Al canciller europeo Josep Borrell le va a estallar la cabeza ante tantos peos que debe enfrentar, decenas a la vez. Pero cuatro de ellos los está dejando pasar, como si algún eficaz antiflatulento no fuera requerido con urgencia en Managua, La Habana, Minsk o Caracas.
Desde agosto del año pasado la resurgencia democrática en Bielorrusia ha estado desafiando al tenebroso Aleksandr Lukashenko, “el último dictador de Europa”, y la Unión Europea no ha pasado de las declaraciones bona fide y de algunas tímidas sanciones a funcionarios estatales desbocados en su represión y acoso a la sociedad civil y a la prensa independiente. El lunes 10 de mayo, los ministros de Exteriores de Europa se avisparon un poco y ofrecieron para el mes que viene un “nuevo paquete” de sanciones.
En medio de una de las peores tempestades represoras contra la disidencia interna, el embajador de la Unión Europea en Cuba, el español Alberto Navarro, ha declarado en marzo que en ese país no existe una dictadura. El canciller apenas le cita para que se explique, y, dado el reclamo mundial, el diplomático ha sido obligado a solicitar cambio de destino. Pero la inédita situación provocada tras la aparición y desarrollo del Movimiento San Isidro y los cambios económicos (signos de apertura y unificación monetaria) y políticos (fin de la era castrista), a Borrell no le merece algún comentario.
En Nicaragua, donde la familia Ortega-Rosillo extrema su control de las instituciones y excluye a sangre y fuego a la oposición ante la perspectiva de elecciones en noviembre próximo, la Unión Europea ni siquiera parpadea. El eurodiputado español José Ramón Bauzá, del Partido Ciudadanos, sostiene que «Daniel Ortega no se va a detener hasta que se consume el fraude electoral en Nicaragua… Josep Borrell debe aclarar de una vez si la Unión Europea piensa ser cómplice del teatro que cocina el FSLN». Borrell tiene derecho a consumir seis semanas antes de responder las preguntas de este eurodiputado.
Sobre la Venezuela de hoy, Borrell ha mantenido la boca cerrada. En momentos en que la situación política se mueve como muy pocas veces durante los últimos veinte años. Quienes en la oposición interna y en países aliados en la lucha por la recuperación de la democracia, consideran las últimas gestiones del régimen de Maduro como ofrendas para que se distiendan los enconos y sobre todo para que se levanten las sanciones internacionales, también propugnan que las presiones se acentúen y las “rendijas” se ensanchen, como probable vía para incorporarse a un proceso electoral con garantías. Y en esto la opinión de la Unión Europea es crucial.
El Alto Comisionado para las Relaciones Exteriores de Europa está acostumbrado a los buenos diagnósticos y, también, a los récipes acomodaticios.
En una entrevista para el diario El País, el 22 de agosto del año pasado, Borrell expuso el alcance de sus cañones:
Pregunta Carlos Cué: ¿Para la UE, Lukashenko tiene que caer?
Responde Borrell: No lo reconocemos como presidente legítimo. Como tampoco reconocemos a Nicolás Maduro. Desde este punto de vista Maduro y Lukashenko están exactamente en la misma situación. No reconocemos que hayan sido legítimamente elegidos. Sin embargo, nos guste o no, controlan el Gobierno y tenemos que seguir tratando con ellos, a pesar de no reconocer su legitimidad democrática. El objetivo es que los bielorrusos tengan la oportunidad de expresarse libremente. Eso es lo que decidió el Consejo Europeo.
Aparte de la reciente consideración hacia Bielorrusia, a merced de las mafias herederas del antiguo régimen soviético, en la agenda de mayo y junio de Borrell no asoma atisbo de acercamiento hacia los otros tres países olvidados por Bruselas.
Sin embargo, el 5 de mayo, Peter Stano, portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (es decir, vocero de Borrell), declaró que “la designación del Consejo Nacional Electoral en Venezuela es un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando».
Hasta allí. Borrell continúa evaluando… 21 eurodiputados le han pedido que rectifique.
