DAVID SMILDE –
El 16 de julio, más de siete millones de venezolanos votaron en un plebiscito que rechazó de manera tajante los planes del presidente Nicolás Maduro de convocar una Asamblea Constituyente para redactar de nuevo la Constitución. Fue una notable demostración a través de un evento electoral organizado autónomamente y encarnó un sólido revés, aunque no exento de tensiones, en los distritos de la clase trabajadora que alguna vez fueron bastiones de Hugo Chávez, el predecesor de Maduro.
Desde el plebiscito, la oposición venezolana ha dado pasos hacia el establecimiento de un gobierno paralelo. Esto podría mantenerse como una iniciativa simbólica, pero si la oposición sigue avanzando en ese camino, pronto podría estar buscando el reconocimiento internacional y solicitando financiamiento, y, al menos implícitamente, estaría afirmando el derecho a hacer un uso legítimo de la fuerza como gobierno paralelo. Posteriormente, perseguiría lo que cualquier gobierno quiere: armas para defenderse. Si tiene éxito, Venezuela podría caer en una guerra civil que haría ver el conflicto actual como una pelea entre chicos de secundaria.
Difícilmente pueda culparse a la oposición por considerar el camino del gobierno paralelo. Casi cuatro meses de manifestaciones en las calles contra la dictadura de Maduro han provocado más de cien muertes. La esperanza de que la Organización de los Estados Americanos pudiera hacer cumplir su Carta Democrática se ha frustrado una y otra vez. Por su parte, el gobierno de Maduro, con una obstinación leninista que considera la lucha como una oportunidad para consolidar su proyecto, se rehúsa a desistir de sus planes.
La respuesta del gobierno de Trump ha sido sugerir que está buscando añadir nombres al programa existente de sanciones por parte de Estados Unidos y considera ampliar las económicas. Sin embargo, esas sanciones unilaterales seguramente solo empeorarían la ya nefasta situación en Venezuela.
Ampliar la lista de funcionarios venezolanos sujetos a las sanciones de Estados Unidos terminaría ayudando al gobierno de Maduro a fortalecer el círculo interno. Las siete personas en la lista de sanciones de 2015 se han convertido en agentes indispensables de los niveles más altos del régimen, como sucedió con el vicepresidente Tareck El Aissami, que se incorporó a la lista en febrero. La única funcionaria de alto nivel que rompió con el gobierno de Maduro, la fiscala general Luisa Ortega, ha visto que sus acciones son completamente neutralizadas por una Suprema Corte cuyos miembros centrales fueron añadidos a la lista en mayo.
Uno de los funcionarios que al parecer sería incluido es el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. Desde hace tiempo se considera que Padrino es un posible eslabón débil del régimen y Maduro lo ha tratado con cierta suspicacia. Si se incorpora a la lista, el presidente podrá contar con su lealtad hasta la muerte.
Castigar a la industria petrolera venezolana sería aun peor. Impondría un sufrimiento significativo a los ciudadanos, muchos de los cuales ya padecen ahora una extrema necesidad, además de provocar quizá una crisis de refugiados. Maduro y su círculo interno continuarían comiendo bien y usarían las sanciones de Estados Unidos para fortalecer el argumento principal al que recurren para explicar el desastre de su gobierno: Estados Unidos y otros poderes imperialistas están involucrándose en una guerra económica contra Venezuela. Una medida como esa también animaría a los vecinos de Venezuela a rodearla de solidaridad y podría convertirla en un estado satélite de Rusia. Muy posiblemente las sanciones económicas de Estados Unidos apuntalarían el chavismo en Venezuela durante los siguientes 55 años, como lo hicieron con el castrismo en Cuba.
Entonces, ¿qué puede hacerse? La discusión de la Organización de los Estados Americanos ayudó a que se prestara atención a Venezuela, pero ya dio lo que podía dar. En este momento, cualquier propuesta por parte de la OEA será simplemente rechazada por el gobierno de Maduro. Lo que debe suceder es mucho más sencillo que una votación en la OEA. Es necesario que surja un grupo de amigos de una iniciativa de cuatro a seis países latinoamericanos.
No hay socios perfectos; todos los países relacionados están muy cerca del gobierno de Maduro o muy cerca de la oposición.
No obstante, naciones como Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, la República Dominicana y El Salvador podrían combinarse para ofrecer un paquete que resulte atractivo para los dos bandos. Quizá un país europeo con una trayectoria conocida de mediación y resolución de conflictos podría proporcionar algunos aportes externos. Representantes especiales del Vaticano, las Naciones Unidas o la Unión Europea también podrían ser partícipes importantes en una negociación, en especial monitoreando el cumplimiento de cualquier acuerdo al que se llegue.
Las negociaciones deberían ocurrir fuera de Venezuela, quizá a través de enlaces diplomáticos. Deben incluir un plan de salida para los líderes chavistas y garantías de que el aún considerable apoyo al chavismo en Venezuela sería representado.
Estados Unidos debe permanecer al margen. El gobierno de Trump puede ciertamente hacer mucho para facilitar la logística y la diplomacia relacionadas con las negociaciones, pero debe abstenerse de tratar de liderar y de adoptar acciones unilaterales distractoras.
Tal esfuerzo debe ser respaldado por una amenaza de consecuencias. Los países de la región deben coordinarse y pronunciarse como una unidad, además de señalar que no reconocerán como legítima la Asamblea Constituyente de Maduro, la constitución que esta redacte ni el gobierno que cree. Esto dificultará que Venezuela obtenga financiamiento y les dejará en claro a los dirigentes del gobierno de Maduro que más les vale negociar. Las sanciones que se consideren deben ser colectivas: si no de una agencia multilateral por lo menos de un grupo significativo de naciones de la región.
Finalmente, este problema deben resolverlo los venezolanos mismos. No obstante, los principales actores de la región pueden dejar en claro que el grosero arrebato de poder por parte de Maduro es inaceptable al tiempo que proponen maneras de salir adelante, lo cual podría conducir a un avance.
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David Smilde es profesor de sociología en la Universidad Tulane e investigador en la Oficina para Asuntos Latinoamericanos en Washington.
Publicado en The New York Times el 26/7/2017
