La mala gestión económica, la corrupción y la disminución de las reservas han forzado a Venezuela a la ruina, y, ahora, a los pagos atrasados y al incumplimiento parcial de sus deudas. Negociaciones a gran escala, supervisadas internacionalmente, que involucran un parlamento restaurado, son esenciales para allanar el camino hacia una reestructuración de la deuda y unas elecciones presidenciales libres y justas, considera en este análisis el International Crisis Group.
¿Que pasó? El 14 de noviembre, las agencias de calificación crediticia declararon a Venezuela en incumplimiento parcial de su deuda externa, luego de que el país no cumpliera con un pago de $ 200 millones a los tenedores de bonos.
¿Por qué sucedió? La mala gestión económica y la corrupción han reducido las reservas de divisas extranjeras de Venezuela a menos de $ 10 mil millones. Sus ingresos en dólares se han reducido drásticamente debido a una fuerte caída en el precio del petróleo. Muy dependiente de las importaciones, también debe pagar miles de millones cada año para atender enormes pasivos, adquiridos a tasas de interés muy altas, durante el auge del petróleo.
¿Por qué eso importa? La economía venezolana está en caída libre en medio de una crisis política prolongada, que vio docenas de muertos en las calles a principios de este año. Se enfrenta a unas probables elecciones presidenciales en 2018. Un incumplimiento en toda regla podría agregar una creciente emergencia humanitaria a esta crisis económica y política.
¿Qué debe hacerse? El gobierno debería restaurar los poderes del parlamento liderado por la oposición y buscar su aprobación para un paquete de reestructuración. Pero esto debe formar parte de una negociación política a gran escala, con supervisión internacional, que incluya un acuerdo sobre el nombramiento de un Tribunal Supremo y un Consejo Electoral autónomos y garantías de unas elecciones presidenciales libres y justas.
I.- Descripción general
Los mercados financieros han considerado por mucho tiempo el incumplimiento de Venezuela como probable y han cobrado al país en consecuencia. Ya a mediados de 2017, el riesgo implícito de incumplimiento en doce meses superaba el 50 por ciento, mientras que el riesgo en los cinco años siguientes era superior al 90 por ciento. A partir de ahora, Venezuela está técnicamente en incumplimiento de una parte de su deuda, lo que plantea la posibilidad de que los acreedores en cualquier momento puedan moverse para recuperar el monto total adeudado. Eso equivaldría a unos $ 60 mil millones en bonos emitidos por el gobierno y la corporación petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), aunque la deuda externa total generalmente se estima en alrededor de $ 150 mil millones, de los cuales dos tercios podrían estar sujetos a demanda inmediata.
El último incumplimiento importante en América Latina fue el de Argentina, que dejó de pagar la mayor parte de su deuda externa de 132.000 millones de dólares en 2001 en medio de una grave crisis económica y política. Argentina tardó quince años en llegar a un acuerdo final con los acreedores y restablecer su acceso a los mercados financieros. Es probable que una crisis de la deuda venezolana sea aún más compleja y cause más daños políticos y sociales. En primer lugar, una reestructuración ordenada de la deuda es casi imposible: el gobierno no solo carece de un plan de recuperación económica y financiera creíble, sino que también enfrenta sanciones que podrían exponer a enjuiciamiento penal a quienes proporcionan al país nuevos préstamos. Además, es probable que el gobierno mantenga sus controles rígidos y económicamente dañinos sobre el cambio de divisas y el acceso a dólares estadounidenses.
Además, si bien Argentina es uno de los pocos países que son autosuficientes en materia de alimentos, Venezuela tiene un sector agropecuario en declive y la desnutrición es endémica. Alrededor del 96 por ciento de sus ganancias en el exterior proviene de la industria petrolera, cuyos activos en el extranjero pueden ser vulnerables a la incautación por parte de los acreedores. La interrupción de las exportaciones de petróleo podría desencadenar una emergencia humanitaria en un país que ya sufre una grave escasez de alimentos, medicinas y otros bienes vitales. Políticamente, Venezuela está cada vez más aislada: los principales países del hemisferio, así como también la Unión Europea, se han unido para exigir el restablecimiento de la democracia. Se agrega a la inestabilidad una elección presidencial que tendrá lugar el próximo año. La cuestión de quién será el candidato oficial aún no se ha resuelto.
