JENNIFER McCoy – TheHill.com –
El gobierno de Venezuela, al frente de un estado terriblemente fallido, anunció la celebración de elecciones presidenciales antes del 30 de abril de 2018. A primera vista, dicho anuncio debería constituir una buena noticia. La oposición política y la comunidad internacional han exigido de forma vehemente que se convoquen elecciones presidenciales tempranas para resolver la crisis política y económica en la que el país está sumergido desde que los precios del petróleo bajaron en 2014, y las protestas generalizadas ocasionaron miles de detenidos y más de 130 muertes en el verano de 2017. Sin embargo, si se analiza con más detalle, este anuncio no es positivo, por varias razones.
Primero, el anuncio unilateral de estas elecciones por parte del gobierno es una bofetada a las conversaciones entre el gobierno y la oposición, que han sido facilitadas por la comunidad internacional, y que comenzaron en la República Dominicana en diciembre, precisamente para negociar condiciones electorales más justas. Aún no se ha llegado a un acuerdo sobre ese tema, así que este anuncio parece ser una cínica estratagema para convocar elecciones rápidas, para hacer que la oposición se vuelva un desastre y para continuar con el control férreo del poder.
El diálogo en Dominicana tiene también como objetivo abrir un canal humanitario para ayudar a las personas que están sufriendo por la hiperinflación, la severa escasez de alimentos y medicinas; busca restaurar la autoridad de la Asamblea Nacional que fue elegida legítimamente y levantar las sanciones de deuda que impuso Estados Unidos y que impiden que el gobierno asuma préstamos para dar apoyo a la moribunda economía en Venezuela.
Comenzar una campaña electoral sin haber llegado a un acuerdo sobre estos otros temas sería una distracción, prolongaría el sufrimiento del pueblo y probablemente destruiría por completo las negociaciones. A medida que nos acerquemos a las elecciones, el gobierno continuará buscando préstamos de países benefactores como China y Rusia para incrementar los gastos de bolsas de comida subsidiadas y bonos salariales, y esto lamentablemente sólo pondría en más riesgo la ya endeudada economía actual.
Segundo, la celebración de elecciones bajo las condiciones actuales carecerá de integridad. La administración electoral en Venezuela, ha perdido toda apariencia de imparcialidad luego que supervisase la elección de una entidad inconstitucional como es la Asamblea Nacional Constituyente , con cifras infladas en julio de 2017. El CNE también ignoró las evidencias de fraude en las urnas en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017 y exigió a los partidos políticos de la oposición llevar a cabo un proceso laborioso para renovar su inscripción, mientras que al mismo tiempo anunció la inhabilitación sospechosa de candidatos y partidos de oposición más prominentes.
Por consiguiente, la oposición política debe de tomar una dura decisión: participar en las elecciones anunciadas bajo condiciones desalentadoras e intentar buscar, a duras penas, una victoria; o boicotear y arriesgarse a ceder el poder al gobierno por seis años más sin luchar. Yo he sostenido que la participación es necesaria, incluso si las elecciones son injustas y sucias, ya que las mismas son un medio para redirigir al país hacia la democracia. Por lo general, en regímenes autoritarios que aún convocan elecciones, es mejor participar que ceder todo el poder al gobierno sin luchar.
La participación plena de la oposición en las elecciones regionales y locales del otoño pasado, habrían forzado al gobierno a competir, y habría permitido que la sociedad civil monitorease las elecciones, documentara y denunciara los constantes abusos de forma que se ejerciera presión en las negociaciones en República Dominicana, para que las condiciones electorales mejorasen. Al contrario, hubo una división en los partidos de la oposición entre los que querían la abstención y los que querían participación, dejando un espacio para que el gobierno obtuviera victorias rotundas en ambas elecciones.
Las elecciones presidenciales, sin embargo, sin ningún cambio en las condiciones, representarán la apuesta final del gobierno para mantenerse en el poder con un poco de legitimidad que espera que sea otorgada por la comunidad internacional. La apuesta no es irracional por parte del gobierno que cuenta con un electorado resignado y hambriento; sin la confianza de que las elecciones serán justas o que harán una diferencia en sus vidas, abstenerse o votar por el gobierno a cambio de la promesa de una bolsa de comida. Mientras tanto, la oposición política está dividida por ambiciones personales y direcciones estratégicas competitivas. Aún no ha presentado un candidato de unidad que pueda capitalizar la confianza y el apoyo de un gran sector de aquellos que están cansados del desastre económico.
Los modelos históricos que explican cómo los países superan fuertes divisiones no parecen ser escenarios probables en Venezuela. Estos modelos incluyen a Nicaragua en 1990 cuando una oposición unificada y masiva derrotó al gobierno revolucionario sandinista en elecciones monitoreadas por la comunidad internacional; también a Chile en las elecciones de 1989 cuando los izquierdistas y los centristas se unieron para derrotar al gobierno militarista de Pinochet y a sus aliados derechistas; Venezuela tampoco ha producido a un Nelson Mandela o a un F.W. de Klerk capaces de negociar por el bien del país, como estos dos hombres lo hicieron para poner fin al régimen del apartheid en Sudáfrica.
La comunidad internacional, por tanto, debe participar para ayudar: la Unión Europea debe seguir el ejemplo del Grupo de Lima conformado por 14 gobiernos hemisféricos y Estados Unidos, para dejar claro que, si las elecciones no son transparentes, abiertas a todas las partes y con un monitoreo internacional confiable, las mismas carecen de legitimidad y no serán reconocidas. La UE, Canadá y Estados Unidos -los principales países que han impuesto alguna forma de sanciones a funcionarios individuales o a la capacidad del gobierno para obtener más crédito-, deberían dejar en claro las condiciones bajo las cuales levantarían o suspenderían dichas sanciones. Las sanciones están dirigidas a modificar comportamientos, pero los blancos de dichas sanciones deben saber qué hacer para que se suspendan.
Finalmente, las negociaciones en República Dominicana necesitan ser resucitadas y hacerlas partes de un esfuerzo mayor. Los facilitadores de estas conversaciones deben dialogar con aquellos que manejan las sanciones para conectar las condiciones necesarias para suspender las sanciones con la agenda de las conversaciones. Igualmente, es más probable generar un movimiento que lleve al cambio con formas más amplias de garantías mutuas: los funcionarios del gobierno necesitan la garantía de que no va a haber una cacería de brujas si pierden el poder. La corrupción desenfrenada y los abusos a los derechos humanos han hecho que muchas personas de la oposición exijan castigos fuertes. Sin embargo, lo que más puede reducir el miedo en aquellas personas que se aferran al gobierno actual y que se mantiene en el poder es algún tipo de justicia transicional que permita a todos, los que no sean infractores graves, tener la opción de mecanismos de justicia alternativos que estén basados en reparaciones a las víctimas y promesas de que esas acciones no se repetirán.
Convocar a elecciones sin las garantías mínimas y sin tomar en cuenta los problemas humanitarios tan graves en Venezuela, sólo prolongará el sufrimiento.
Jennifer McCoy, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Estatal de Georgia y coautora del libro “Mediación Internacional en Venezuela”. @jlynnmccoy
Publicado en TheHill.com, el 26-1-2018 (en inglés)
Versión en español publicada en ObservaDemocracia.org el 30-1-2018
Traducción de Irene Liscano (Certified Court Interpreter – GA Lic. No. C-08117)
