El presidente Juan Carlos Varela anuncia la decisión al tiempo que otorgará «estatus migratorio a los 25.000 venezolanos que fueron hasta el 30 de junio de 2017». La medida se mantendrá hasta que se «restablezca la democracia» en Venezuela. Ya para entonces, los refugiados habrán regresado
El gobierno de Panamá exigirá a partir del 1 de octubre la visa estampada a los venezolanos que huyan por persecución política o precariedad económica y que buscan ingresar al país. Así lo anunció el presidente Juan Carlos Varela al definirlo como una medida que se mantendrá hasta que se «restablezca la democracia» en la nación suramericana.
En una breve cadena alocución nacional, Varela argumentó que miles de venezolanos han llegado a Panamá en los últimos días huyendo de la crisis de ese país, y que la medida migratoria busca preservar los empleos y la seguridad de los panameños.
«Ante la ruptura del orden democrático en Venezuela, situación que pone en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía y las fuentes de empleo de los panameños y panameñas, y luego de un profundo análisis, he tomado la decisión de exigir visa a los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Panamá», explicó el mandatario.
Varela también indicó que su Gobierno «consecuente» con su «compromiso de solidaridad y trato humanitario» otorgará «estatus migratorio a los 25.000 venezolanos que fueron debidamente censados hasta el 30 de junio de 2017». «Son medidas difíciles, pero la situación en Venezuela ha empeorado debido a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de disolver la Asamblea Nacional Venezolana, irrespetando los principios democráticos, la paz social y actuando contra la voz del pueblo», aseguró Varela.
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La medida, añadió, se mantendrá «hasta que se recupere el orden democrático, se restablezca la Constitución y se respeten los derechos humanos en Venezuela».
Al principio de la reciente crisis venezolana, el Gobierno de Panamá se mostró dialogante y apostó por el entendimiento, pero en las últimas semanas ha endurecido su discurso y se ha sumado al grupo de países y organismos internacionales que no reconocen la nueva Asamblea Constituyente y piden elecciones libres.