II.- Default
El 2 de noviembre el presidente Maduro anunció su decisión de «decretar una refinanciación y reestructuración» de la deuda externa de Venezuela. Aunque el gobierno insiste en que no tiene intención de incumplir, posteriormente no realizó varios pagos de la deuda dentro de los plazos contractuales, lo que llevó a las agencias calificadoras a rebajar su deuda a la categoría de «incumplimiento selectivo». La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA), una asociación de mercado que decide si activar los pagos del seguro sobre la deuda incobrable, declaró un incumplimiento técnico.
El 13 de noviembre, el gobierno organizó una reunión en Caracas con los bonistas, ostensiblemente para iniciar el proceso de reestructuración/refinanciación. Maduro puso al vicepresidente Tareck el Aissami a cargo, lo que hace que muchos tenedores de bonos se mantengan alejados porque Aissami y otro miembro de la comisión (el ministro de Finanzas, Simón Zerpa) enfrentan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aunque el Departamento dictaminó que simplemente asistir a la reunión no era una violación de la ley de EEUU, la negociación con estas personas sería clara. Además, las sanciones de Estados Unidos prohíben emitir nuevas deudas con Venezuela, a menos que el parlamento las apruebe, haciendo que el proceso sea inútil sin un acuerdo político.
La reunión duró solo media hora. Aissami leyó un comunicado dedicado principalmente a culpar a las sanciones de Estados Unidos por retrasos en los pagos y ofreció pocas pistas sobre lo que haría el gobierno. Algunos tenedores de bonos que asistieron dijeron que se les pidió presionar a la administración Trump para que levante las sanciones. Mientras el gobierno continúe pagando, aunque sea tardíamente, es probable que los acreedores dejen de tomar medidas que desencadenarían un incumplimiento a gran escala. Sin embargo, eso puede cambiar, especialmente si se hace evidente que el gobierno está tomando medidas para salvaguardar activos que podrían ser objetivos potenciales de incautación en caso de incumplimiento.
III.- Economía en caída libre
El gobierno de Maduro se jacta de haber desembolsado más de $ 71 mil millones en reembolsos de deuda en los últimos cuatro años. Durante el mismo período, las importaciones cayeron de más de $ 45 mil millones en 2012 a menos de $ 20 mil millones este año. El servicio de salud del país está a punto de colapsar y la mayoría de los medicamentos vitales se han desvanecido de las farmacias. En octubre, por primera vez, el aumento mensual del precio al consumidor superó el 50 por ciento, a menudo considerado como el umbral de la hiperinflación. Los precios de los alimentos están aumentando aún más rápido, sin embargo, los salarios no están indexados a los precios. Millones de hogares dependen, al menos parcialmente, de un programa del gobierno para distribuir alimentos baratos a los pobres, pero la comida debe importarse con dólares procedentes del petróleo. La entidad católica Caritas declaró una emergencia a principios de este año cuando la malnutrición pasó de moderada a severa entre los menores de cinco años y superó el 10 por ciento.
En 2018, es probable que el servicio de la deuda consuma alrededor de un tercio de los ingresos del petróleo, incluso si continúa la actual recuperación de los precios. Algunos economistas han argumentado que es inmoral pagar a los tenedores de bonos mientras que los venezolanos mueren por malnutrición y enfermedades prevenibles. El impago, especialmente un simple cese de pagos, sin que se haya llevado a cabo ningún acuerdo de reestructuración o refinanciación, podría dejar al país aún menos dispuesto a pagar sus cuentas. Esto no se debe simplemente a que reducirá aún más el acceso de Venezuela al crédito, sino también porque los tenedores de bonos podrían intentar apoderarse de sus importantes activos extranjeros relacionados con la industria petrolera, lo que podría paralizar una industria de la que depende toda la economía. Estos incluyen no solo activos físicos, como refinerías, sino también pagos pendientes de petróleo.
