SINAR ALVARADO –
Colombia por fin emprende su difícil transición hacia la normalidad. El viejo país cerrado, aislado y huraño intenta dar paso a uno nuevo: abierto, pacífico y seguro. Esta antigua casa en llamas, que desterró, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, al diez por ciento de su población, ahora quiere volver a ser un hogar. La oportunidad palpita en el Acuerdo de Paz recién firmado entre el gobierno y las Farc. Pero este proceso encierra también un inmenso desafío. Si el país consolida la justicia y la convivencia tan anheladas, es probable que esos millones de emigrados, ausentes durante décadas, súbitamente inunden su lugar de origen.
La causa principal del éxodo colombiano fue siempre la violencia: el miedo de muchos a morir por las balas. El Centro Nacional de Memoria Histórica calcula que el conflicto armado produjo 218.094 asesinatos entre 1958 y 2012. De esos, el 81 por ciento corresponde a víctimas civiles. Los colombianos éramos pura carne de cañón.
Para responder al nuevo fenómeno de los retornados nació Colombia Nos Une, un programa oficial que brinda acompañamiento a los peregrinos durante el regreso. Según sus datos, desde Venezuela cruzaron 374.462 colombianos en 2015; 113.356 en 2016, y 22.705 en lo que va de 2017.
Pero en los últimos tres años solo 7.616 hicieron una solicitud formal a través del Registro Único de Retornados. Las cifras no cuentan a la mayoría de los recién llegados, que cada día hacen sus viajes al margen de las instituciones. Y ante este alud reciente, la pregunta es obvia: ¿está el país preparado para recibir a los millones de ciudadanos que un día dejó ir?
“No”, dice Ana Paola Agudelo, la congresista que representa en el congreso a los colombianos en el exterior. “Colombia no tiene una infraestructura diseñada para recibir a las personas que están regresando al país. La Cancillería está trabajando, pero hace falta sensibilizar y capacitar a otras instituciones del Estado. Porque a las personas que vuelven debemos garantizarles el derecho a la salud; debemos pensar cómo vamos a escolarizar a sus hijos para que esto, como ocurre ahora, no se les vuelva un problema. Y además está el empleo: tenemos que formar a los que vuelven para que puedan conseguir buenos trabajos”.
Lo que parece animar a muchos para hacer el camino de vuelta es el cambio que ya empieza a vislumbrarse en Colombia. Aún hay problemas de seguridad muy serios, pero en 2016, la tasa de homicidios fue la más baja de los últimos cuarenta años: 25,9 por cada cien mil habitantes.
El Acuerdo de Paz detuvo los enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública; y con ellos cesaron la mayoría de las muertes. Según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), el último semestre ha sido el menos violento en medio siglo. Los colombianos vivimos, al fin, el periodo más largo sin víctimas producidas por la guerra.
A esto debemos sumar un relativo bienestar, que ubica al país entre los pujantes de la región. La economía crecerá este año un 2,6 por ciento, la inflación rondará el 3,7 por ciento, y el desempleo cerró el año pasado en un 9,2 por ciento, ligeramente por encima del año anterior. Colombia, además, realiza grandes obras de infraestructura para superar la antigua carencia de vías de comunicación, que ha sido el catalizador de muchas injusticias. Lo que sigue faltando, más allá de los indicadores, es resolver la inequidad monstruosa y la restricción de oportunidades para la mayoría.
A pesar de todo, el nuevo escenario ya empieza a influir en la percepción de los colombianos, dondequiera que se encuentren. Y muchos de ellos, emigrados casi todos a Venezuela, Estados Unidos y España, continúan regresando. Los retornados llegan con ganas de recuperar sus antiguas zonas de origen, pero muchos de esos lugares no están aún en capacidad de recibirlos.
Hace poco, el diario El Heraldo, de Barranquilla (un puerto importante al norte del país), reveló el impacto de esos viajeros en el pequeño municipio de Sabanalarga, donde viven ahora más de diez mil retornados. Varios alcaldes y gobernadores han pedido apoyo al gobierno nacional para asumir esta carga inesperada.
En 2012 se promulgó en Colombia la Ley 1565, cuyo objetivo principal es “crear incentivos de carácter aduanero, tributario y financiero concernientes al retorno de los colombianos, y brindar un acompañamiento integral a aquellos colombianos que voluntariamente desean retornar al país”.
La migración aquí, como en muchos otros países, siempre fluctuó según el estado de su situación interna. Pero fue estimulada, además, por los intervalos de bonanza y de crisis de sus vecinos, especialmente de Venezuela. A mediados de los sesenta, en los ochenta y en la primera década del nuevo siglo, salieron oleadas importantes de colombianos hacia el país petrolero. Gente que perseguía la estabilidad política, la educación y la salud gratuitas, la alta demanda de mano de obra y, sobre todo, la moneda solvente queVenezuela disfrutó durante décadas.
Hasta que colapsó el chavismo. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones confirma lo evidente: “Una vez que la economía venezolana empezó a declinar, la emigración también mostró un descenso”. Cuanto más crecen la inflación, el desempleo, la delincuencia y la escasez de alimentos del lado venezolano, mayor es el número de emigrados que deciden ahora volver a Colombia.
Corina Álvarez, una de tantas, se fue a Venezuela en 1974 y volvió a su país en 2016. Una de las razones que motivó su primera migración fue la enconada violencia del narcotráfico. Con la crisis reciente en aquel país, decidió que era hora de recuperar su tierra.
«Venezuela da tristeza; es una tragedia para todo. Colombia, en cambio, es hoy un país próspero, pujante, mucho más tranquilo para vivir. Varios en mi familia han vuelto, todos por las mismas razones”. Álvarez reconoce que el retorno no ha sido fácil: “Uno no llega a un territorio desconocido, pero sí es como empezar de cero otra vez”.
El éxodo inverso es un reto mayúsculo para el Estado, pero lo es también para la empresa privada y para la sociedad colombiana. La nación entera, por primera vez en mucho tiempo, debe tratar a sus pobladores como ciudadanos, y no como parias. Así como el gobierno ha diseñado planes para reinsertar a los guerrilleros en la vida civil, también debe estructurar medidas para acoger a todos los que decidan regresar.
Cuando lleguen, quizá muchos profesionales acudan al programa Colombia Nos Une, que presta asesoría para facilitar la convalidación de títulos y el acceso efectivo al mercado laboral. Otros irán al SENA, una entidad oficial que dicta cursos de formación técnica para el trabajo y el emprendimiento, y ofrece cupos a los migrantes que ahora llegan. Sin embargo, estas son capacidades que luego, para realizarse, necesitarán oportunidades concretas. Será necesaria la actuación del Estado en varios frentes, para asistir a tantas familias históricamente ignoradas. De ese tamaño es el reto.
Publicado en www.nytimes.com en español
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Sinar Alvarado es un periodista colombo-venezolano y autor de «Retrato de un caníbal».
