I.
Un escueto email decía, después del saludo de rigor: «le comunicamos que su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fechada el 03 de Junio de 2021 fue admitida y anexada al expediente que se le ha abierto al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional».
Al parecer, la Fiscal saliente, Fatou Bensouda, quiso salir del cargo desempeñado sin que la señalaran como sesgada y admitió todos los elementos para la investigación sobre los numerosos cargos contra el régimen dictatorial que padecemos.
II.
No pretendo que mi caso sea ni tan siquiera comparable con los horrores detallados en los Informes sobre violación de Derechos Humanos, especialmente en 2017. Pero, como lo expresara el señor Karim Khan, las detenciones arbitrarias son también violación de Derechos Humanos.
Pero, aún hoy, casi 5 meses después, porque un funcionario gubernamental se sintió afectado personalmente por un artículo de opinión que publiqué en marzo, denunciando las desastrosas consecuencias en términos de contagios y fallecimientos de una fiesta de bodas multitudinaria y que costó millones, sigo privada de libertad plena, subjudice, sometida a medidas cautelares y al capricho de cualquier funcionario que se sienta con autoridad. En aquel evento, reseñado ampliamente en fotos y videos, se incumplieron todas las medidas de bioseguridad establecidas debido a la pandemia.
Además, me incautaron para siempre mi teléfono celular, herramienta de trabajo, y las líneas telefónicas correspondientes, fueron revisadas mis conversaciones privadas, mis cuentas bancarias y mis correos electrónico y así violentaron varios de mis derechos: el de vivir en paz, el de trabajar honradamente, la libertad de opinar y expresarme, el derecho a tener vida privada, entre otros.
El día 14 de mayo de 2021 interpuse ante la Fiscalía (con atención a los fiscales Jairo Gil y Julio Aguilar) la solicitud de devolución de los equipos incautados y la revocación de la sentencia, alegando violación de varios de mis derechos constitucionales y humanos, en especial ése que dice que «nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y ello comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole y por cualquier medio» (Art. 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros pactos suscritos por Venezuela)
Introduje esa denuncia en la Fiscalía 7 de esta ciudad y recibí a cambio ese silencio administrativo que dice que si algo no se menciona, no existe. Es decir, la inacción ante la injusticia, que es precisamente lo que señala el expediente.
III.
Así que sigo sin tener libertad plena, casi cinco meses después, sin mencionar las coerciones más o menos disimuladas, las amenazas e intentos de agresión que he venido padeciendo y no sólo de parte del Estado venezolano, sino también de fanáticos obsesivos y que se han manifestado en agresiones físicas comprobables.
Así que la admisión de la denuncia y su adscripción al expediente introducido en la CPI es una buena noticia y actúa no sólo como un factor de justicia sino como una advertencia que puede resguardar no sólo mi seguridad, sino poner el foco en el tratamiento de amedrentamiento e intentos de control que tantos comunicadores sociales y escritores han estado recibiendo desde hace más de 20 años, pero que han recrudecido en las últimas temporadas… ¿Cuántos no han tenido que autoexiliarse, recurrir al insilio, autocensurarse, y han visto así mermadas su salud y su capacidad de trabajo?
Y esto que me pasa ha sido el fruto de los decididos respaldos de las academias venezolanas, de mi universidad, la UNEG, del PEN Internacional, de tantos amigos, y de conversaciones tanto con la señora Bachelet como con el señor Karim Khan. Así que, en verdad, no estamos tan solos y hay filtraciones de luz en el túnel.