La región circundante ya está sufriendo las consecuencias de la crisis de Venezuela, desde la disminución del comercio hasta la propagación de epidemias y la expansión del crimen organizado. Los profesionales de clase media ya no son los únicos que se van. Solo Colombia ha recibido al menos 470,000 venezolanos, muchos de ellos son pobres, colocando los servicios de asistencia social bajo severas presiones, especialmente en las áreas fronterizas.
IV.- Fusión democrática
Venezuela ha ido deslizándose hacia la dictadura durante años. La tendencia se aceleró después de que la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuviera el control de la Asamblea Nacional (parlamento) hace dos años. El gobierno usó su control de la Corte Suprema para bloquear todas las iniciativas parlamentarias y despojar a la asamblea de sus poderes, incluido el control del presupuesto y la emisión de deuda externa. Ha utilizado el Consejo Nacional Electoral (CNE) para bloquear un referéndum revocatorio contra el presidente Maduro, programar elecciones a conveniencia del partido gobernante e inclinar el campo electoral contra la oposición. De abril a julio de este año, la oposición exigió un retorno a la democracia en manifestaciones masivas casi diarias que fueron recibidas con violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Más de 120 personas murieron.
El 30 de julio, el gobierno celebró una elección para una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aparentemente con la tarea de reformar la Constitución de 1999. La alianza de la oposición boicoteó la elección, argumentando que la era inconstitucional y violaba el principio de una persona por un voto. Hay evidencia de que el gobierno falsificó las cifras de participación. La asamblea de 545 miembros, compuesta exclusivamente por simpatizantes del gobierno, se instaló el 4 de agosto. Dos semanas más tarde, después de que el parlamento se negara a reconocer la Asamblea Constituyente, este último asumió poderes legislativos por decreto. Sin embargo, esta nueva legislatura es considerada espuria por muchos gobiernos extranjeros, incluidos los doce miembros del Grupo Lima, compuesto por países principalmente de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que continúan reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional.
Con la Asamblea Constituyente en funciones, el gobierno convocó elecciones para gobernadores estatales, que deberían haberse celebrado en diciembre de 2016. Las encuestas mostraron que la alianza de la Unidad Democrática probablemente ganaría más de la mitad de los 23 estados, pero el consejo electoral recurrió a medidas claramente dirigidas al deprimir el voto opositor, como reubicar los centros de votación en el último minuto. En el evento, el gobierno reclamó dieciocho gobernaciones. La evidencia del conteo fraudulento de votos surgió en un estado, Bolívar, pero en general el gobierno parece haber superado a la oposición. Continúa disfrutando del apoyo de hasta un cuarto del electorado y también ha refinado un sistema que condiciona el acceso a los alimentos y otros servicios a la lealtad política.
Este retroceso político dejó a la oposición severamente debilitada y más dividida que nunca. Las facciones progubernamentales también son vulnerables a las divisiones, que podrían agravarse aún más en caso de incumplimiento y posibles presiones para desmantelar el sistema de control de divisas. Según informes, una parte significativa de los bonos soberanos y de PDVSA están en poder de los líderes y simpatizantes del gobierno.
V.- Sanciones internacionales
El 26 de agosto, el presidente Trump prohibió a cualquier individuo o corporación en EEUU o sujeto a jurisdicción estadounidense (que incluye a la mayoría de los principales acreedores de Venezuela), financiar la compañía petrolera estatal por más de 90 días o la República Bolivariana de Venezuela por más de 30. Esto permite que se lleve a cabo la negociación, pero descarta la financiación a largo plazo. Además, dado que la deuda está expresada en dólares estadounidenses, cualquier renegociación involucraría inevitablemente al sistema financiero de Estados Unidos. Por lo tanto, hay pocas perspectivas de un plan de refinanciación viable a menos que se levanten las sanciones. Además, el presidente Maduro y muchas otras figuras importantes del gobierno están sujetos a sanciones individuales de Estados Unidos, lo que hace que sea un delito que cualquier persona sujeta a la jurisdicción de EE UU tenga tratos con ellos. El vicepresidente Tareck el Aissami también es acusado por Estados Unidos. Canadá también ha impuesto sanciones individuales, mientras que la UE ha aprobado un marco legal para las prohibiciones de viaje y la incautación de activos.
