiguo a su despacho, ubicado en la Puerta del Sol, el máximo dirigente regional ha mostrado todo el apoyo de su Gobierno, a la vez que ha condenado el régimen autoritario de Nicolás Maduro.
A la reunión han asistido Pedro Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionistas y Jubilados de Venezuela en España (FAPEJUVES); Vanessa Pineda, coordinadora del proyecto ‘Una medicina para Venezuela’; Carleth Morales, presidenta de la Asociación de periodistas venezolanos en España; Cristina Álvarez, representante en España del Instituto Casla y del Foro Penal venezolano; María Teresa Gómez, representante de la comunidad venezolana ante la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y el diputado del Consejo Legislativo del Estado Zulia en el exilio, Lester Toledo. En un documento, todos han dejado plasmadas las necesidades más urgentes de la comunidad venezolana en Madrid, cada vez más creciente, en desventaja y riesgo de exclusión social.
«En la Comunidad de Madrid hay 1.460 jubilados y pensionados venezolanos que no reciben su pensión desde enero de 2016 por impago del gobierno venezolano, que no solamente viola el Derecho Internacional a la Seguridad Social sino el convenio bilateral firmado con España para el pago a sus jubilados en territorio español».
Pedro Ontiveros pide a la CAM la creación de un fondo humanitario que permita a los jubilados y pensionados venezolanos en Madrid subsistir dignamente hasta que se solucione el problema, o buscar otras vías de asistencia económica tal y como han conseguido las Comunidades de Canarias, Asturias y Galicia. Ante esta problemática, Garrido y su equipo, conocedores del drama que viven hoy los jubilados venezolanos en Madrid, aseguró buscar las vías legales para dar respuesta inmediata a esta solicitud.
Por su parte, Vanessa Pineda ha pedido se valore la renovación de la subvención que «Una medicina para Venezuela» obtuvo por parte de la CAM en el año 2016, dado que la necesidad de envío de medicinas a Venezuela es cada vez mayor y no cuentan con los recursos necesarios para sufragar dichos envíos. «Tenemos todos los documentos que avalan que las medicinas que recibimos por donaciones son entregadas directamente a las organizaciones que se encargan de distribuirlas entre los pacientes más necesitados, pero es imprescindible pagar los envíos, que es lo más costoso» explicó.
Establecer un número de cupos fijos para refugiados venezolanos dentro de los centros de acogida que dependen de la CAM, fue la problemática expuesta por María Teresa Gómez, quien explicó que «a diferencia de otras nacionalidades, los venezolanos no contamos con este beneficio y cada día son más los demandantes de asilo que no tienen dónde dormir». Asimismo, Cristina Álvarez pidió agilizar la atención psicológica y psiquiátrica a los venezolanos que llegan víctimas de torturas y persecuciones. «Tenemos muchos casos en los que, incluso, a falta de una atención médica oportuna, han intentado quitarse la vida», señala.
De igual manera, Carleth Morales expuso la necesidad de facilitar acciones formativas e itinerarios de inserción socio laboral adaptados a temas de comunicación en las distintas instalaciones de la CAM que brindan este servicio, aprovechando la posibilidad que tienen algunas de ellas de adaptar la oferta a la demanda. «Más del 60% de los periodistas venezolanos está en paro o tiene un empleo precario muy por debajo de sus cualificaciones, por lo que contar con cursos y talleres específicos avalados por la CAM aumentaría sus oportunidades reales de acceso al empleo», señaló.
En todas y cada una de las peticiones, que en definitiva abarcan un amplio abanico de necesidades y posibles soluciones, Ángel Garrido se comprometió a estudiarlas y atenderlas en el marco de sus competencias, para evitar que la población venezolana en Madrid agrave su situación de vulnerabilidad.