La exclusión de Venezuela del sistema financiero basado en el dólar lo está impulsando a buscar lazos más estrechos con Rusia y China, los cuales rechazaron lo que consideran un intervencionismo occidental y mostraron una flexibilidad mucho mayor para renegociar su propia deuda bilateral. Se cree que estos dos países tienen alrededor de $ 30 mil millones en deuda venezolana.
VI.- Las conversaciones ofrecen poca esperanza
El 1 de diciembre, el gobierno una vez más se sentará a conversar con algunos de los principales miembros de la oposición en Santo Domingo, República Dominicana. Sin embargo, las dos partes tienen agendas muy diferentes. El gobierno quiere que la oposición reconozca la Asamblea Constituyente, pida el fin de las sanciones y obtener la aprobación del parlamento para emitir más deuda. La principal demanda de la oposición es la celebración de elecciones libres y justas, que, en su opinión, eliminarían al actual gobierno del poder. Rondas de conversaciones previas no condujeron a nada. La principal diferencia en esta ocasión parece ser la presencia de cancilleres latinoamericanos actuando como «garantes» de las negociaciones.
Las conversaciones anteriores fracasaron en parte porque el gobierno las utilizó para ganar tiempo y para dividir y desacreditar a la oposición. Esta tarea fue facilitada por los políticos de la oposición que no lograron ponerse de acuerdo en una estrategia unificada y por los facilitadores internacionales que no insistieron en un marco sólido de negociación y garantías de cumplimiento. La oposición sigue fracturada, y solo siete de sus dos docenas de partes acordaron asistir a las conversaciones, aunque esta ronda estará precedida por un proceso de consulta más amplio, que incluirá conversaciones con organizaciones de la sociedad civil.
La crisis económica, financiera, social y política de Venezuela no se puede resolver por partes. El gobierno solo podrá gestionar la crisis de deuda desconectando la deuda soberana de la deuda de Pdvsa para evitar la incautación de activos y elaborando un acuerdo de refinanciación con los tenedores de bonos. Pero no puede hacer esto sin hacer concesiones significativas a cambio de la aprobación de deuda nueva de la Asamblea Nacional y un acuerdo para pedir el levantamiento gradual de las sanciones.
Las concesiones del gobierno tendrían que incluir renunciar al control monopólico sobre el Tribunal Supremo y el Consejo Electoral y acordar celebrar elecciones libres bajo supervisión internacional. También tendría que producir un paquete de reformas económicas, incluido el desmantelamiento del control de cambio distorsionador y los controles de precios, y el acuerdo de un tipo de cambio unificado. Tal paquete probablemente sea creíble para los inversores solo si lo anuncia un equipo económico completamente nuevo que incorpore expertos independientes. Cualquier acuerdo también debería incluir un programa social de emergencia, financiado en parte por dinero liberado por el alivio de la deuda, e incorporar ayuda de gobiernos extranjeros y ONGs.
Sin embargo, las perspectivas de acuerdo son escasas. Por lo tanto, la comunidad internacional debe prepararse para un deterioro significativo de la crisis humanitaria aumentando la asistencia a los países vecinos para satisfacer las necesidades de los migrantes desamparados y presionando al gobierno venezolano para que permita la entrega de ayuda humanitaria dentro del país. También debe abordar las razones del fracaso repetido de las conversaciones para producir una solución. Esto significa idear un procedimiento creíble y factible para las negociaciones, y aplicar suficiente presión a través de los aliados del gobierno y la oposición de Venezuela para inducir a ambas partes a que lo acepten.
Texto publicado por International Crisis Group el 23/11/2017. Traducción libre de Actualy.es
